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Estrasburgo tumba un recurso de los bomberos galos contra la vacunación obligatoria

El pasado abril el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló, en un caso relativo a enfermedades graves, que la obligación de vacunarse puede ser una «necesidad democrática». Ahora, se pronuncia en la misma línea dando la espalda a la demanda de más de 600 bomberos franceses.

Una persona exhibe un cartel con mensajes contra la vacunación en una manifestación, el 31 de julio, en Donibane Lohizune. (Guillaume FAUVEAU)
Una persona exhibe un cartel con mensajes contra la vacunación en una manifestación, el 31 de julio, en Donibane Lohizune. (Guillaume FAUVEAU)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado la demanda presentada, con carácter de urgencia, por un colectivo de bomberos franceses –un total de 672– en oposición a la vacunación obligatoria para hacer frente al covid-19. La Corte, integrada por siete magistrados, estima que la demanda «queda fuera del ámbito de aplicación de su artículo 39».

Los bomberos franceses, algunos de los cuales se han hecho visibles en distintas manifestaciones convocadas por colectivos contrarios a la vacunación o al pase sanitario, invocaban en su demanda los capítulos de la Convención Europea de Derechos Humanos que aluden al «derecho a la vida» y a la «vida privada y familiar».

Demandaban expresamente a la Corte que suspendiera la orden del 5 de agosto, por la que el Gobierno francés decretó el uso del llamado pasaporte sanitario y dio curso al anuncio de vacunación obligatoria para los sanitarios oficializado por Emmanuel Macron el 12 de julio.

Esa norma, que concede a los sanitarios un doble plazo, hasta el 15 de setiembre para recibir la primera dosis y hasta el 15 de octubre para completar la pauta vacunal, contempla diversas medidas que van de la suspensión temporal de empleo y sueldo a la ruptura del contrato de trabajo.

A la vista del decreto 672 bomberos presentaron, a modo preventivo, una demanda con carácter de urgencia a la Corte Europea. Un procedimiento que se sustenta en «el riesgo real de sufrir daños irreparables» invocado por los demandantes.

La sección de bomberos del sindicato SUD-SDIS remarcaba al dar cuenta de la presentación de la demanda ante la Corte de Estrasburgo que no está contra la vacuna sino contra la obligación vacunal, pero se hacía eco del descontento existente entre los integrantes del cuerpo, integrado por profesionales pero también voluntarios, por la decisión adoptada por el Gobierno francés.

Duro revés para los anti vacunas

El Tribunal aclara que su decisión no implica que no pueda posicionarse a futuro sobre el fondo de la materia, ya que su fallo se limita a desestimar que haya habido vulneración del artículo 13.

Aun con todo, la decisión es un revés para los sectores que sostienen la campaña contra la política sanitaria del Gobierno de Emmanuel Macron que, pese a todo, ha subido este mes en los sondeos.

Ello pese a la presencia, cada sábado, de decenas de miles de personas en las calles para censurar su campaña de presión en favor de la vacunación, con la vista puesta en cumplir el objetivo de 50 millones de vacunados antes del arranque del curso escolar.

Además es la segunda vez en que la Corte con sede de Estrasburgo da la espalda a quienes cuestionan el derecho de los gobiernos a imponer la vacunación.

En abril, en respuesta a una demanda presentada por un grupo de padres checos que se negaban a la vacunación –no en el caso del covid-19 sino de otras dolencias– de sus hijos, el alto tribunal estableció que la obligación de vacunar contra determinadas enfermedades graves puede considerarse como «una necesidad democrática».

Con todo el fallo sobre la demanda francesa, auténtico jarro de agua fría para algunas organizaciones de bomberos que habían registrado un aviso de huelga indefinida, es la primera decisión de la Corte referida expresamente a la vacunación contra el covid-19, y los jueces han fallado en contra de quienes consideran que obligar a distintos cuerpos profesionales en contacto directo con la población a vacunarse implica una vulneración de derechos y libertades fundamentales.