El Consejo Constitucional francés ha validado este jueves que para para entrar en bares y restaurantes se exija a partir del 9 de agosto en Francia la presentación de un certificado sanitario contra la covid-19. La norma también afecta a grandes supermercados, trenes de larga distancia o ferias. Desde el 21 de julio se exige ya en lugares culturales como museos y cines.

El órgano que vela por el respeto del reglamento a la Constitución ha respaldado así el proyecto de ley presentado por el Gobierno. La institución validó igualmente la vacunación obligatoria del personal sanitario y de aquel en contacto con población vulnerable, pero censuró la posibilidad de romper un contrato de trabajo temporal antes de tiempo a quienes no tengan ese justificante.

El Consejo Constitucional vetó igualmente el aislamiento obligatorio durante diez días de quienes hayan dado positivo de coronavirus, al considerar que constituye una privación de la libertad.

Ese llamado «pase sanitario» consiste en un test negativo de coronavirus de menos de 48 horas para los lugares culturales y de menos de 78 horas para los viajes; una pauta de vacunación completa o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos.

El Consejo se ha pronunciado tras haber sido consultado por el propio primer ministro, Jean Castex, y por parlamentarios de la oposición.

Esa institución precisa que estas nuevas medidas previstas por el Ejecutivo para contener la pandemia solo pueden ser aplicadas durante el plazo en que esté en vigor esa ley, hasta el 15 de noviembre de 2021.

Su resolución recalca igualmente que el certificado se exigirá en los centros médicos y hospitalarios a los acompañantes de los pacientes o a quienes vayan a visitarlos, pero en ningún caso puede limitar el acceso de los enfermos a los cuidados.

La ampliación del uso del certificado sanitario ha sido una de las medidas más polémicas instauradas contra la pandemia y ha protagonizado manifestaciones multitudinarias estos tres últimos sábados, con protestas que el 31 de julio reunieron a 204.000 personas en todo el Estado francés, según el Ministerio del Interior.