Ha hecho una docena de visitas a las cárceles vascas antes de asumir la transferencia. Lo que ha visto ahí, ¿reafirma la necesidad de otro modelo?
Por lo que conocía antes, ya veía que estábamos en una situación inmejorable: hay menor población penitenciaria, es una etapa histórica capitaneada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y hay unos profesiones inmejorables, con la misma idea que tú tienes en mente. Recogemos algo que se estaba haciendo bien e intentaremos mejorarlo y profundizar. Por ejemplo, en la igualdad de las mujeres, porque hace diez años no había ninguna perspectiva de género. O con la salud mental, que en dos-tres años ha mejorado muchísimo, se ha implicado Osakidetza... O con la Justicia Restaurativa, no empezamos de cero.

Empezando por lo más básico, hay 200 muertos al año en cárceles del Estado, varios casos en Zaballa... ¿Qué está pasando?
Me quedo también con que las cosas están mejorando. Hay una preocupación generalizada de las instituciones penitenciarias con este tema. Siendo conscientes de que suicidios hay en la sociedad, es una realidad que conozco por mi trabajo en la Administración de Justicia y sé que hay muchos más casos de los que apreciamos. ¿Qué ocurre? En la cárcel hay personas con elementos previos que pueden ser favorecedores, y si se le suman las circunstancias de la privación de libertad, se crea un caldo de cultivo para que los suicidios se puedan incrementar. Mejorando todo lo que es la salud, y en particular la mental, cabe reducir su número, aunque no es posible evitarlo totalmente nunca. Los mecanismos del suicidio son muy complejos, a veces resultan imprevisibles para todo el mundo.

El nuevo modelo plantea fomentar el régimen de semilibertad. ¿Significa que se abusa de la cárcel en el Estado español?
Bueno, yo no diría abuso, pero sí es verdad que tenemos un Código Penal muy duro. Nos lo han dicho desde el Consejo de Europa. Es un hándicap que condiciona mucho cualquier modelo penitenciario. Nuestras tasas de criminalidad no se corresponden con penas tan elevadas. A veces como juez sacas el Excel, metes los datos y te sale una pena que dices ‘madre mía’. Y los regímenes de semilibertad no solo son también cumplimiento de la pena, sino que está demostrado que cuando se hacen con itinerarios y programas adecuados son más eficaces para la reinserción y para la seguridad. Hay que hacer pedagogía con esto.

Se plantea llegar a un 40% de semilibertades como objetivo. ¿Cómo se va a hacer?
Según los últimos datos estamos aquí en 26-27% en semilibertad, antes no conocíamos este dato porque no teníamos la competencia y me ha resultado sorpresivo. Es una tasa alta. En Basauri es más del 50%. No nos planteamos ese 40% para mañana, lógicamente, pero las personas responsables tienen que ponerse objetivos. ¿Cómo hacerlo? Con las mujeres, por ejemplo, podemos progresar a mayor número por su perfil criminológico, con un apoyo especial, que incluya al Tercer Sector. Otro tanto con las personas con enfermedades graves e incurables: tenemos que introducir el criterio de que eso no significa que la persona esté ya en las últimas, porque a veces lo parece. Y con los mayores de 70... Podemos promover regímenes de semilibertad que no sean tan amplios como el tercer grado telemático (con pulseras), pero sí tercer grado restringido o segundo grado con la flexibilidad del artículo 100.2. Hay que gente puede salir por la mañana a hacer un trabajo o un estudio y luego volver a dormir. Hay que mirar recursos habitacionales para ellos, tenemos ONGs que lo gestionan. En Zubieta vamos a tener un Centro de Inserción Social con más de 50 plazas. Por ahí podrían ir las cosas.

Y luego está el último paso, acompañar el tránsito a la calle. ¿Cómo valora que el Parlamento haya aprobado la agencia Aukerak con un voto tan mayoritario?
Muy positivo. Yo creo que aquí hay un componente de comprensión y solidaridad con todas estas personas, y al fin y al cabo los partidos políticos lo representan. En el País Vasco la mayoría de las personas están a favor de las segundas oportunidades, quizás porque somos pocos, vivimos juntos... No sé si somos mejores o peores, pero tenemos claro que si una persona ha fracasado o se ha equivocado, hay que darle otra oportunidad. Eso es Aukerak, la palabra lo dice.

Hablemos de los presos de ETA, presos de motivación política, presos políticos, según la denominación de cada cual...
Bueno, yo les denomino presos que han cometido delitos perteneciendo a la organización terrorista ETA, me parece una denominación objetiva, neutra.

¿Tienen unos condicionantes especiales esos presos en este nuevo modelo?
Los condicionantes o limitaciones vienen determinadas por la legislación penitenciaria, las sentencias que fijan periodos de seguridad... Aunque se identifiquen como un colectivo, EPPK, los vamos a considerar como personas individuales, como todos los presos. Para nosotros son Juan, Pedro, Raquel, María... Para cada persona hay que establecer un proyecto de reinserción individual, de tratamiento. Entonces, no es lo mismo alguien que ha cumplido tres cuartas partes de condena u otra a la que le falten 25 años, no puede haber el mismo traje para todos. Dicho esto, queremos aplicarles las mismas normas que al resto. Es un principio de igualdad ante la ley. No va a haber excepciones ni en un sentido ni otro, no va a haber excepcionalidad.

Sin embargo, sí la ha habido; no parten del mismo punto que el resto. Estas personas han sido tratadas de forma especialmente dura: primer grado, alejadas, a menudo torturadas según recoge el informe oficial... ¿Se va a tener en cuenta eso?
Es difícil hacer una evaluación de esas características, se lo digo con honestidad. Probablemente haya que estudiarlo en cada caso. Porque históricamente estas personas también tomaron decisiones, para ellos legítimas, que pueden haberles llevado a estar en esas condiciones. Por ejemplo, alguien que está continuamente enfrentándose a los funcionarios de prisiones, o a sus compañeros, o rompe las cosas está siempre en primer grado. Pero también es cierto que esa forma de vida ha podido incidir en sus comportamientos y en sus condiciones físicas y síquicas actuales, y eso hay que valorarlo. Tenemos que valorar a cada persona en sus propias circunstancias y en sus perspectivas de futuro.

En estos meses se ha corregido la aplicación sistemática del primer grado, pero se sigue bloqueando el paso de segundo a tercero. Y hay un caso concreto reciente, una persona que estaba en la calle y ha sido devuelta a prisión...
Sí, Unai Fano.

¿Lo entiende en parámetros jurídicos y también humanitarios?
Se lo digo honestamente, no es algo que no ocurra nunca. Como juez yo he revocado progresiones de grado, considerando que las decisiones administrativas no eran ajustadas a lo que marca la legislación. Los criterios judiciales los tenemos que tener en cuenta. Yo no puedo juzgar concretamente este caso, quiero dejarlo claro, pero no tengo duda tampoco de lo que dictaminaron antes la Junta de Tratamiento de la cárcel y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, porque tienen toda mi confianza, su labor es impecable. Esto además tiene el aval del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Así que con todo el respeto y sin poder juzgar este caso, es un poco sorpresivo.

Pero entonces, ¿no hay riesgo de tomar decisiones desde las cárceles o la Administración mirando con el rabillo del ojo a los tribunales, en este caso la Audiencia Nacional?
Son ámbitos diferentes de decisión. Por mi experiencia profesional, se genera cierta frustración cuando alguien toma una decisión y eso meses después se viene abajo, y además frustrando un proyecto de reinserción. Hay que tratar de buscar un equilibrio. Si no, se produce un choque entre administración penitenciaria y juzgado que no conduce a nada. Lo cierto es que el sistema judicial tiene la última palabra en esta cuestión. Jugar a ‘yo te lo doy y a los cuatro días te lo quitan’ no tiene sentido, ni institucional ni práctico.

Dentro de la Justicia Restaurativa ustedes ponen en valor los encuentros entre victimarios y víctimas. ¿Le preocupa la exposición mediática al respecto? Hay un ejemplo bien reciente al filtrarse que un preso pedía entrevistarse con Maixabel Lasa...
Sí. Creo que hay que hacerlo con la mayor discreción. Que se publicite no tiene ningún sentido ni obedece a los requerimientos de la Justicia Restaurativa. Ni los internos lo quieren –en general, aunque algunos sí–, ni tampoco las víctimas, que lo que quieren es encontrarse con esa persona para hacerle preguntas, a veces reproches, trasladarle sus sentimientos... Ese ruido no es positivo. La información que se dé por salvaguardar el derecho a la verdad debe ser genérica, sin identificar y con discreción. Lo mismo que cuando haces un trabajo con una persona drogodependiente no das publicidad a que esa persona lo ha superado... Y luego está el derecho a la intimidad, a la propia imagen: a las personas privadas de libertad hay que tratarlas con mucho respeto.

Sigue habiendo muchos presos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que están fuera. ¿Hay alguna vía para que no queden fuera del modelo: pedir su traslado, hacerles partícipes de estos mecanismos...?
Tal y como está organizado el sistema, son esas personas presas las que tienen que pedir el ingreso en otro centro penitenciario. La Administración penitenciaria vasca sí que tiene que dar el visto bueno, sí o no. No vamos a hacer una petición porque el sistema no funciona así. Y no se va a plantear un conflicto institucional por esto, estamos colaborando lealmente y hay una sintonía.