Esta semana se ha conocido un nuevo dato que confirma los aparatos del Estado español enviaron las cartas-bombas contra HB de 1989 y avala que lo ocultaron después. El diario ‘ABC‘ se centró en José Antonio Cardosa Morales, que moría tras explotar la carta que estaba metiendo buzón del militante de la izquierda abertzale Ildefonso Salazar. Sin embargo, no fue un hecho aislado. Durante esos meses, al menos otras dos bombas similares fueron remitidas al abogado Iñigo Iruin o a los concejales de HB en Azpeitia, entre los que se encontraban Mari Karmen Egiguren y Kike Zurutuza. Este último ha sido entrevistado por NAIZ en Gasteiz a raíz de los testimonios revelados al hilo de las memorias del exjefe del Cesid Emilio Alonso Manglano.

¿Qué ocurre aquel día en el que les avisan de que han enviado una carta-bomba contra concejales de HB de Azpeitia? ¿Lo recuerda?

Un día de setiembre de 1989, a media tarde, por medio de la Policía Municipal del pueblo conocimos que había una carta-bomba en las oficinas de Correos de Azpeitia, dirigida al grupo municipal de HB en el que estábamos Mari Karmen Egiguren y yo. Fuimos a las oficinas de Correos, que estaban rodeadas por la Ertzaintza. Nos dirigimos a ellos, nos identificamos como concejales, y les dijimos que habíamos tenido noticias de que había una carta-bomba dirigida precisamente a nosotros. La Ertzaintza, de muy malas maneras, nos negó los hechos y nos expulsó de la zona. No nos creímos la versión pero evidentemente nos tuvimos que marchar.

En un artículo remitido a GARA en 2013 se hacia usted muchas preguntas: ¿Por qué la Ertzaintza ocultó aquel suceso? ¿Quién avisó a los ertzainas de que allí había un artefacto explosivo? ¿Qué investigación hicieron?

Esta circustancia la he denunciado en todo los marcos que he podido. Cuando me enteré de que Roldán había declarado a la Audiencia Nacional que, por mandato de Corcuera, habían mandado tres bombas a Errenteria, Donostia y Azpeitia, enseguida me vino a la cabeza aquella circustancia. Escribí una carta al director denunciando los hechos, con la rabia e indignación que me producía que hasta entonces no se hubiera aclarado. Este tema, si no lo llega a sacar Roldán, y ahora el señor Manglano, hubiera pasado desapercibido, como si no hubiera existido. Me dolía especialmente que la Ertzaintza, policía vasca, fuera la que tenía conocimiento de los hechos y nos negó la verdad. Me indignó.

«Finalmente las bombas se encuentran, una en la central de Correos de San Sebastián, la otra en Azpeitia o Azkoitia (…)», dijo Roldan, pero aquello acabó archivado...

Como nos negaron los hechos, y hasta que Roldán empezó a soltar la lengua nadie supo nada, creo que se archivó la causa, sí. Hay personas que testificaron pero todos lo negaban y nadie colaboraba, menos la directora de Correos de Azpeitia, que sí que dijo que tuvo que abrir la puerta a la unidad de desactivadores de la Guardia Civil. Ya conocemos cómo funciona la Audiencia Nacional y ahí se quedó el tema. En 2013, consulté con un abogado el tema, pero yo no tenía ningún dato objetivo más que mi palabra. Lo único que se me ocurrió hacer fue una denuncia pública, que la he reiterado en una comisión del Gobierno Vasco para esclarecer los abusos policiales.

Las declaraciones de entonces de Roldán y el testimonio del exministro Antoni Asunción recogido por Manglano apuntan claramente a otro exministro: Jose Luis Corcuera...

Ellos dijeron claramente que fueron mandatos de Corcuera. El investigador Xabier Makazaga, que ha trabajado bastante este tema, declara que fue Corcuera quien avisó que salió mal y, entonces, por medio del gobernador civil [Josa Ramón Goñi] Tirapu, le dicen a Galindo que, al haber explotado la bomba a una persona que no era de HB, hay que intentar responsabilizar a ETA de esta acción Pero no podían seguir con esa tesis si las siguientes nos explotaban a militantes de HB... Así que para poder decir que había sido ETA, mandaron detener las otras dos cartas-bomba. Por eso estamos aquí.

El Ejecutivo español señaló que las cartas-bomba «tienen el sello de todos los atentados de banda terrorista ETA» y en Euskal Herria el PSE calificó de «bastante sospechoso» el atentado contra Salazar, y dirigió acto seguido los focos sobre HB. ¿Qué pensaron en ese momento?

Ellos pensaron que la habían cagado, porque al cartero le reventó la carta que estaba metiendo en el buzón de Idelfonso Salazar y ello mató a una persona que no era su objetivo. En plena guerra sucia, intentaron desviar la atención e intentar responsabilizar a ETA, tanto las instituciones públicas como los partidos políticos. Nosotros en el momento pensamos que nos habían mandado algo, que allí estaba la Ertzaintza, la Guardia Civl y algo pasaba… teníamos la certeza de que era un episodio más de guerra sucia.

El Ejecutivo autonómico dirigido por Ardanza y el EBB, liderado por Xabier Arzalluz, tampoco dijeron nada...

Hay que recordar el contexto político en que se da esta historia. Es un gobierno de coalición liderado por Ardanza y Ramón Jauregi, con el pacto de Ajuria Enea totalmente en vigor, que de alguna manera acotaba cualquier respuesta.

Pasadas más de tres décadas, la última revelación sobre esta trama de terrorismo de Estado ha generado silencios elocuentes por el momento, tanto en Madrid como en Euskal Herria, a excepción de las escuetas declaraciones de la consejera Artolazabal obtenidas por NAIZ. ¿Cómo lo valora?

Yo creo que ese silencio habla por sí mismo. Ellos están pidiendo lecturas críticas de la historia y los primeros que se niegan a hacerla son ellos mismos. No quiero entrar en valoraciones demasiado políticas, pero creo que es un silencio que habla mucho. Por parte de todos.

Todos los diarios del Grupo Vocento, de Abc a El Diario Vasco, han presentado el tema como «cartas-bomba a ETA»...  

Yo era un simple concejal, minoritario en el pueblo, y mi compañera era una simple concejala de HB. Ellos dicen lo que quieren y con toda la impunidad. Si yo dijera lo mismo de ellos, seguramente estaría imputado en la Audiencia Nacional.

¿Espera que el asunto se aclare algún día o que haya algún tipo de reconomiento?

No espero que se aclare. Siempre me ha llamado la atención que en este país, durante décadas, se ha torturado a miles de personas y ha habido una impunidad total. Si una realidad tan contrastada, extendida y generalizada no ha tenido ninguna repercusión, un hecho aislado como este no creo que lo tenga. Si lo tiene, dirán que está prescrito. Pero ni siquiera asumirán que fueron ellos, porque ellos son los que investigan, los que deciden y los que tienen los medios. Ojalá al menos se sepa la verdad. Que ya la sabemos, por cierto.