Integrantes de Salhaketa, con César Manzanos a la cabeza, han ofrecido este lunes una rueda de prensa en Gasteiz para presentar un ‘Manifiesto por un modelo vasco de justicia restaurativa y antipunitiva de orientación social’. Un documento abierto agentes políticos, sociales y sindicales con el que pretenden influir en el sistema de ejecución penal que el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene previsto aplicar en la CAV tras asumir la competencia de penitenciara.

Lakua ha afirmado que no será un mero «cambio de manos», sino que habrá también un cambio hacia un modelo restaurativo, y el juez Jaime Tapia, que asesora a la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, señaló el mes pasado que el objetivo es que alrededor del 40% de la población presa en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cumpla su condena en régimen de semilibertad.

Salhaketa desconfía de los mensajes difundidos por el Ejecutivo ya que, en palabras de Manzanos, «no se puede querer un modelo alternativo de resocialización y justificar la construcción de la macrocárcel de Zubieta». «Es incompatible», ha aseverado tras advertir de que «lo que en realidad se transfiere es la gestión económica y administrativa de las cárceles, pero no se transfieren las personas, que es el punto esencial».

Y ha señalado que esto «puede llevar a convertir el encarcelamiento de personas en un mero negocio del que cobren o se lucren entidades privadas y particulares. Por lo tanto más de lo mismo».

«Si el Gobierno vasco no se plantea un cambio total en el modelo de prevención y lucha contra el delito, en las medidas tanto para responder a las infracciones, como para la reparación y restitución a las personas victimizadas, se reproducirá el mismo patrón. Cambiarán los rótulos, se maquillarán las mazmorras para seguir haciéndose lo mismo de siempre: que muchos vivan del negocio de tener encerradas, desesperadas o abandonadas a las personas presas, a las víctimas del delito y a sus familias», ha añadido.

Propuestas de Salhaketa

Para revertir esta situación, el manifiesto presentado por Salhaketa recoge una batería de medidas, entre las que figura la necesidad de aprovechar la transferencia de la competencia para impulsar «a medio plazo un plan estratégico destinado a cerrar las actuales cárceles y no invertir dinero público en la construcción y funcionamiento de la nueva cárcel de Zubieta».

En este sentido, propone «la sustitución de las actuales macro-cárceles y prisiones obsoletas por centros de inserción social específicos de pequeño tamaño para jóvenes, mujeres y hombres en capitales y pueblos-cabecera de comarcas, centros socio-educativos y programas especializados para el tratamiento de drogodependencias, enfermos mentales o maltratares».

«Podemos asegurar que, por encima del 60% de las personas presas, lo están con menores de cinco años por delitos menores contra la propiedad y la salud pública, a menudo relacionados con su drogodependencia», asevera y remarca que «resulta imprescindible el máximo nivel de desarrollo de todas las medidas no privativas de libertad contempladas en la legislación, tales como trabajos en beneficio de la comunidad, sustitución o suspensión de condenas por programas de tratamiento de drogodependencias, enfermedades mentales, patologías duales, custodias familiares y libertades vigiladas».

Además, la asociación aboga por «transferir las personas presas en toda su dimensión. Es decir, trasladarlas no solo entre las cárceles de la CAPV, sino también de las cárceles estatales, euro-comunitarias y extracomunitarias para que cumplan sus condenas en su lugar de residencia o arraigo». Y defiende el desarrollo de programas de apoyo social y laboral a la salida de prisión que permitan el desarrollo de una vida autónoma.

Asimismo, Salhaketa propone la creación de un observatorio independiente para el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en el ámbito de la ejecución penal; y la derogación de la prisión permanente revisable, «que significa el encierro de por vida», así como del régimen especial de aislamiento y primer grado, «que no son sino formas de tortura que institucionalizan los tratos inhumanos y degradantes».

«Lo realmente importante es trabajar para sustituir el modelo de actual de justicia punitiva, clasista, hetero-patriarcal y racista por un modelo nuevo de justicia restaurativa antipunitiva y de orientación social. Ello incluye abrir el modelo del debate público sobre qué modelo de policía queremos en materia de seguridad y de prevención y lucha contra el delito y la criminalidad», apunta el manifiesto redactado por la asociación, que no descarta movilizaciones en los próximos meses.