Sare ha concretado este lunes los objetivos de la manifestación convocada para el 23 de octubre, sábado, en Donostia. Incluirá una apelación a los gobiernos estatales para dar más pasos puesto que «es insuficiente» que los presos y presas ya no estén en cárceles de Andalucía, Mediterráneo o Galicia. Y también aludirá a la próxima asunción de la gestión de prisiones por parte del Gobierno de Lakua (el 1 de octubre) para recordarle que el nuevo modelo anunciado no debe dejar al margen a nadie (ante el temor de que solo se aplique a los ya encerrados en Martutene, Basauri y Zaballa).

«Redoblamos esfuerzos con ‘Etxerako bidean’», han subrayado los portavoces de Sare ante esta movilización que partirá a las 17.00 del túnel del Antiguo y concluirá con un acto especial en la plaza Pío XII.

«No es una situación normalizada»

Al hilo de esta convocatoria, Sare ha realizado una valoración sobre la situación actual y lo sucedido en el último año. Así, ha recordado que el verano de 2020 comenzó con «tímidos movimientos-acercamientos» y que ahora encaramos el otoño de 2021 «con las cárceles más alejadas de Euskal Herria dejando de albergar a presos y presas vascas».

Un «motivo de cierto alivio para los familiares», pero también un «motivo de alerta para todos y todas nosotras, que no queremos contribuir a dar la sensación que estamos en una situación normalizada».

Y no lo es porque, a su juicio, «los obstáculos a superar son todavía muchos e importantes». Para corroborarlo, han destacado los siguientes datos como «fiel reflejo de que la política de excepción sigue en vigor»:

- Solo 64 de estos presos/as están en Euskal Herria, el 32% del total.

- Durante este año, la práctica totalidad de ellos/as han progresado de primer a segundo grado, pero solo 10 lo han hecho de segundo a tercer grado penitenciario, el 5%.

- Si esta situación se mantiene, los presos/as vascas, en casi su totalidad, están condenados a no poder hacer uso de la normativa penitenciaria y a cumplir íntegramente condenas de hasta 40 años de prisión efectiva.

Emplazamiento a instituciones y sectores políticos

Sare considera que esta situación debe representar «una llamada de atención a quienes desde diferentes instituciones y sectores políticos manifestaban e instaban a estos presos y presas a hacer uso de las herramientas que proporciona la actual normativa penitenciaria».

Y devuelve el emplazamiento instando a estas instituciones a «trabajar por hacer realidad la aplicación de una normativa ordinaria a quienes hasta ahora solo han conocido la excepcionalidad como norma».

En consecuencia, reclaman medidas concretas para poner fin a ese régimen de excepcionalidad, como la progresión de 2º a 3º grado a partir del cumplimiento de la mitad de la condena, como se hace con el conjunto de la población reclusa en las cárceles del Estado español.

Asimismo, reclama que desaparezcan las «actitudes de bloqueo» de la fiscalía o jueces, que de forma sistemática presentan recursos contra las decisiones de las juntas de tratamiento, cuando estas aprueban las progresiones de grado o permisos.

Esperanza en los cambios

«Mantenemos la esperanza de que el mes de octubre sea el momento de que los cambios comiencen a ser una realidad», han señalado los portavoces de Sare.

En concreto, han comentado la asunción de competencias en materia penitenciaria por parte del Gobierno de Lakua, indicando que los anuncios realizados de «una nueva política penitenciaria de carácter ordinario, sin privilegios, pero, también, sin exclusiones políticas, debe de ser un objetivo de urgente aplicación».

Un objetivo que no debe contemplar solo a quienes ya están en Euskal Herria, sino que «debe  ser de aplicación a todos/as que continúan desperdigados en los centros penitenciarios del Estado español.

Acto en Arrasate este sábado

Por otro lado, Joseba Azkarraga ha reiterado que es «rotundamente falso» que el acto convocado para este sábado en Arrasate sea un «homenaje» a Unai Parot. «Nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer», ha aseverado, al tiempo que ha considerado que, por ello, «no hay ninguna razón objetiva» para su suspensión.

Al ser preguntado sobre esta cuestión en la rueda de prensa, el portavoz de Sare ha explicado que el acto de Arrasate busca «denunciar un régimen de excepcionalidad que aún se mantiene para el colectivo de presos y presas».

Ha precisado que la excepcionalidad no se circunscribe únicamente «a la política de alejamiento», sino que «se aplica desgraciadamente también en otras materias, sobre todo en la aplicación de una legislación de carácter excepcional como es la Ley 7/2013, que supone la aplicación de cadenas perpetuas encubiertas a un número aproximado de 15 presos y presas».