La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, en un escrito de acusación que no se dirige contra el padre, quien está procesado por la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal o asociación ilícita.

En su escrito de calificación, la Abogacía atribuye cuatro delitos al mayor de los Pujol –falsedad documental, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución– y pide 17 años y medio para su exesposa Mercè Gironès y cuatro y medio para su hermano Josep.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Abogacía reclama 7,7 millones de euros para Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, a pagar de forma solidaria, por fraude fiscal en el IRPF de los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.

Solo delitos que perjudiquen a Hacienda

No obstante, no propone pena alguna para el expresidente catalán, a quien la Fiscalía pide nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, ni para sus otros cinco hijos.

Aunque el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional se dirigía contra toda la familia Pujol-Ferrusola, la Abogacía aclara que el alcance de su acusación se limita a «la presunta comisión de delitos por los que se haya ocasionado un perjuicio a la Hacienda Pública».

Por ese motivo, acusa solo por delitos contra la Hacienda Pública y falsedades documentales relacionadas con estos –aunque incluye también el de blanqueo en el caso de los ejercicios con fraude fiscal prescrito– y evita pronunciarse sobre el origen de la fortuna oculta, que la Audiencia Nacional atribuye a pagos de empresarios.

En consecuencia, dirige su acusación al primogénito, su esposa Mercè Gironès, su hermano Josep –al que aplica la atenuante de reparación del daño– y a otros diez empresarios que presuntamente facilitaron el fraude, entre ellos Carles Vilarrubí y Carles Sumarroca, para quienes pide dos años de cárcel por falsificación en documento mercantil.

Dirección de las operaciones

La Abogacía mantiene que los miembros de la familia «allegaron grandes cantidades de dinero» prevaliéndose del cargo de president que Pujol ostentó durante 23 años, unas sumas que distribuyeron entre sí, manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública.

Según la Abogacía, la «dirección operativa de la captación y distribución de los fondos fue asumida» por Jordi Pujol Ferrusola junto a su madre Marta, inicialmente procesada junto al resto de su familia, pero después exculpada por la demencia que padece.

El escrito añade que la metodología que la familia siguió para mantener los fondos ocultos al fisco y después aflorarlos al tráfico legal se basaba en ingresos en efectivo en cuentas en Andorra y en sistemáticos repartos de dinero e ingresos en metálico en cuentas de terceros sin pasar por las de sus titulares.

Para garantizar la opacidad del dinero, la Abogacía cree que los Pujol se valieron de actuaciones trasnacionales, moviendo los capitales a terceros países o jurisdicciones consideradas «offshore», e hicieron un «uso sistemático de mecanismos ilícitos de compensación internacional, con "plena cooperación de los gestores de la entidad bancaria andorrana».

También recurrieron, añade la acusación, a «cualificados profesionales o expertos en la creación de estructuras comerciales» para aflorar el dinero obtenido de forma ilícita e integrarlo en negocios legales.

Ingresos ilegales

El escrito, firmado por la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa María Seoane, señala la «muy notable obtención de rentas» por parte de Pujol Ferrusola, con la «imprescindible colaboración de quien era su cónyuge, Mercè Gironés, sin motivación económica alguna que las soporte».

El escrito describe las diferentes fuentes de ingresos percibidas por el primogénito de la familia Pujol, que llegó a estar ocho meses en prisión preventiva por estos hechos, y añade que el embolsamiento de fondos se articuló a través de sociedades instrumentales, »carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio».

Concretamente, cita facturas emitidas por sociedades a empresas constructoras, adjudicatarias de contratos públicos, préstamos ficticios a su favor, ventas de participaciones mediante sociedades interpuestas u operaciones en México, entre otros.

El escrito afirma que inicialmente la familia tenía el capital «ilícitamente obtenido escondido en distintos productos bancarios y cuentas abiertas en otras entidades en distintos países, Andorra entre ellos», que posteriormente fueron alimentando con dinero en efectivo para garantizar la opacidad.

Amnistía fiscal «incompleta»

La familia Pujol, agrega el escrito, abrió de forma simultánea cuentas en Andorra para ir distribuyendo el patrimonio obtenido ilícitamente y después las cerraron siguiendo las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola, mediante reintegros en efectivo «para tratar de impedir la trazabilidad de los fondos».

La mayoría de miembros de la familia movió entonces los fondos a Banca Privada d'Andorra (BPA), donde abrieron nuevas cuentas, y en un momento posterior adquirieron «estructuras societarias absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales».

«Dos años más tarde terminaron cerrando, también todos simultáneamente, estas estructuras fiduciarias, a finales de 2014», según el escrito, que detalla que varios de los miembros de la familia regularizaron su situación tributaria acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012

No obstante, precisa, Josep Pujol lo hizo «de forma incompleta e inexacta» y su hermano no solo no lo hizo sino que, una vez abierta la investigación penal contra él, siguió con la estrategia de ocultar sus fondos, canalizándolos en ese momento hacia México.