En esta fase de desescalada de las restricciones por la pandemia, los «botellones» y los consiguientes incidentes con diferentes policías han sido convertidos en noticia principal casi diaria, especialmente en la CAV. En este contexto, hoy miércoles diarios del Grupo Vocento han publicado la filtración del decreto que prepara el Gobierno Urkullu y que introduce «medidas alternativas» a las multas.

Algunos extremos ya avanzan polémica. Por ejemplo, ¿es de alcance general la aplicación de sanciones por cuestiones como beber en la calle? A tenor de lo adelantado, no: se plantean para «preferentemente menores y personas de entre 18 y 25 años». También será imponible únicamente a quienes están empadronados o residan en la CAV; no a turistas, por ejemplo.

La novedad respecto a la práctica actual, que consiste en imponer multas de entre 30 y 600 euros, es la introducción de tres tipos de medidas alternativas, por las que se pueden conmutar las sanciones económicas. Una son los «trabajos en beneficio de la comunidad», planteados a modo de «reparación» y con un mínimo de 20 horas. Otra, programas «de sensibilización y concienciación sobre los riesgos del consumo de sustancias», de al menos ocho horas de duración. Y una tercera, programas «de tratamiento» para casos en que se considere que se ha llegado a una situación «dependencia a tóxicos».

Siempre según esta filtración, cuando un menor o joven sea sancionado se le ofrecerá la opción de conmutar la multa. Dispondrá de un plazo de quince días para decidirlo. Si apuesta por ello, tendrá que reconocer expresamente la responsabilidad de la infracción. Y en el caso de que sea menor, los padres o tutores deberán autorizarlo.

En municipios como Donostia ya existía un procedimiento de sustitución de multas por este tipo de programas. En 2020 tomaron parte en él 89 jóvenes que habían sido sancionados por consumir alcohol o cannabis sobre todo.