Han pasado veinte años desde que el Ayuntamiento gobernado por Yolanda Barcina pasó por encima del sentir popular de Iruñea para construir un parking en un lugar tan emblemático como la Plaza del Castillo. Una obra que se llevó a término arrasando con unos valiosos hallazgos arqueológicos del pasado de Iruñea con la escandalosa complicidad de la Institución Príncipe de Viana.

El año 2001 arrancó en Iruñea con la aprobación de la construcción de un aparcamiento en la Plaza del Castillo con los votos favorables de UPN, que gobernaba el Consistorio, el PSN liderado en la capital por Javier Iturbe y CDN. En contra se posicionaron Euskal Herritarrok, Izquierda Unida-Ezker Batua y Batzarre.

Era un Ayuntamiento del que formaban parte dos personas que posteriormente se harían muy conocidas, como el entonces concejal del PSN Roberto Jiménez, que defendió el proyecto contra viento y marea con sus habituales formas broncas, y Enrique Maya, entonces director de Urbanismo y actual alcalde.

La respuesta popular a este proyecto no se hizo esperar y el 24 de enero se presentó un manifiesto para constituir la Plataforma pro-Referéndum con el apoyo de 115 personalidades y 80 asociaciones cívicas, sindicales y políticas. Lo que pedía esta plataforma era pulsar la opinión de la ciudadanía respecto a la construcción del aparcamiento para actuar en consecuencia.

La petición se basaba en una normativa municipal de 1998 que preveía la convocatoria de una consulta ciudadana si se conseguía el respaldo del 10% de los electores de la ciudad. El 22 marzo se presentaban en el Ayuntamiento 21.200 firmas, aunque se terminaron recogiendo 25.000, 10.000 más de las exigidas. Sin embargo, los ediles de UPN y PSN se negaron a convocar la consulta popular por su «compleja tramitación», su elevado costo y porque no sabían «qué preguntar».

Mientras, UPN siguió a lo suyo y, entre las siete ofertas presentadas al proyecto, se quedó con la realizada por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), del llamado ‘grupo Koplowitz’, a través de Estacionamientos y Servicios (EYSSA), que se comprometía a construir un aparcamiento de tres plantas con capacidad para 802 vehículos en 450 días.

La concesión de explotación del aparcamiento que construiría esa empresa se realizaba por 75 años, cuando la ley foral establecía un límite de 50. Esta circunstancia hizo que fuera llevada a los tribunales, que terminaron dando la razón a Batzarre.

Tala de árboles de madrugada

Con la ciudad todavía recuperándose de los sanfermines y la alcaldesa Barcina fuera de Iruñea, el 23 de julio a las 5 de la madrugada, 54 plataneros y 20 acacias de Constantinopla que adornaban la Plaza del Castillo desde hacía décadas fueron talados por operarios de una empresa de Madrid y el perímetro de la plaza fue rodeado por un cerco de rejas metálicas.

Tras un primer momento de desconcierto, la ciudadanía reaccionó mostrando su profundo malestar y rechazo a lo sucedido. Así comenzaron varias jornadas de protestas que intentaron acallar las cargas de los antidisturbios policiales, con momentos de especial violencia como el sufrido por el ex concejal Juan Luis Napal, que terminó en el hospital con la cabeza abierta. Una actuación muy criticada a la que se sumaron decenas de detenciones.

El 1 de agosto se celebró una manifestación de protesta en la que participaron cerca de 10.000 personas. La movilización popular continuó con asambleas diarias, con más de 2.000 personas formando en el paseo de Sarasate la frase «Referéndum ya» y un particular ‘Riau-Riau’ sanferminero al que acudieron cerca de 5.000 personas. A su término, se anunció la realización de la consulta popular que el Ayuntamiento había rechazado.

A partir de ese momento empezó un boicot hacia ella al que se sumó el Gobierno de Nafarroa, en manos de Miguel Sanz, y hasta el delegado del Gobierno español en el herrialde, José Carlos Iribas, quien llegó a prohibirla por razones de «orden público».

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa autorizó su celebración y el 29 de septiembre se constituyeron 24 colegios electorales con 61 mesas de votación atendidas por 360 voluntarios. La pregunta que se planteaba era sencilla y clara: «¿Está de acuerdo en construir un aparcamiento subterráneo en la Plaza del Castillo?». Se emitieron 19.639 votos, de los que 18.462 respondieron «No», 1.018 «Sí» y 103 en blanco, con 56 papeletas que fueron consideradas nulas.

Haciendo oídos sordos una vez más, UPN, tanto desde el Ayuntamiento de Iruñea como desde el Gobierno de Nafarroa, siguió apoyando el proyecto, en cuyas obras empezaban a aflorar los primeros restos arqueológicos, a pesar de que desde el mundo académico más cercano a la derecha navarra se insistía en que no se iban a producir hallazgos de importancia, al tratarse de un solar que había estado en desuso a lo largo de la historia de la ciudad, según aseguraban.

Un ‘premio Gordo’ dilapidado

Sin embargo, la realidad se mostró especialmente tozuda y en la parte excavada de la Plaza del Castillo terminaron aflorando estructuras prehistóricas, con un enhiesto menhir; un conjunto termal romano, murallas tardorromanas y medievales, un cementerio musulmán de los siglos VIII y IX, el barrio medieval de Zurriburu, restos de conventos y del castillo ordenado construir por Fernando el Católico tras la conquista del siglo XVI, parte del sistema de suministro de agua del siglo XVIII y los restos del Teatro Principal del siglo XIX.

Es decir, en el subsuelo de ese emblemático lugar había aparecido concentrada toda la historia de Iruñea. En palabras de una Comisión de Expertos que visitó Iruñea para analizar los hallazgos y asesorar a la Plataforma de Defensa de la Plaza del Castillo, «a Pamplona le ha tocado la lotería».

Pero lejos de aprovechar ese ‘premio Gordo‘ para potenciar el turismo cultural de la ciudad, UPN decidió anteponer el aparcamiento contando con la escandalosa connivencia de la Institución Príncipe de Viana, cuyo director, Juan Ramón Corpas, hizo todo lo que estuvo en su mano para que nada frenara el proyecto.

El equipo Trama, empresa privada contratada por la constructora concesionaria para los trabajos arqueológicos, siguió centrándose en algunos restos, mientras las palas excavadoras continuaban con su trabajo implacable, llenando camiones de tierra y piezas arqueológicas que posteriormente fueron apareciendo en una escombrera de Beriain.

La denuncia de la Iniciativa Ciudadana para la Defensa del Patrimonio sobre lo que estaba sucediendo llegó al Parlamento de Nafarroa y a los tribunales. Tras analizar los datos aportados por los denunciantes, el juez José Antonio González encargó a la Sociedad de Ciencias Aranzadi un informe pericial independiente sobre la excavación.

A pesar de tratarse de una orden judicial, en cuatro ocasiones se impidió a los expertos de la citada sociedad acceder al lugar en diciembre de 2001. Finalmente lo lograron y realizaron un demoledor informe en el que calificaban la excavación de «expolio« arqueológico y cifraban en un 75% la proporción de restos encontrados que habían sido destruidos.

Para cuando se hizo público el informe de Aranzadi el 14 de febrero de 2002, Príncipe de Viana ya había autorizado eliminar las termas y el concejal de Urbanismo de UPN, José Ignacio Labiano, había presentado su dimisión.

Pero el escándalo por la destrucción de tan rico patrimonio arqueológico ya había calado en toda la sociedad. Así, miles de personas se manifestaron en ese mismo mes para exigir la conservación de los restos e incluso se planteó públicamente la posibilidad de crear un Museo de Historia de la Ciudad en la zona de los yacimientos. Hasta se presentó la Fundación Plaza del Castillo para promover ese museo.

A nivel institucional, el Parlamento de Nafarroa pidió la paralización de las obras hasta valorar los restos y el 21 de febrero, el Pleno del Ayuntamiento acordó pararlas, eso sí, con la oposición de UPN.

La escandalosa connivencia de Príncipe de Viana

A pesar de ello, Príncipe de Viana, con Corpas al frente, dio un paso más y autorizó desmontar todos los restos hallados en la plaza, salvo la muralla más importante localizada, que debía ser integrada en el aparcamiento, como finalmente se hizo tras mutilarla en varios puntos.

En vista de que nadie movía un dedo ante esa decisión, de nuevo se produjo una movilización popular, con cuatro jóvenes encadenándose en la cúpula del kiosco de la plaza y una multitudinaria manifestación a favor de construir un museo en el lugar.

Incluso se produjo una cierta reacción entre algunos expertos que hasta entonces no habían cuestionado la actuación de UPN, con los arqueólogos de Trama oponiéndose al desmontaje de las termas romanas y Francisco Javier Zubiaur, director de los Museos, Bienes Culturales y Arqueología de Nafarroa, dimitiendo tras negarse a refrendar ese desmontaje de los restos hallados en la plaza.

Pero, como siempre, UPN siguió adelante. Tras dar por terminada la excavación arqueológica una vez desmontados los restos, se reanudó la obra civil, que, en realidad, nunca se había paralizado del todo a pesar de la orden dada al respecto.

Como la conservación de los pocos restos que se salvarían del expolio exigía modificar el proyecto original y la concesión por 75 años había sido anulada en los tribunales, Barcina aprovechó para dotar al aparcamiento de una cuarta planta, lo que elevó el número de plazas de 802 a 939. Era su particular manera de compensar a la adjudicataria.

El proyecto continuó ya a ritmo de crucero, mientras en los juzgados se archivaba la denuncia presentada por Iniciativa Ciudadana por prevaricación y delitos contra el Patrimonio y que había obligado a desfilar por los juzgados a cargos institucionales y expertos afines a UPN. Curiosamente, los que sí tuvieron que indemnizar a la ciudad fueron dos vecinos condenados a pagar al Consistorio 1.291 euros cada uno por los daños causados a las vallas que cerraban la excavación durante los incidentes registrados en el verano de 2001.

Finalmente, el 4 de junio de 2004, Barcina saludaba en la misma entrada del aparcamiento al primer usuario que entró con su coche en el recinto. Unos días más tarde se reabría oficialmente la remozada Plaza del Castillo, una amplia extensión de granito gris, con algunos árboles y jardines para compensar los talados en su día y sin los mosaicos con piedras del Ebro realizados por la familia Chocarro que la alcaldesa prometió que se conservarían.

Así concluyó un proyecto que UPN sacó adelante contra viento y marea, contra el parecer de la ciudadanía y de los expertos, y que al ser contemplado deja el regusto amargo de haber perdido una oportunidad única de contemplar y difundir in situ el rico pasado de la ciudad.