La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno de la CAV, Olatz Garamendi, ha comparecido este lunes en el Parlamento de Gasteiz para explicar el proyecto de ley del Recurso de Casación Civil Vasco, que regula los supuestos en los que cabe el recurso de casación ante los tribunales de justicia cuando las controversias judiciales afectan al Derecho Civil Vasco.

La iniciativa plantea la mejora de las condiciones de admisión de este tipo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), eliminando la cuantía económica mínima del proceso, fijada en 600.000 euros, para poder enjuiciar un asunto en casación. Un requisito «demasiado elevado, lo que provoca que en Euskadi los casos que llegan al TSJPV sean escasos». 

Garamendi ha insistido en que el proyecto de ley responde a la necesidad de impulsar una norma que recoja las especialidades del recurso de casación, que se adapte a las particularidades y necesidades del Derecho Civil Vasco, «no con ánimo de promover conflictos, sino a fin de que puedan haber más casos que lleguen a casación y, así, nuestro TSJ, se pronuncie más a menudo».

«De esta forma, dispondríamos de un análisis judicial y una doctrina que enriquecería y mejoraría nuestro propio Derecho Civil», ha añadido, y ha reiterado ante los grupos parlamentarios que la intención del Ejecutivo es «mejorar las condiciones de admisión del recurso de casación, ampliando las posibilidades de que el TSJPV pueda entrar al fondo de cada asunto y dictar sentencia».