Han comparecido este martes ante el Parlamento la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola, y el vocal de esta institución Rafael Iturriaga para hablar del cártel de consultoras sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Mientras Urresola se ha puesto desde un inicio a la defensiva, apoyándose en su currículo, su independencia y sosteniendo que la AVC no ha tenido ninguna responsabilidad en lo ocurrido; Iturriaga no solo ha mostrado su apoyo las multas de la CNMC, sino que ha descrito un panorama en el que la Administración se ve lastradas por dificultades externas e internas para garantizar la competencia entre las empresas a las que contrata.

Rafael Iturriaga –históricamente ligado al PSE, habiendo sido viceconsejero en Interior con Rodolfo Ares, asesor de Patxi López en Ajuria Enea y miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas– ha dicho querer  «ofrecer una reflexión que pueda ser de utilidad a la comisión». Ha recordado que «la pulsión natural de las empresas no es la competencia sino la colusión (ponerse de acuerdo)». Según ha explicado, se conocen entre ellas, los poderes públicos están muy atados para la contratación y, además ,«la mayoría de las administraciones no sabe lo que necesita ni lo que hay en el mercado». Ha definido esta situación como de «enorme debilidad» y «tormenta perfecta que facilita la colusión».

Atención a esta descripción de Iturriaga: «La planificación de los contratos es un unicornio, la preparación es superficial, el proceso de contratación es normalmente rutinario y formalista, el control de legalidad es muy parcial y muy formal, y el control de eficiencia es inexistente. Escenario en el que yo no les diría que la colusión es la regla, pero tampoco es la excepción. Es muy abundante».

Después, el vocal de la AVC ha señalado que la colusión se puede dar de espaldas a la Administración o con su colaboración. Y ha mencionado a «distintos intervinientes» como «funcionarios de la parte que demanda un servicios, los funcionarios que participan en la contratación, políticos, asesores, lobbies...».

Ha criticado que «un problema concreto de contratación pública, es el uso y abuso de los contratos menores». Iturriaga ha señalado que en ocasiones la colaboración entre Administración y las empresas puede hacerse pensando que es correcta, por motivos de «seudoeficacia, como ‘le conozco’, ‘tengo confianza’, ‘me hace bien las cosas’, ‘tiene experiencia’. O pseudosociales como ‘es una empresa local’, ‘una entidad sin ánimo de lucro’, afinidades de todo tipo, favores...».

Según el vocal de la AVC, los comportamientos abiertamente delictivos «no llegan al 20%». Y hay otros que se pueden dar por negligencias, como la «inobservancia» u otras más graves. Negligencias que, llegado el caso, pueden suponer «una responsabilidad contable e incluso responsabilidad penal»

EH Bildu: «No contratar a los multados»

Tras la comparecencia de la presidenta y el vocal de la AVC, EH Bildu ha hecho pública una nota en la que su parlamentario Josu Estarrona sostiene que se «ha acreditado que ha existido cierta connivencia de las administraciones públicas vascas con las consultoras sancionadas por integrar el llamado cártel del norte y que, por lo tanto, habrá que determinar el grado de responsabilidad de las administraciones» en la manipulación de las contrataciones.

En la nota, Estarrona subraya que la Administración tiene la responsabilidad de garantizar la limpieza de sus adjudicaciones y, en este sentido, propone analizar las vías legales para que, como medida de precaución, en los casos que la legislación no lo determine las firmas implicadas en el cártel del norte no sean contratadas por las administraciones públicas.

Junto a ello, el parlamentario de EH Bildu ha lamentado, en referencia a la composición de la AVC, sus déficits en cuanto a autonomía e independencia porque algunos de sus miembros ocuparon con anterioridad cargos de confianza política y, en un caso, uno de ellos proviene de la consultora que mayor sanción ha recibido por amañar contratos.