![Edificio del Tribunal de Cuentas en Madrid. (Óscar CAÑAS/EUROPA PRESS)](/media/asset_publics/resources/000/817/335/article_main_landscape/Tribunal-Cuentas.jpg)
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha dado dos días más de plazo a los excargos del Govern a los que reclama una fianza de 5,4 millones de euros para que puedan presentar la documentación en la que 29 de ellos justifiquen que aportan lo que se les reclama con cargo al fondo afianzado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) puesto en marcha por la Generalitat para hacer frente a este expediente y evitar los embargos, han señalado a Europa Press fuentes cercanas a los afectados. Ello no quiere decir que la instructora admita esta forma de pago, un asunto que deberá estudiarse.
Por el momento se estudian las fianzas e inmuebles que han depositado ante este órgano cuatro de los ex cargos del Govern que no se han acogido a este instrumento de la Generalitat y que también están investigados por el uso de fondos públicos en la promoción exterior del Govern.
No se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo, según ha informado este órgano mediante un comunicado, a pesar de que a las 00.00 horas de este jueves concluyó el plazo dado a los 34 afectados por este expediente para depositar entre todos la citada cantidad.
Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, que según el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, será afianzado con fondos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el Tribunal de Cuentas simplemente señala en su nota que «se dirimirá cuando proceda».
Dos de los afectados han depositado las fianzas y otros dos han presentado bienes inmuebles como aval, añaden, sin especificar de qué ex altos cargos se trata. El president Artur Mas ya anticipó este miércoles su intención de aportar sus bienes personales para cubrir la fianza, con ayuda también de la llamada Caja de Solidaridad.
Mas advertía además de las «altísimas probabilidades» de que el Tribunal de Cuentas rechazara el aval del Govern con la «excusa de que, como es un banco público que pertenece a la Generalitat, ésta no puede directamente cubrir con un aval» a las personas encausadas.
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