El abogado del Frente Polisario Manuel Devers cree que, desde un punto de vista jurídico es «perfectamente posible»" que el pueblo saharahui reclame 4.000 millones de euros de indemnización por los dos años en los que se han aplicado los acuerdos UE-Marruecos, declarados ilegales por la Justicia europea.

«No son cifras que van a impresionar a los jueces europeos», ha indicado Devers, quien ha explicado que ese es el punto de vista jurídico, pero que la decisión política le corresponde en última instancia al Frente Polisario.

La semana pasada, el Tribunal General de la UE (TGUE) estimó los recursos de nulidad ante los acuerdos de asociación y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos presentados por el Frente Polisario.

Mil millones de base por el acuerdo agrícola

Según el letrado, la sentencia reconoce «la existencia de una falta» y la propia Comisión Europea establece la causalidad y el prejuicio, pues reconoce que los beneficios solo del acuerdo agrícola en lo relativo a las exportaciones desde territorio saharahui se elevan a 500 millones de euros al año, y se aplicó durante dos años.

«Más de 1.000 millones de euros de base», ha precisado el letrado, quien para llegar a una horquilla de entre 3.000 millones y 4.000 millones de indemnización incluye también en el cálculo el acuerdo pesquero y ha agregado que habría que sumar «todo lo que le habría permitido hacer» ese dinero al pueblo saharahui.

Devers ha señalado que, formalmente, el proceso a seguir en caso de que el Frente Polisario diera ese paso sería cursar una solicitud previa a la Comisión Europea y, en caso de no ser atendida, trasladar el caso al tribunal de Luxemburgo.

Ha recordado que, en su estudio de impacto sobre el acuerdo, la Comisión afirma que «no conceder preferencias arancelarias pondría en peligro de forma significativa las exportaciones del Sáhara Occidental».

«Con esta fórmula, por lo tanto, reconoce su participación directa en el mantenimiento de la economía en el territorio saharaui ocupado, que el tribunal ha declarado ilegal», ha añadido el letrado.

En su sentencia, la corte europea mantuvo los acuerdos vigentes durante dos meses más para que la UE tenga tiempo de retirarse de los mismos, aunque desde Bruselas y Madrid se estudia un recurso para aplazar aún más su aplicación. Marruecos confía también en este recurso.

Mientras, la Comisión Mixta Euro-Marroquí de Profesionales de la Pesca ha pedido «calma» para encontrar una solución tras la sentencia.