LAB ampliará la acusación a altos cargos de Osakidetza y del IVAP en el caso de las irregularidades en las oposiciones de 2018. Tal como ha informado este viernes el sindicato, que ejerce de acusación popular, durante las testificales de esta semana se podría haber ocultado información «para proteger a personas concretas que formaban parte de las filtraciones», por lo que ha decidido cambiar la acusación por supuestos delitos de «obstrucción a la justicia y por impedir la persecución de un delito de revelación de secretos».

Así lo han notificado en rueda de prensa la responsable de la Federación de Servicios Públicos de LAB, Eider Casanova; el delegado de LAB en Osakidetza, Jesús Oñate; y el abogado Iñigo Santxo. Según han declarado, en la sesión testifical del pasado martes quedó de manifiesto que el director de Recursos Humanos y el secretario general del IVAP intentaron evitar que las notas de la 'Opositora X' de cirugía plástica se hiciesen públicas, ya que «evidenciaban la existencia clara de una filtración que prácticamente el resto de opositores daban por segura».

Además, en estas sesiones también han salido a la luz dos reuniones de la exdirectora general y el exdirector de RRHH de Osakidetza, María Jesús Múgica y Juan Carlos Soto respectivamente, con la 'Opositora X' y el supuesto filtrador, que mantenían una relación de parentesco nuera-suegro. El primero de estos encuentros se produjo el domingo 20 de mayo de 2018, el mismo día del examen, entre la primera y la segunda prueba de cirugía plástica, cuando responsables de las instituciones se reunieron con la supuesta beneficiaria de la filtración. La segunda, dos días más tarde, fue con el presunto filtrador y, según LAB, a ambos se les ofreció «impunidad» a cambio de renunciar a la prueba. Una oferta que se cerró el día 22 de mayo «fuera de toda normalidad».

Declaración de Fulgencio Aledo

Así lo ha trasladado Iñigo Santxo, letrado que está llevando el caso, tras explicar que estos acontecimientos se han conocido gracias a la declaración del secretario del IVAP, Fulgencio Aledo. En su comparecencia, Aledo dio cuenta de estas reuniones, de las que, según Santxo, «no hay acta ni hay nada». Además, a la hora de desistir de la oposición, la 'Opositora X' mandó un correo a Aledo desde su propia cuenta de correo, «sáltandose la vía ordinaria». En aquel momento, Aledo reenvió el mensaje al director de RRHH, Juan Carlos Soto, y a su superiora en el IVAP, Maite Iruretagoiena, en apenas un minuto.

Tanto las dos reuniones como estos correos electrónicos no aparecen en el expediente disciplinario íntegro de la categoría de Cirugía Plástica, por lo que la declaración de Aledo ha permitido a la acusación popular recoger nuevos «elementos objetivos» para seguir adelante con el caso. En este sentido, el sindicato añade que el exconsejero de Salud Jon Darpón «ha mentido en reiteradas ocasiones al decir que esta opositora renuncio por motivos personales cuando realmente lo hizo presionada por el Departamento de Salud y el IVAP».

«La ocultación de todas estas actuaciones durante tres años a la investigación pone de relieve que la actuación del IVAP y de Osakidetza va dirigida a proteger a personas que han estado jugando con el futuro laboral de miles de facultativas y facultativos y con las opciones de acceso de toda la población, dejando como resultado una OPE paralizada en 11 categorías con miles de afectadas y afectados y con un descrédito de los procesos de OPE en el país sin precedentes», han declarado los responsables de LAB.

Nuevos investigados

Por todo ello, los responsables de LAB han anunciado que propondrán al juzgado que la exdirectora del IVAP, Maite Iruretagoiena; el secretario del IVAP, Fulgencio Aledo; el exdirector de RRHH de Osakidetza, Juan Carlos Soto; y la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, sean citados en calidad de investigados. Además, el sindicato entiende que la actual dirección de RRHH de Osakidetza «podría ser responsable de un delito de denegación de auxilio a la justicia», por lo que también solicita que se incoe una nueva causa contra la actual responsable de RRHH del servicio público, Pilar Uriarte.

Finalmente, las declaraciones del pasado jueves corroboran una información anónima con la que contaba LAB que revelaba otra filtración en Cirugía Plástica, por lo que también solicitarán la imputación de dos miembros más de dicho tribunal, sin descartar «proponer al Juzgado más diligencias de tipo testifical o en forma de oficios para solicitar información».

A juicio de la acusación popular, existía un «núcleo operativo, encargado de llevar a término el reparto discrecional de plazas, ideo un proceso de OPE a medida de las filtraciones», una tesis que ha tomado fuerza tras las dos sesiones de esta semana.