Los pensionistas de Euskal Herria están trasladando sus reivindicaciones a los parlamentos de Gasteiz y Nafarroa. En el primer caso, lo harán el próximo jueves 28, mientras que en Iruñea lo han hecho hoy mismo con una manifestación por las calles de la capital que ha terminado con una concentración ante el Legislativo.

Varios cientos de personas se han reunido frente al Ayuntamiento de Bilbo, como todas las semanas, y han anunciado que el próximo jueves se movilizarán frente al Parlamento de Gasteiz.

El objetivo es entregar a los grupos parlamentarios sus reivindicaciones y pedirles que exijan a los Gobiernos de la CAV, de Nafarroa y del Estado español que adopten medidas de financiación para cumplir con sus necesidades.

Entre las reivindicaciones por las que se movilizan todas las semanas se encuentran una pensión mínima de 1.080 euros; un sistema de cuidados y asistencia dignos y gratuitos; la mejora de la Renta de Garantía de Ingresos y un plan de salud que tenga en cuenta a las mujeres, entre otras cuestiones.

Consideran que estas medidas «no pueden esperar un día más» y defienden que movilizarse es su única garantía para que los representantes políticos hagan «lo que sea necesario».

Para la movilización del próximo jueves han organizado varios autobuses desde diferentes puntos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, donde ya hay previstos ocho autocares.

Ante el Parlamento navarro

Mientras, los pensionistas de Nafarroa han exigido esas mismas cuestiones esta mañana frente al Parlamento navarro, en Iruñea.

La movilización, convocada por las Asociaciones de Pensionistas Oneka, Nafarroako Pentsionistak Martxan y Sasoia, ha comenzado con la habitual concentración de los lunes frente a Ayuntamiento de Iruñea y ha discurrido frente a la sede del Gobierno navarro y el Parlamento, donde han entregado un escrito con sus principales reclamaciones.

Ante el Legislativo se ha producido un momento de tensión, ya que se ha formado ante ellos un cordón de agentes de la Policía española que han pedido a las personas que portaban la pancarta que se identificaran, arguyendo que había un problema con el permiso concedido, según ha informado Ahotsa.

En declaraciones a los medios, el portavoz del colectivo de pensionistas en Nafarroa, Benito Uterga, ha criticado que «las medidas que se están planteando ahora lo que hacen es ir a debilitar más el sistema público de pensiones, no a reforzarlo».

«Con la verborrea de que se quiere garantizar a largo plazo el sistema público de pensiones» han aplicado ya varias reformas que han hecho que estas sean «cada vez más insuficientes», ha denunciado.

Según ha comentado, el ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es «muy partidario de profundizar en la reforma de Zapatero y eso va a suponer una reducción mucho más fuerte de las pensiones iniciales independientemente de que luego se plantee el IPC», pues el problema está en la cantidad con la que se accede a la pensión inicial.

Ante esto, ha indicado Uterga, exigen «la derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013», que «están penalizando las pensiones a las personas que acceden» al sistema «con importantes pérdidas de poder adquisitivo», así como «una pensión mínima suficiente de 1080 euros como recomienda la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea».

Ha aludido también a la necesidad de establecer un salario mínimo de 1.200 euros y que la Seguridad Social se haga cargo solo de los gastos que le corresponden.

Asimismo, el movimiento de pensionistas ha pedido acabar con los recortes en prestaciones y servicios que conllevan efectos negativos en el ámbito sanitario y socio sanitario de atención a la dependencia y una política de producción y comercialización de la energía de carácter público que garantice a la ciudadanía el acceso a un servicio de primera necesidad.

Sobre la eliminación del factor de sostenibilidad, Uterga ha asegurado que «no hay ningún cambio real», solo una modificación de la terminología a «factor de solidaridad intergeneracional, que viene a ser lo mismo».

Preguntado por las negociaciones del Gobierno español con Europa, Uterga ha reconocido que «recortes está claro que va a haber», pero para él. «el problema es a dónde van esos recortes, porque en lugar de ir a los servicios sociales como pueden ser las pensiones, la sanidad o la educación, podrían ir a otros estamentos que no aportan prácticamente nada al PIB».

En este sentido, se ha preguntado cuál es la aportación a la riqueza del Estado del Ejército o la Iglesia, que «reciben un montón de miles de millones al año y nadie plantea recortar de ahí».