El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha indicado este viernes que, ante la escalada del precio de la luz, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en la creación de una empresa pública para gestionar las centrales hidroeléctricas pero ha precisado que eso sucedería una vez terminen las actuales concesiones a empresas privadas, por lo que se trataría de una medida «a medio y largo plazo».

«Una de las posiciones que se plantea es que pueda haber una empresa pública, cuando terminen las concesiones en todo caso, porque la seguridad jurídica es muy importante, y hay que ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan», ha indicado Bolaños.

En este sentido, ha querido dejar claro que las medidas que adopte el Ejecutivo «en ningún momento» afectarán a las concesiones existentes o a ningún régimen o derechos actualmente establecidos.

También la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha subrayado que el Gobierno no está hablando de nacionalizar ninguna empresa energética. «No estamos diciendo que vamos a hacer una empresa pública energética, estamos diciendo que vamos a analizar en el caso de las explotaciones hidráulicas cuál es la mejor respuesta», ha matizado.

«No estamos prejuzgando quién va a gestionar estas concesiones, pero sí estamos analizando cuál es la opción que maximizaría esas necesidades», ha destacado.

UP: «Es hora de pasar de las palabras a los hechos»

Por su parte, Unidas Podemos ha apremiado a su socio de gobierno, el PSOE, a crear la empresa pública de energía que la formación morada lleva pidiendo desde hace años, aunque el anuncio realizado el jueves por la vicepresidenta Teresa Ribera les sorprendió porque «no estaba pactado» y ha llegado «a rebufo» de sus exigencias.

El portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago (IU), ha señalado que, tras esa «excelente noticia», «llega la hora de pasar de las palabras a los hechos y de concretar esta medida en la práctica lo antes posible».

Santiago ha indicado que esta eléctrica pública debe ir acompañada por otras actuaciones igual de eficaces para hacer frente a la actual escalada de precios de la luz, además de «poner cordura en el mercado de la energía de forma definitiva».

Y ha advertido de que, mientras en otros países «nadie se rasga las vestiduras» por tener una compañía eléctrica pública, el Estado español se debe enfrentar «a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y del entorno empresarial al que se debe, mientras utilizan la subida del recibo de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente».

PP y Cs

Desde el PP, el vicesecretario de participación y diputado Jaime de Olano ha calificado de «verdadero disparate» la idea.

De Olano ha criticado que Ribera se echase este jueves «en brazos de las políticas de Podemos». «Soluciones como nacionalizar determinadas empresas o crear una nueva empresa estatal para gestionar la producción de energía hidroeléctrica no dejan de ser cortinas de humo y parches, cuando saben que es algo que es absolutamente irrealizable. El propio gobierno decía hace unos meses que eso no iba a solucionar en absoluto el problema», ha añadido.

Mientras, en Ciudadanos las reacciones han sido muy dispares. Por un lado, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y portavoz de Ciudadanos (Cs) en esa comunidad, Juan Marín, ha dicho que esta formación no se cierra a estudiar la creación de una empresa energética pública porque «todo es debatible» y hay que explorar todas las opciones dada la situación de los precios de la luz.

Pero, por otro, el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha rechazado la propuesta formulada por la vicepresidenta Ribera calificándola de «idiotez».

Facua reclama una auditoría de las eléctricas

Con otra perspectiva, Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un decálogo de medidas que el Gobierno español debería de tomar para luchar contra los «abusos» de las eléctricas y con el fin de abaratar el precio de la factura de la luz, entre las que, precisamente, destaca la creación de una empresa eléctrica pública, que se nutriría de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que caduquen.

Otra de las medidas planteadas es la reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno.

«Hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz y garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables debe ser prioritario para este Gobierno y una obligación de servicio público para las empresas eléctricas», ha manifestado.

Además, ha reclamado la puesta en marcha de mecanismos de control coordinados entre el Gobierno estatal y las comunidades autónomas para detectar, multar y alertar públicamente de las ofertas engañosas lanzadas por las eléctricas en el mercado libre.

Y ha incidido en la necesidad de un análisis del sector desde su liberalización para determinar si las eléctricas inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa que los consumidores llevan años devolviéndoles.