El Gobierno de Sebastián Piñera, muy cuestionado, afronta una grave crisis política, con los sectores educativo y sanitario movilizados, a la que en las últimas semanas se ha sumado la vinculación del presidente con los «Pandora Papers» por la venta de propiedades a través de paraísos fiscales para evadir impuestos. El conflicto mapuche ha servido en más de una ocasión como cortina de humo a las autoridades. Ahora, a un mes de las elecciones presidenciales y ante el aumento de los incidentes violentos relacionados con ese largo conflicto relacionado con la reivindicación mapuche de restitución de sus tierras ancestrales y la demanda de autodeterminación, Piñera, que se enfrenta a un juicio político, ha decidido apostar por más represión y por el refuerzo de la presencia militar en el ya militarizado territorio mapuche, lo que ha radicalizado las posturas y del debate político.

El pasado martes, Piñera declaró el estado de emergencia durante 15 días –prorrogable otras dos semanas sin necesidad de aval parlamentario–, acompañado de un despliegue militar en las provincias de Biobío, Arauco –ambas en la región de Biobío–, Malleco y Cautín –estas dos en la región de la Araucanía– ante «los hechos de violencia registrados en los últimos años. La decisión «incluye el nombramiento de jefes de Defensa Nacional», que se encargarán de «restaurar el orden público». Con esta medida, los soldados presentes en ambas regiones participarán en el «mantenimiento del orden», brindando «apoyo logístico» a la Policía y tomando parte en patrullas.

Los mapuche, 1,7 de los 19 millones de chilenos y residentes principalmente en Gulumapu (al oeste de la cordillera de los Andes, bajo administración chilena), llevan muchas décadas reclamando la devolución de sus tierras ancestrales, en manos gran parte de ellas de colonos y empresas forestales y agrícolas; una situación que se repite en Puelmapu (al este de los Andes, en Argentina). Sus demandas, que tomaron fuerza con el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en la década de los 90, cobraron impulso durante el estallido social que sacudió Chile a finales de 2019.

De hecho, la Convención Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución que sustituya a la pinochetista aún vigente está presidida por la académica mapuche Elisa Loncón y 17 de sus 155 integrantes –siete de ellos mapuche– representan a etnias originarias. Eso no significa que algunos líderes mapuche duden de que la nueva Carta Magna vaya a cumplir con sus demandas.

Montajes policiales

El conflicto ha sufrido un incremento de la violencia en los últimos años, en los que se han producido ataques incendiarios contra propiedades privadas no siempre reivindicadas por organizaciones mapuche y ha aumentado la criminalización y represión contra los indígenas, así como el número de víctimas a manos de los Carabineros, artífices de montajes policiales y judiciales para perseguir e inculpar a los nativos y que fueron finalmente desmontados, como son las operaciones Huracán y Andes.

El domingo, dos días antes del decreto de Piñera, se produjeron enfrentamientos en Santiago de Chile entre manifestantes y carabineros durante la Marcha por la Resistencia Mapuche y la Autonomía de los Pueblos, en los que falleció la joven abogada defensora de los derechos humanos Denisse Cortés. La Policía culpó a la pirotecnia de los manifestantes, pero testigos apuntaron a un bote de humo de los antidisturbios, versión que apoyó también la madre de Cortés.

Numerosos sectores políticos, sociales e indígenas han advertido de que la decisión del Gobierno de entregar a los militares, por primera vez en treinta años, el control de la zona en conflicto, «incapaz de implementar políticas efectivas y justas» para solucionar la situación, puede provocar una nueva escalada de violencia y remarcan su apuesta por el diálogo. Los sectores más derechistas, los colonos y la empresas madereras instaladas en territorio araucano había solicitado la militarización de la zona.

La rebelión mapuche ha abierto un nuevo frente a Piñera, pero el presidente utiliza esta carta como cortina de humo para desviar la atención y obtener el respaldo de las fuerzas derechistas del Parlamento para eludir el juicio político que la oposición prepara. No es una estrategia nueva. Ni en Chile ni en otros muchos lugares. Él ha recurrido al «enemigo» interno, pero en 1978 el dictador Augusto Pinochet se sacó de la manga un conflicto territorial con la Argentina del dictador Jorge Rafael Videla en torno a las islas del sur del canal Beagle para buscar el apoyo de los chilenos y echar un manto sobre las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo bajo sus órdenes.

Pérdida de territorio y falta de reconocimiento

Los mapuche han ido perdiendo territorio en favor de colonos europeos y empresas forestales y agrícolas con gran peso en la economía, muchas veces con prácticas engañosas, desde la formación del Estado chileno. Los Gobiernos de centroizquierda o de derecha, cuyo modelo descansa en la explotación de los recursos naturales –muchos en las tierras fértiles de la Araucanía que, a pesar de ello, tiene el mayor índice de pobreza (17,4%)–, han incumplido sus propuestas y no han fijado un plan que atienda la demanda mapuche de recuperación de sus tierras ancestrales y de un equilibrio entre producción económica y recursos naturales.

Otra de las razones que explica este bicentenario conflicto es la falta de reconocimiento hacia este pueblo y su cultura desde que se creó el Estado de Chile, que no reconoce la existencia de pueblos indígenas en su actual (todavía) Constitución. Según declararon expertos a BBC Mundo, en el origen del conflicto se sitúan los altos índices de pobreza, la exclusión política y social, el racismo y los estigmas culturales. «Hay un racismo escondido», aseguran.