Una vez más, los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para migrantes en proceso de expulsión son foco de denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos. En este caso, se trata del CIE de Madrid, ubicado en el sureño barrio de Aluche, con capacidad para 200 internos, aunque actualmente por la pandemia sólo está ocupado a la mitad.

Las ONG CIEs No y Pueblos Unidos han convocado a la prensa este miércoles en el barrio madrileño de Lavapiés para denunciar la «escalada de violencia» detectada y el «aumento en las denuncias por parte de las personas internadas contra la Policía», ha dicho Ana Bosch (Pueblos Unidos).

«En nuestras visitas (ambas ONG son entidades acreditadas para entrar a las instalaciones), hemos encontrado altos niveles de ansiedad y desesperación. De hecho, ha habido tres intentos de suicidio y se registraron tres denuncias de agresiones ante un juez», ha añadido.

Sin embargo, el contexto favorece la impunidad. Debido a la «rápida expulsión» de varias personas internas, entre ellas víctimas y testigos de los presuntos apremios ilegales, «se impide la declaración en los juzgados y esto hace que los procesos judiciales no avancen; se están construyendo nuevas barreras. Las víctimas no denuncian solamente agresiones físicas, sino también ‘tratos degradantes’». Es por ello que las dos ONG han presentado este miércoles un escrito ante la Fiscalía de Delito de Odio y la de Extranjería, porque consideran que también puede estar teniendo lugar un «delito de odio».

Ante una pregunta de NAIZ, Bosch ha aclarado que los tres casos de intento de suicidio han ocurrido este año. En uno de ellos, «el joven no fue atendido, tuvo que ser asistido por sus compañeros» y otro de ellos ha relatado el «trato vejatorio constante» por parte de los policías del CIE al hacerle «comentarios crueles y degradantes por la marca que le quedó» en el cuello por el intento de ahorcamiento.

En cuanto a las tres denuncias concretas por violencia física, ya uno de los denunciantes ha sido deportado y los otros dos están en libertad por haberse cumplido el límite de tiempo (el Estado español solo permite 60 días de estancia en CIE).

Respaldando las denuncias y en representación del Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura ha estado presente Jorge del Cura, quien ha dicho que «no todas las agresiones entrarían en la definición de tortura del Código español y de Naciones Unidas, pero sí dentro de lo que es tratos crueles y degradantes. También hay delitos de lesiones y contra la integridad moral».

Sin embargo, ha añadido que estos delitos y su calificación deberían venir «después de una investigación judicial seria e imparcial que no existe». «No lo decimos nosotros, sino también organismos internacionales. Hay muchas sentencias de Estrasburgo y dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado español por no investigar lo que ocurre en los CIEs», ha afirmado.

Además, ha alertado de que «las personas privadas de su libertad en el CIE tienen miedo a denunciar y temen que su denuncia agilice el proceso de deportación. Hay constancia de personas agredidas que optan por no decir nada y existe una gran desconfianza en las instituciones del Estado». En ese sentido, Del Cura ha lamentado que los juzgados de instrucción «apenas hacen una investigación, se limitan a preguntar qué ha pasado y el propio Defensor del Pueblo ha solicitado que se paralice la expulsión de las personas que denuncian hasta que se aclaren los hechos».

Del Cura ha recordado que «en los últimos años ha habido cerca de 500 condenas contra policías por tortura y malos tratos». Ante una pregunta de NAIZ sobre responsabilidades, ha señalado que «los responsables son fundamentalmente los jueces de instrucción y la Fiscalía por su falta de interés. Es un problema el corporativismo policial que imposibilita la investigación, se trata de centros muy cerrados. También es responsable el director del CIE Madrid, que mira para otro lado y debería tomar medidas, y en última instancia, el director general de Policía Nacional y el ministro de Interior, Grande-Marlaska».

Servicio sanitario

Por su parte, María Paramés (CIEs No) ha denunciado al servicio sanitario del CIE (es externalizado y dependiente de médicos contratados por la Administración del Estado y no el Sistema Nacional). «No hay una serie de documentos probatorios en algunas denuncias porque el servicio sanitario no está respetando el derecho de protección sanitaria. Encontramos expedientes que aparte de faltas de ortografía, en vez de exámenes objetivos, encontramos muchas opiniones y formatos que no son lo establecido por la ley. Carecen de la mitad de los datos que deberían recoger. Los partes de lesiones tienen un formato concreto en el Protocolo de Estambul y no se cumple».

Además, Paramés ha señalado que tanto ella como Bosch, como acreditadas para visitar el CIE, aparecen en los expedientes judiciales y reciben respuestas en las que se les intenta «quitar legitimidad» y no se responde a sus preguntas y planteamientos. «Ante todo esto, hemos decidido hacer este parón y contar todo lo que está fallando estructuralmente y hoy presentamos un escrito a las fiscalías de Delito de Odio y Extranjería», ha concluido.

Si bien en algunos territorios del Estado no existen los CIE, como en Euskal Herria, hay otros repartidos entre Madrid, Málaga, Canarias y Catalunya. En el madrileño distrito de Moratalaz se puso en marcha el primer CIE en 1985, un invento del Gobierno del PSOE de Felipe González para que no estuviesen los extranjeros en las cárceles comunes ante el incremento de la inmigración. Sin embargo, los especialistas aseguran que en las prisiones al menos hay un protocolo del régimen penitenciario que protege a los internos mucho mas sólido que el de los CIE.