«Nos tomamos el Protocolo de Kyoto en serio» ha asegurado este miércoles Ignacio Sánchez Galán, al tiempo que ha confirmado que Iberdrola será uno de los principales patrocionadores de la Conferencia sobre el Clima de Glasgow (COP26), que comenzará el próximo 1 de noviembre.

En el marco de los ‘Días de la Acción Energética’ de Naciones Unidas, el presidente de Iberdrola también ha asumido que es necesaria una reforma fiscal que promueva la descarbonización y que se base en el principio de «quien contamina paga».

El presidente del grupo Iberdrola ha realizado un recorrido por la historia de la compañía y su transición hacia una empresa de renovables presente en 30 estados.

La empresa ha aprovechado la ocasión para informar de que «la Coalición por el Hidrógeno Renovable ha fortalecido su liderazgo» con el nombramiento de Galán como presidente de esta alianza empresarial para los próximos 18 meses, «con el objetivo de contribuir a dar forma al marco regulatorio necesario en la Unión Europea».

Según el comunicado de la compañía, Galán y Nils Aldag –fundador de Sunfire que ha sido designado vicepresidente de la alianza– «combinarán su experiencia en renovables y electrolizadores para coordinar los esfuerzos de la coalición de cara a conseguir que, con las políticas adecuadas, el hidrógeno renovable se convierta en una alternativa competitiva al hidrógeno convencional durante esta década».

«No alcanzaremos nuestros objetivos si no invertimos masivamente en renovables, redes inteligentes y almacenamiento. Y esto solo ocurrirá si establecemos un marco claro y estable que dé a los inversores seguridad y confianza», ha asegurado.

De las palabras a los hechos: sube las tarifas...

Estas reflexiones del directivo de la energética vasca llegan en un contexto marcado por los cambios en la retribución a las eléctricas realizados por el Gobierno español para contener la escalada de precios de la luz y que se han encontrado con la oposición de las grandes empresas del sector.

Y lo cierto es que Iberdrola revisará al alza las tarifas de clientes industriales y grandes empresas con contratos a largo plazo afectados por las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para amortiguar la subida de la luz, al tiempo que ha decidido paralizar el proyecto de renovables aludiendo a la presunta bajada de su rentabilidad.

El Gobierno aprobó un real decreto ley que, entre otras medidas, obliga a nucleares, hidroeléctricas y renovables sin primas a devolver los beneficios extra que generen hasta marzo de 2022 al calor de los altos precios de un recurso que no usan, el gas natural.

Tras la entrada en vigor del decreto, Iberdrola está informando por carta a los grandes clientes de que esta normativa «impone» un coste a las citadas plantas.

«Muchas instalaciones sin emisiones contaminantes que ya tenían cerrado un precio fijo a largo plazo con clientes y, por lo tanto, no ingresan los elevados precios del mercado spot, se van a ver afectadas por este nuevo pago», según la compañía.

Ese «nuevo coste» representará más de 70 euros/megavatio hora (MWh). Iberdrola señala a sus clientes que, considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato, «se produce una situación de manifiesto desequilibrio» por una circunstancia «extraordinaria, imprevisible y sobrevenida», que hace insostenible la continuidad de las prestaciones del contrato en las condiciones económicas aplicadas hasta ahora.

La eléctrica apunta en sus misivas que, en todo caso y sin perjuicio de su aplicación temporal, en el momento en que estas medidas pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los tribunales «se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda».

... y paraliza las renovables

Por otra parte, Iberdrola ha informado a sus proveedores de que ha decidido paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en el Estado español hasta haber llevado a cabo una evaluación en detalle de su viabilidad económica tras la entrada en vigor del real decreto.

Según la compañía, esta decisión es el resultado de un primer análisis sobre el impacto que esa medida gubernamental tiene respecto a la rentabilidad de instalaciones renovables, muchas de las cuales se construyen mediante contratos de suministro a largo plazo conocidos como PPA.

En la comunicación, detalla que quedan excluidos de la paralización los proyectos que tengan reconocido un marco retributivo (subastas o primas).

El Gobierno español lo considera injustificado

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comentado este miércoles que el Gobierno español ve con «cierta preocupación» las cartas que están enviando las eléctricas a sus clientes con revisiones de tarifas que, a su juicio, no están justificadas y por eso están analizando la situación.

«Es probable que la revisión de las tarifas la tuvieran planteada incluso antes de la adopción de estas medidas, pero queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio», ha dicho la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

«Creemos que, si hay algún tipo de problema, no puede ser algo que perjudique ni a consumidores ni a industriales ni a trabajadores, con los que tenemos la obligación de hablar para tender lo que está ocurriendo y cómo podemos reaccionar», ha añadido.