Por primera vez, la Diputación de Gipuzkoa ha realizado un «proceso evaluador» al unísono en las 65 residencias de mayores que gestiona, ya sea de forma directa o concertada. Y el resultado ha sido «positivo», como ha indicado la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, en la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Donostia, en la que ha estado acompañada de los responsables de este estudio independiente, el economista Alejandro Gómez y el sociólogo Javier Castro.

El «triple objetivo» del informe era «medir la calidad de los cuidados, el impacto de la covid-19 y la capacidad de innovación de los centros». Para ello se invitó a «la totalidad de la red» y han participado 2.026 personas: 247 residentes, 660 familiares y 1.119 trabajadoras y trabajadores.

El estudio se realizó en los meses de junio y julio, combinando «técnicas cuantitativas y cualitativas». Además de la encuesta, se han realizado 14 «talleres de contraste» en los que han participado 112 personas; uno de ellos con familiares de residentes fallecidos a causa del covid. «Esto nos permite obtener una perspectiva de 360 grados», ha subrayado la diputada foral.

Las personas usuarias, las más satisfechas

Los resultados generales indican que «son las propias personas mayores las que mejor han valorado la atención que reciben» (77,2%), seguidas de las familias (73,5%) y de los profesionales que trabajan en estos centros (62,7%).

Entrando en detalle, un 78,1% de las personas residentes ha valorado positivamente la gestión de la crisis provocada por la pandemia, mientras que la tasa desciende entre los familiares (66,1%) y aún más entre el personal profesional (59,2%).

Los porcentajes mantienen esas diferencias, grosso modo, en los otro cuarto apartados con los que se ha medido la «calidad de atención»: bienestar material, bienestar físico, bienestar psicosocial y personalización en el cuidado.

La «crisis reputacional», a las espaldas de los medios

Esta evaluación de los centros se ha producido en un contexto que no solo ha estado marcado por la pandemia, sino también por un largo conflicto laboral que viene de atrás, con más de 250 jornadas de huelga en los últimos tres años –las próximas jornadas de paro convocadas por ELA son las de mañana, 28 de octubre, y la del 12 de noviembre–.

Y estos dos factores han confluido en las numerosas denuncias que las trabajadoras han hecho públicas ante las carencias de los servicios que prestan las residencias.

Paradójicamente, en el informe presentado hoy por la Diputación se indica que «el tratamiento de la gestión de la covid-19 realizada en los medios de comunicación ha generado una crisis reputacional de los centros residenciales, no afectando solo a la imagen de los centros, sino también a la de los profesionales».

Los responsables del estudio han comentado que la sensación entre las trabajadoras que han participado en el mismo es que la labor que se realiza en las residencias ha sido «demonizada» y que, incluso, sentían que «trabajaban en unos centros en los que se maltrataba a las personas».

Han precisado que esa ‘mala reputación’ supuestamente trasladada a la opinión pública por los medios no estaba centrada en Gipuzkoa, sino que ha sido general en el Estado español.

Dos «hallazgos» que han dado lugar a sendas paradojas

En el estudio también se han constatado dos «hallazgos significativos», tal como han subrayado sus autores, que hacen referencia a la relación entre las ratios (personal trabajador/residente) y la calidad de los cuidados, y entre las mismas ratios y la personalización de los cuidados.

Precisamente, la cuestión de las ratios es una de las bases de la movilización sindical en este sector, ya que las centrales mayoritarias consideran que hay que ampliar notablemente las plantillas.

La conclusión es que «existen diferencias entre la percepción sobre las dotaciones de personal y la atención que se presta», lo que «sugiere que existe un desajuste real y experiencial sobre cómo se comprende la relación entre ratios y calidad, y ratios y personalización».

La primera paradoja sería que «los datos obtenidos muestran que, a pesar de una teórica insuficiencia de ratios, la calidad de la atención es satisfactoria para residentes, familiares y profesionales».

Por otro lado, cuando se ha consultado sobre las «áreas de mejora de futuro», la de las ratios aparece como «la última», mientras que las primeras hacen referencia al «impulso del modelo de gestión más ecológico, a fortalecer los derechos de las personas residentes o al fortalecimiento de la comunicación con las familias».

Los autores del estudio consideran que «estamos ante otra paradoja». Lo que sucede es que, como se recoge en el resumen ejecutivo distribuido en esta comparecencia, se demandó a todas las personas consultadas que priorizaran las áreas, y resulta que hay un mayor consenso en la necesidad de mejorar «la sostenibilidad y el medio ambiente» (80%) que en hacer lo mismo con «la dotacón de personal (en diversidad y cantidad)» (66,6%).

«Las residencias del futuro»

La diputada de Políticas Sociales anunció que este proceso evaluativo se repetirá con esta misma metodología como eje de la «voluntad de mejora continúa» de los servicios que ofrecen las residencias en este herrialde. Un proceso en el que, según ha dicho Peña, participarán trabajadores y directores de los centros, familias y personas usuarias.

De hecho, ha señalado que la próxima semana ya se han concertado citas con esos tres colectivos. Y uno de los temas a debatir es el de las ratios, «desde una perspectiva estratégica que dé respuesta a cuestiones como la especialización, la combinación de perfiles de dependencia o la distribución modular de los centros».

Precisamente, al comentar «la visión del futuro», los autores del estudio han indicado que las residencias «deben ser desarrolladas sobre la base de un enfoque estratégico y participativo, que organice los servicios y los espacios sobre la base de un nuevo modelo de cuidados».

Y han establecido cinco características con las que deberían contar «las residencias del futuro»: espacios móviles y adaptables según las necesidades; habitaciones individuales e individualizadas; cuidado personalizado para la integración de los proyectos de vida; centros organizados en torno a un enfoque inclusivo, no solo de las familias, sino también del voluntariado y de la comunidad próxima; y centros innovadores entendidos como ecosistemas de servicios (tecnológicos, sanitarios, sicosociales, hotelería...).