En rueda de prensa tras el Consell Executiu, acompañada de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró, la portavoz del Gobern, Patricia Plaja, ha informado este martes de la creación de un fondo de 10 millones de euros para pagar las fianzas millonarias que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat. Ha explicado que esta iniciativa «tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo».

Vilagrà ha asegurado que servirá para «cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos» de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas, que reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros por haber promocionado el referéndum del 1-O.

Este fondo, que llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros.

Déficit fiscal

Durante su presentación, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha destacado la «solidez jurídica» de esta iniciativa, a la que no solo se podrán acoger los afectados por el Tribunal de Cuentas, sino cualquier funcionario en una situación similar.

«Como alguna vez he comentado, desgraciadamente el déficit fiscal no es una cantinela, es una injusticia que intentaremos resolver poco a poco como se hace en estos casos», ha añadido. Ha indicado que con datos objetivos se podrá determinar si ese déficit «es de 16.000, 14.000 o 12.000» millones de euros.

La semana pasada el conseller aseguró en comisión parlamentaria que hay un déficit fiscal que debe situarse entre los 18.000 y 20.000 millones, lo que según él supone entre 2.400 y 2.600 euros por cada persona que vive en Catalunya al año.

Aval de la CUP

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha afirmado que a la formación anticapitalista le parece bien «cualquier fórmula que se use para garantizar que la Generalitat avala» a los ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas les reclama fianzas millonarias por el 1-O.

En una rueda de prensa desde el Parlament, Estrada ha señalado, no obstante, de que el Govern tiene que evitar «que se produzcan situaciones en las que haya represaliados de primera y de segunda». Ha insistido en que una de las tareas pendientes que tiene la Generalitat es «dejar de ser acusación» contra los activistas independentistas, como fue el caso de Marcel Vivet, condenado a cinco años de cárcel el pasado mes de junio.

Los Comunes piden base jurídica real

Por su parte, el portavoz de los comunes en el Parlament, David Cid, ha defendido que la decisión del Govern ante las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas a excargos de la Generalitat tengan una «base jurídica real, para no hacer que el remedio sea peor que la enfermedad».

Cid ha pedido que la decisión esté «sustentada jurídicamente y que no acabe siendo una solución basada en propuestas sin posibilidad de prosperar», y que no esté vinculada a eventuales discusiones entre ERC y Junts.

Ha destacado que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de los comuns, Jaume Asens, ha apostado por modificar el sistema de elección del Tribunal de Cuentas para resolver el asunto de forma estructural, porque cree que «el PP lo ha convertido en su cortijo particular y un instrumento al servicio de su estrategia política».

Advertencia de Ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha advertido ya de que denunciarán si finalmente el Govern avala con recursos públicos a los ex altos cargos de la Generalitat.

La formación ha señalado en rueda de prensa que «denunciarán políticamente» y «pondrán en conocimiento de la Justicia en su caso» ese aval que, de llevarse a cabo, sería un «robo» y una «doble imposición» para los contribuyentes catalanes.

Esa suerte de responsabilidad subsidiaria de la Generalitat en base al «principio de indemnidad» del funcionario público que estarían estudiando desde el Govern –según la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà– cumpliría la misión de evitar el embargo de bienes a los encausados, algo que para Cs «significa incurrir posiblemente en delitos de encubrimiento y prevaricación punible».

«Esas personas deberían asumir sus fianzas a título individual», ha defendido Martín Blanco, quien ha añadido que es «inadmisible» que los ciudadanos catalanes «tengan que pagar los excesos de los separatistas».