La Fiscalía de la Audiencia Nacional española considera «nulo de pleno derecho» el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo porque no cumplió con requisitos básicos como informar a estos jóvenes de sus derechos.

Así lo expone el fiscal Manuel Campoy en un escrito del pasado 17 de setiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, donde informa a favor de admitir el recurso contencioso-administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden emitida en agosto por el Ministerio de Interior para deportar a dichos menores.

Precisamente, en agosto los juzgados de Ceuta decretaron la paralización cautelar de las entregas, pero la Audiencia Nacional intervino poco después para rechazar la suspensión de dichas expulsiones y declararse competente para resolver el recurso de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Campoy apunta ahora que, a su juicio, «la competencia objetiva y territorial para conocer del mismo corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta».

El Ministerio de Interior alegó que en dos días entraron 1.097 menores a Ceuta, junto a otros migrantes, lo que a su juicio creó una «situación excepcional». Finalmente, el 25 de agosto, los presidentes del Gobierno español y de Ceuta, Pedro Sánchez y Juan José Vivas, llegaban a un acuerdo para un «regreso seguro y ordenado» a Marruecos de los menores.

Sin tutela judicial

«Se considera que las actuaciones administrativas de retorno al Reino de Marruecos de menores extranjeros no acompañados, que acudieron masivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta en los días 17 y 18 de mayo, (...) son nulas de pleno derecho, por cuanto prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», remarca ahora Campoy.

Subraya el fiscal que la forma de actuar del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en este proceso de repatriación lesionó el derecho fundamental de los menores a la tutela judicial efectiva, recordando en este sentido que la jurisprudencia constitucional exige una comunicación personal de los trámites a los afectados.

«Se han omitido los preceptivos actos de comunicación a los menores interesados, información de sus derechos y nombramiento de defensor judicial, en su caso; cercenándoles así la posibilidad de acceso a la tutela judicial y de poder ser revisados judicialmente los actos administrativos concernidos», expone.

Ni trámites ni garantías

Campoy recalca que, en general, «no se han cumplido ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española», detallando que no consta un trámite de audiencia con presencia de los menores que tuvieran «juicio suficiente» o de sus representantes legales, ni que se les haya informado de sus derechos, dado la posibilidad de formular alegaciones o de nombrar a un defensor judicial.

Tampoco constan, añade, «los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal».

El fiscal también echa en falta una «resolución final de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España, que debe ser notificada al menor, su representante, tutor y al Ministerio Fiscal, poniendo fin a la vía administrativa».