En un discurso en la Cámara de los Comunes, el ministro británico para el norte de Irlanda, Brandon Lewis, ha anunciado que el Ejecutivo de Londres tramitará el próximo otoño el proyecto de ley que regulará lo que ha llamado «limitación estatutaria», para dejar de perseguir penalmente los delitos cometidos durante el conflicto. Y ha defendido que, aunque el asunto es «complejo», se trata de «la mejor y única manera» de zanjar el legado de los casos anteriores a la firma de los Acuerdos de Viernes Santo (el 10 de abril de 1998) y que siguen aún sin resolver.

En una comparecencia previa, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha argumentado que esta legislación, que cuestionan tanto la oposición laborista como los Gobiernos de Belfast y Dublín, «pondrá un punto final» al legado del conflicto.

Junto con el plazo de prescripción de los delitos, la nueva legislación crearía un organismo independiente que se dedicaría a buscar información sobre el conflicto y ayudaría a las familias de las víctimas a descubrir la verdad de lo sucedido, ha dicho Lewis.

También se impulsaría una iniciativa de «historia oral», para recoger los testimonios de los afectados por el conflicto, en el que se enfrentaron el Ejército británico y paramilitares unionistas y el Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Lewis ha reconocido que esta idea de «punto final» para los responsables de crímenes «será difícil de aceptar» para las familias de las víctimas, pero ha insistido en que es el único modo de dejar atrás el pasado, pues es claro que el actual sistema de procesamiento de casos y denuncias «no está funcionando».

1.200 casos abiertos

En ese sentido, ha explicado que, a día de hoy, la Policía norirlandesa (PSNI) tiene todavía abiertos en torno a 1.200 casos que representan «una fracción» de las 3.500 muertes vinculadas al conflicto que estima entre 1968 y 1998, a lo que hay que sumar más de 40.000 heridos y el «incalculable daño» a la sociedad del norte de Irlanda.  

Con los recursos actuales, ha añadido Lewis, «necesitarían más de 20 años» para investigar todas esas causas y, además, ha destacado que más de dos tercios de las muertes vinculadas al conflicto ocurrieron «hace más de 40 años», lo que hace dificulta «cada vez más a los tribunales brindar a las familias las respuestas que buscan». 

«Si no actuamos ahora», ha añadido el ministro, «estaremos condenando tanto a las generaciones actuales como a las futuras a una mayor división, impidiendo la reconciliación a nivel individual y social».

Muchos detractores

Algunos diputados conservadores, como Mark Francois, han criticado que la legislación no se apruebe hasta el próximo año, lo que todavía deja en vilo a la espera de posibles consecuencias por sus actos «a muchos veteranos» del Ejército británico que actuaron en el norte de Irlanda.

El portavoz de los unionistas del DUP en la Cámara de los Comunes, Jeffrey Donaldson, ha rechazado por su parte «cualquier forma de amnistía» y también Sinn Féin se ha mostrado en repetidas ocasiones contrario a que se cierren los casos en los que hay implicados uniformados británicos.

En nombre del Gobierno irlandés, su ministro de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, ha reiterado su rechazo al proyecto de ley y ha declarado que espera abordar este asunto en conversaciones con el primer ministro británico, Boris Johnson, para encontrar una solución negociada entre todas las partes, incluido el Ejecutivo norirlandés, que también se opone a esta propuesta.

Coveney ha asegurado que el diálogo sobre este asunto con Londres debe estar sujeto a los principios del llamado Acuerdo de Stormont de 2014 (SHA, sus siglas en inglés), por el que todos los partidos norirlandeses, la República de Irlanda y Gran Bretaña se comprometieron a investigar crímenes no resueltos del pasado conflicto.

En este sentido, el jefe de la diplomacia irlandesa ha dicho que la posición del Gobierno británico sobre el asunto del «legado del pasado conflicto», uno de los más delicados del proceso de paz, ha cambiado «significativamente», y ha insistido en que Dublín se opondrá.

Anteriormente, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ya había advertido de que cualquier acción «unilateral» de Johnson supondría «un abuso de la confianza» y «una traición para las víctimas».

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha manifestado que el plan del Gobierno de Boris Johnson demuestra un «desprecio total por las víctimas», a las que se priva de su derecho a «conocer la verdad y que se haga justicia».

Recientes carpetazos

El anuncio de Lewis se produce tres semanas después de que los gobiernos británico e irlandés acordaron abrir una ronda de conversaciones «cortas y centradas» con los partidos políticos norirlandeses y víctimas del conflicto sobre la cuestión del legado.

De momento, las partes solo han mantenido desde entonces una reunión, mientras que la segunda, prevista para este miércoles, ha sido cancelada.

Apenas dos semanas antes de la presentación de este texto, la Justicia retiró los cargos contra dos veteranos del Ejército británico que estaban acusados de un total de tres muertos en dos casos ocurridos en 1972.  A uno de ellos, el ‘soldado F’, se le responsabilizaba de matar a dos civiles en el Bloody Sunday en Derry.

Previamente, el pasado mes de mayo, una corte de Belfast absolvió otros dos unfirmados que estaban acusados de la muerte de Joe McCann, miembro del IRA, en 1972.