La nueva Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos legislativos que con más ahínco defendió la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, hasta su salida del Ejecutivo, se ha aprobado este martes una semana después de su sustitución en Presidencia por el nuevo ministro Félix Bolaños.

Se trata de una nueva norma que pretende ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno español, y cuyas carencias ha querido subsanar el Ejecutivo con una reforma que ha tenido un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.

Así, el proyecto que este martes avala el nuevo Gabinete de Sánchez es el resultado de las modificaciones sumadas al anteproyecto, entre ellas algunas sugeridas por el Consejo General del Poder Judicial, como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco, o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.

El «vilipendio» a las víctimas sería un elemento a añadir para garantizar la constitucionalidad de estas medidas, según había advertido en su dictamen el órgano de gobierno de los jueces. Porque la protección y reconocimiento de las víctimas de la Guerra de 1936 y la dictadura constituye el sustento de todo el entramado jurídico de la norma, que el Ejecutivo lleva ahora al Parlamento con la idea de recoger las aportaciones que puedan hacer los grupos parlamentarios.

El partido ultraderechista Vox ya ha anunciado que, sin ni siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

Entre tanto, las asociaciones memorialistas opinan que la nueva norma se queda corta y por ello tratarán de influir en las formaciones parlamentarias para cambiar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado.

Términos del proyecto

Con un amplio abanico de preceptos, que van desde la anulación de los juicios represivos del franquismo hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos de la dictadura, los términos del proyecto abordan algunos de los aspectos más cruciales que han definido las políticas de memoria, como el impulso a las exhumaciones de restos de los represaliados o la transformación del Valle de los Caídos, una vez que Franco ya no está en el mausoleo, en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos de la contienda.

Igualmente prevé dotar al Tribunal Supremo de un fiscal de Sala para proteger los derechos de las víctimas e impulsar la investigación de los crímenes del franquismo.

Se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados «lugares de memoria democrática».

También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.

«Proyecto muy insuficiente»

Los portavoces de ERC y CUP en el Congreso han manifestado que este proyecto les parece «muy insuficiente» y que no lo apoyarán salvo que se den modificaciones sustanciales en su tramitación parlamentaria, ya que ni siquiera considera ilegal al régimen franquista.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado en una rueda de prensa que su posición es «muy contraria» al texto que remite el Gobierno a las Cortes y que «ahora mismo» su partido no puede darle aval, salvo a favorecer su tramitación parlamentaria con el objetivo de que continúe el debate y se puedan aportar propuestas.

No obstante, a Rufián le parece que la justicia además de punitiva «tiene que ser restaurativa», por lo que echa en falta en el proyecto de memoria democrática el retorno de todo el patrimonio a las familias represaliadas por el franquismo y también «algo tan sencillo como declarar a ese régimen ilegal».

El portavoz de la CUP, Albert Botran, también ha considerado «muy insuficiente» el proyecto y ha incidido en que carece de medidas para que sea devuelto el patrimonio que fue requisado a muchas asociaciones, entre ellas sindicatos y partidos políticos, a raíz del golpe de estado del que se han cumplido 85 años.

Por su parte, EH Bildu ha defendido que la norma sea «más ambiciosa» y se tramite lo más rápido posible, «atendiendo a lo que cientos de asociaciones memorialistas e incluso Amnistía Internacional lleva años reclamando». «Es hora de acabar con la impunidad franquista dando paso a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas», destaca la coalición.

En ese sentido, manifiestan que el texto actual de la Ley de Memoria Democrática «se queda corto», ya que su búsqueda de la verdad «sigue siendo parcial, interesada, excluyente y no inclusiva», debido a la Ley de Secretos Oficiales franquista. «El mejor antídoto contra la falta de memoria y la impunidad franquista debe de ser una Ley de Memoria Democrática que recoja todas las verdades y abra una ventana para que se haga justicia», ha subrayado la coalición.

«Vemos luces y sombras –apostilla EH Bildu– y así lo defenderemos cuando se tramite en el Congreso vía enmiendas, para que la futura Ley de Memoria Democrática acabe de una vez por todas con la impunidad franquista y garantice el derecho a tutela de todas las víctimas. Si sigue cerrando la puerta a juzgar a los responsables franquistas y a hacer justicia derogando la Ley de Amnistía, ¿qué clase de verdad será reconocida?».

Para la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, el texto es positivo «pero claramente insuficiente y mejorable», por lo que van «a trabajar» en su trámite parlamentario. Entre sus carencias, Vidal ha citado la falta de compensaciones económicas para las víctimas o ampliar el período de la normativa para que las vulneraciones de derechos durante la transición sean consideradas crímenes de la dictadura.

En Más País tienen «una sensación agridulce», han explicado fuentes de esa formación a Efe, ya que por un lado agradecen que por fin salga adelante el nuevo texto para una ley «necesaria» y que nivela al país «a la altura de las democracias avanzadas europeas que no tratan de ocultar su pasado violento ni de utilizarlo como arma política», pero por otro lado «es tibia para el tiempo que ha tardado en cocinarse», un año, y «no satisface muchas de las demandas de las víctimas y los acuerdos internacionales que España ha ratificado».

También ha hablado al respecto la consejera de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales de Lakua y responsable de las políticas de memoria histórica en la CAV, Beatriz Artolazabal, quien ha hecho una primera valoración «positiva», aunque ha precisado que el «verdadero avance real» sobre memoria histórica vendrá con la reforma de la Ley de Secretos.

«Desconocemos el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno español, pero por las declaraciones del ministro su música nos suena bien», ha apuntado Artolazabal.

No obstante, ha precisado que «asignaturas pendientes como modificar la Ley de Secretos oficiales son imprescindibles para avanzar en la construcción de la memoria histórica». «Las modificaciones de la ley de memoria histórica bienvenidas sean, pero el verdadero avance real vendrá con la reforma de la Ley de Secretos», ha insistido.