EH Bildu de Donostia ha denunciado este lunes que las obras del nuevo polideportivo de Altza se han encarecido ya un 28%. Los trabajos se licitaron por un importe de 16.287.120,94 euros, pero el Gobierno municipal «aprobó la rebaja de casi cuatro millones de euros (-31%) ofertada por las empresas presentadas al concurso y adjudicó el contrato de obra a Acciona-Altuna y Uria», ha recordado.

En un comunicado, EH Bildu ha señalado que, dos años y tres meses después del inicio de las obras del polideportivo, el coste del proyecto se ha incrementado «en 3,5 millones de euros (+28%)».

«Con los cambios introducidos en tres modificaciones, el coste ha alcanzado los 15.918.070,70 euros y prácticamente iguala el primer precio del concurso de adjudicación», ha censurado.

EH Bildu ha lamentado que este «encarecimiento se ha producido porque el Gobierno municipal ha aceptado las propuestas de modificación realizadas por los propios proyectistas que diseñaron el proyecto inicial del polideportivo».

Para la formación soberanistade izquierdas, «algunos de estos cambios han sido caros y significativos, como la decisión de comprar en el mercado la estructura de la cubierta en lugar de construirla en el propio solar; el dar a las paredes exteriores un acabado estético diferente al proyectado; o la incorporación de nuevas provisiones a las inicialmente contratadas».

Para EH Bildu, «el Gobierno municipal ha tomado con demasiada precipitación las decisiones de modificar, encarecer y retrasar las obras de construcción del polideportivo de Altza».

Ha registrado, de cara al pleno del próximo jueves, una moción en la que pide al Gobierno local que convoque una reunión pública en Altza para explicar a las personas usuarias del polideportivo y al vecindario en general qué está pasando con las obras, sobre todo en lo relativo a la modificación de la estructura de la cubierta.

Asimismo, instará al Ejecutivo municipal a que «incorpore un instrumento jurídico-administrativo en las licitaciones de obras públicas para que en aquellos casos en los que el plazo de ejecución de las obras tenga un retraso igual o superior al 20%, sea necesario dar explicaciones a la ciudadanía afectada» y que «acabe con el oscurantismo que caracteriza su gestión de las obras públicas y empiece a actuar con mayor transparencia y rigor en las contrataciones».