La Abogacía del Estado ha remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso la agencia Efe, a fin de resolver sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la suspensión cautelar de las repatriaciones que acordó el 16 de agosto y que el juzgado revisará nuevamente el próximo martes.

En su escrito, la Abogacía hace hincapié en la «conocida situación de excepcionalidad, anormalidad y de emergencia humanitaria» que causó la entrada masiva de migrantes que tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo, de los cuales 1.097 eran menores.

Y destaca que «la aplicación efectiva» del acuerdo hispano marroquí «constituye un elemento importante para atender a esta situación excepcional», que se ejecuta bajo el paraguas del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Dicho artículo dice que «el Gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados».

Los ejecutivos español y marroquí mantuvieron una reunión el pasado de 11 de agosto para ejecutar las repatriaciones en la que se dispuso que, en base al acuerdo bilateral, el Gobierno autonómico de Ceuta elaborase unos listados de grupos de menores, atendiendo a las circunstancias personales y familiares de cada uno.

Se añade que Rabat, por su lado, se comprometió a velar por los intereses de los menores y a garantizar sus derechos hasta que fueran entregados a sus familias o allegados lo antes posible.

Iniciativa de la ciudad de Ceuta

Este viernes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha reconocido que la iniciativa de activar el acuerdo para los retornos «partió de la ciudad» autónoma y que «el Ministerio del Interior hizo las gestiones con Marruecos» para que así fuera. Avala así las afirmaciones del Ministerio de Grande-Marlaska que ponían muy en duda las ONG.

Mientras, la Fiscalía de Menores de Ceuta ha solicitado a la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que mantenga la suspensión del proceso de repatriación de los menores extranjeros no acompañados a Marruecos.

Una postura que fuentes de esta Fiscalía insisten en que ha sido la misma desde el principio, ya que no se ha aportado expediente alguno de los menores repatriados.

Esta crítica es la que también han sostenido desde el inicio de la crisis diferentes ONG y colectivos sociales. Las últimas sumarse al rechazo de los retornos han sido, este viernes, una treintena de organizaciones en defensa de los derechos del las personas migrantes y entidades antirracistas.

Estos organismos, entre los que se encuentran la Asociación de Trabajadores inmigrantes Marroquíes (ATIM), el Comité de emergencia antirracista y el Sindicato de Manteros de Madrid, tachan de «vergonzosas» las «deportaciones» ejecutadas y acusan al ministro Fernando Grande-Marlaska, al que piden que dimita, y a las autoridades ceutíes de vulnerar los derechos de la infancia.