Los precios del oro escalaron por culpa de la pandemia del coronavirus y las exportaciones del metal amarillo en 2020 le dejaron a Brasil 4.900 millones de dólares (4.184 millones de euros), un 60% más que en 2019 y 18 veces más que el valor registrado una década atrás.

Los datos son del Instituto Escolhas, una organización que promueve el desarrollo sostenible en Brasil y que descubrió que parte del oro exportado tenía alguna incoherencia, pues el 16,8% del embarcado al exterior en 2020 no fue notificado en algún registro de producción y el 17,2% del producido fue fruto de la minería ilegal.

Las investigaciones revelaron el descontrol que existe sobre la comercialización del oro y cómo esto ha contribuido a la devastación de la selva. De acuerdo con los expertos, la minería ilegal es una de las principales causas de la deforestación de la Amazonía brasileña, que en 2020 perdió unos 8.500 kilómetros cuadrados de selva, según cifras oficiales.

«En los últimos cinco años la devastación de la Amazonía (brasileña) creció cinco veces solo por causa de la actividad minera», asegura a la agencia Efe Larissa Rodrígues, gerente de proyectos de la ONG y coordinadora de las investigaciones.

Reservas en riesgo con la venia de Bolsonaro

La búsqueda de oro ha puesto en riesgo cerca de 6,2 millones de hectáreas de reservas ambientales o indígenas en la Amazonía –un área equivalente a dos veces Bélgica–, en las que se anuncian prospecciones para la explotación del metal o existen solicitudes para iniciar los estudios.

Aunque en Brasil está prohibida la extracción de oro en reservas indígenas, 2,4 millones de hectáreas de estas tierras están en la mira de la exploración aurífera. En el caso de las áreas naturales protegidas, el conjunto de proyectos abarca 3,8 millones de hectáreas.

De acuerdo con la regulación del sector minero, la fase de investigación es el primer paso antes de la extracción minera. En 2020 las solicitudes abarcaban 85 territorios nativos y 64 reservas ecológicas.

Solo en el territorio Yanomami, la mayor reserva indígena del país, que abarca parte de los estados de Amazonas y Roraima, fronterizos con Colombia y Venezuela, se registraron peticiones para buscar oro en 749.000 hectáreas.

Y es que el número de solicitudes ha aumentado considerablemente desde 2018, con un récord de 31 registros en 2020, un hecho que los expertos atribuyen a la política permisiva del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Desde la campaña presidencial, en 2018, y después de llegar al poder, el 1 de enero de 2019, el líder ultraderechista ha incentivado la minería en las reservas indígenas de la Amazonía. Actualmente, impulsa en el Congreso una iniciativa gubernamental para liberar esa actividad en territorios nativos y regularizar las extracciones ilícitas que allí se llevan a cabo.

Una parte del mineral exportado es ilegal

Canadá, Suiza, Polonia, Gran Bretaña, Italia, Emiratos Árabes e India fueron los principales destinos del oro exportado el año pasado por el gigante suramericano a 19 países.

Datos oficiales señalan que Brasil produjo legalmente 91,9 toneladas del metal, es decir, que de las 110,6 exportadas en 2020, unas 19 toneladas eran ilegales. Además, unas 18,6 toneladas no fueron notificadas en los registros de producción de algunas regiones exportadoras.

De acuerdo con las investigaciones, catorce estados vendieron algún volumen de oro ilegal en el exterior, pero los siete que hacen parte de la Amazonía brasileña produjeron mucho más oro del que exportaron, mientras que otras regiones vendieron mucho más oro del que produjeron, lo que sugiere que el metal fue ‘blanqueado’ antes de su exportación.

«Hoy en día es muy fácil extraer oro ilegal y legalizarlo (blanquearlo o lavarlo) para que entre en el mercado formal. Tanto el precio del oro como esa falta de control hacen que la ilegalidad sea incentivada», señala Rodrígues.