El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz ha dejado sin efecto la declaración del último testigo pendiente en la causa que se sigue contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, por las presuntas torturas que el activista saharaui Fadel Breica habría sufrido.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha suspendido la testifical del hombre después de que éste no presentase el visado para poder salir de Malí. Ahora, y toda vez no se ha conseguido que acuda a declarar, Pedraz sopesa el archivo de la querella y, por ende, el cierre de la causa.

En la querella, el activista acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf. Según cuenta, al llegar allí agentes del Frente Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Este último testigo –propuesto por la representación de Breica– había sido citado inicialmente por el juez para el 29 de junio y posteriormente para el 27 de julio. Se trataba de un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que el activista y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los derechos humanos por las que se investiga al Polisario.

En su declaración ante Pedraz el pasado mes de junio, Breica insistió en que fue torturado durante seis meses en una cárcel secreta del Frente Polisario, apuntando a Ghali como su máximo responsable. Además, denunció que no sería la única víctima, sosteniendo que la tortura sería una práctica habitual del Frente Polisario entre los refugiados saharauis, al tiempo que reprochó a Argelia que permitiera esto en su territorio.

Otra querella ya fue archivada

La querella de Breica contra Ghali en la Audiencia Nacional no es la única. Existe una segunda que fue archivada por Pedraz y que firmó la denominada Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente a los de origen español».

El archivo fue recurrido a finales de julio por Asadedh, insistiendo en que Ghali es culpable de un «delito de genocidio imprescriptible» por cuanto habría participado en torturas a los detenidos en las cárceles de Tinduf entre los años 70 y 90 que se enmarcarían en un plan de «destrucción física» de esta población.

La asociación presentó un recurso de apelación contra el auto donde Pedraz archivaba la querella para Ghali al considerar, por un lado, que los hechos habrían prescrito porque se aplicaría el Código Penal de 1973 que fija en veinte años la responsabilidad criminal y, por otro, que aunque se pudieran investigar hay una «manifiesta insuficiencia» de indicios que apunten a que Ghali participó en las presuntas torturas.

En su interrogatorio ante Pedraz el pasado 1 de junio, Ghali negó cualquier implicación en las violaciones de los derechos humanos de las que le culpan. Su defensa argumentaba que, como ministro de Defensa de la RASD, estuvo dedicado en exclusiva a la guerra contra Marruecos, por lo que «era ajeno a cualquier centro de detención», donde habrían ocurrido las torturas.

Además, la defensa de Ghali denunció que la finalidad de estas querellas es «política», reprochando a las acusaciones que «están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia, (...) para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Arabe Saharaui Democrática, mediante un ataque feroz a su líder».

Ese mismo día, el magistrado de la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes –prisión provisional y retirada de pasaporte– al entender que no había indicios de que Ghali hubiera cometido delito alguno. Esa madrugada partió hacia Argelia desde Noain.

Otra causa en Zaragoza

Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se reanudaron cuando se supo que Ghali se encontraba en el Estado español, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro de Logroño, donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, estuvo en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.

Por otro lado, Ghali también tiene pendiente una causa en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza. Su titular, Rafael Lasala, estudia si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Ghali del Estado español.

El magistrado citó a declarar en calidad de imputada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya el próximo 4 de octubre, a las 13.00 horas. Esta previsto que ese mismo día declare en calidad de testigo el ex secretario general técnico del departamento José María Muriel Palomino. Será el segundo cargo del departamento en responder a preguntas del juez instructor en el marco del procedimiento.

Hasta ahora, el juez ha escuchado al exjefe de gabinete de González Laya Camilo Villarino, quien ha comparecido en calidad de investigado bajo la representación legal de la Abogacía del Estado. Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que en su declaración señaló a la exministra y a la que fuera directora del gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta primera del Gobierno como conocedoras de la entrada de Ghali.