Los grupos de la oposición se han mostrado dispuestos este miércoles a «mejorar» el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática elaborado por el Gobierno Urkullu con la intención de reconocer a las víctimas del franquismo y repararlas moralmente (judicialmente no porque lo impide la Ley de Amnistía que puso el punto final a esos 40 años de crímenes y represión). Lo más llamativo del debate hoy en comisión ha sido la actitud de PP-Cs y Vox, que han intentado recrear que esta norma excluye a las víctimas de ETA, cuando es evidente que ya tienen otras normativas para obtener su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Así se lo ha recordado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Beatriz Artolazabal ha explicado en comisión en el Parlamento los detalles de esta norma que inicia ahora su tramitación, situando su objetivo en «la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura».

«No es un ley de bandos. No es una ley para resucitar ningún viejo fantasma. Es una ley para restituir la dignidad a quien no se le ha restituido. Es una ley para reparar la injusticia», ha planteado.

Desde la oposición, tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos-IU han saludado la llegada de este proyecto, aunque han considerado que podría haber llegado antes y que tiene margen de mejora, mientras que ni PP+Cs creen que fuese necesario al estar en vías de aprobación una ley estatal y al discrepar por distintos motivos con su contenido.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha opinado que el texto «pone el listón muy bajo» porque no sitúa a las víctimas del franquismo «en el centro"»y las considera «un mero decorado». Aprecia una ley «meramente conmemorativa».

En este sentido, ha asegurado que a las víctimas contempladas «no se les otorgan los mismos derechos que a otras» y ha recordado que se ven «condenadas a ir a Argentina a buscar la justicia que aquí se les deniega». No obstante, se ha mostrado dispuesto a trabajar en favor del acuerdo, aunque ha dejado claro que su grupo va a ser «exigente y ambicioso».

Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha señalado que su coalición se va a tomar muy en serio este debate para que el resultado final tenga un «amplio respaldo» y satisfaga los planeamientos de los testimonios de los movimientos memorialistas.

Ha indicado que reparar a las víctimas es muy relevante, pero ha indicado que esta «no debe ser una ley de víctimas para evitar debates interesados», al tiempo que ha defendido que esta norma «debe ser mejorada». «Se lo debemos a quienes defendieron la democracia», ha apuntado.

Ni ETA ni «hordas milicianas», dice Barrio

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha partido de la base de que este proyecto, para su grupo, no es necesario al estar en tramitación en el Congreso la ley estatal, y ha manifestado que está incompleto.

Aquí ha llegado el argumento estrambótico: ha calificado de «ausencia clamorosa» la de las víctimas de ETA como «una protagonista macabra y asesina de buena parte del periodo» franquista. obviando completamente que estas víctimas ya tienen sus normativas propias desde hace muchos años: la última versión es la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011.

También ha dicho echar en falta Barrio que no se mencione a «los asesinados extrajudicialmente en la guerra civil por las hordas milicianas» y en distintas prisiones. Artolazabal ha respondido a esto que en la base de datos de víctimas se registraron 20.000 fallecidos en la contienda, pero que la ley tiene como objetivo «restituir en su dignidad a quienes vieron vulnerados sus derechos por defender los valores democrático y no a quienes vulneraron derechos en nombre de un gobierno militar y su dictadura».

Amaia Martínez (Vox) ha dejado claro que esta ley no le gusta porque «hubo una época que hubo una dictadura franquista, pero también hubo una dictadura del terror y esa no está contemplada».

Desde los partidos que apoyan al Gobierno de Lakua, Iñigo Iturrate (PNV) ha considerado «oportuno» hacer pedagogía ética y democrática en un momento en el que «negacionistas de distinto pelaje se hacen fuertes», mientras que Miren Gallastegi (PSOE) ha insistido en que es una ley «muy necesaria y deseada que salda una deuda histórica».