Aingeru Zudaire, que perdió la visión de un ojo a escasos metros del Parlamento navarro durante una huelga general en 2012, ha puesto rostro este viernes al informe ‘Stop Balas de Goma. Informe sobre el empleo e impactos de las balas de goma en el Estado español desde un enfoque de derechos humanos (2000-2020)’.

«Durante una carga, recibí un impacto. Desvié la trayectoria de la pelota, si no los daños hubieran sido aún mayores. Me llevaron hasta el Paseo Sarasate. Me junté con el parlamentario Koldo Martínez, que es médico. Él mismo me mandó al hospital. Tuve varias operaciones. La consecuencia ha sido la pérdida casi total de la visión de un ojo», ha explicado Zudaire. 

Su caso llegó a juicio, donde se determinó que una bala de goma lanzada por un policía español de la VI UIP le había dejado tuerto, pero no se pudo esclarecer quién disparó. Y, en consecuencia, no hubo condena. 

Lo sucedido a Zudaire es lo mismo que le ha ocurrido a todos los demás lesionados de forma irreversible. No hay en el Estado español condena alguna contra el autor de un disparo con bala de goma por causar lesiones.

La única excepción a la impunidad que se ha instaurado en el uso de este tipo de material ocurrió tras la muerte de Iñigo Cabacas, pero el único condenado no fue quien disparó, sino un mando de la Ertzaintza. 

En el periodo investigado 2000-2020, 15 personas han perdido la vida a causa de las balas de goma, según se indica en el informe que contabiliza, además de a Cabacas, a 14 migrantes que se ahogaron en el Tarajal mientras la Guardia Civil les disparaba para que no alcanzaran la costa. Se consideran estas muertes como «fallecimientos indirectos».

Además de estas muertes en Ceuta, del total de lesiones, las graves o incapacitantes recogidas en el estudio suponen un 37,5% del total. 

En cuanto a qué cuerpos son los que más lesiones o muertes causan en el Estado con este material, destaca la Guardia Civil (debido a su empleo en Ceuta) con 18 casos, los Mossos con 14, la Policía española con 6 y la Ertzaintza con 2. 

Según concluye el informe, «las balas de goma son disparadas con una energía de 144 julios, por lo que son potencialmente letales y tienen una alta probabilidad de producir lesiones graves, que pueden mutilar o dejar con secuelas a quienes reciben el impacto».

Choque con los derechos humanos

El informe que se presentó puertas adentro va mucho más allá de relatar cuántas personas han sufrido lesiones graves o incluso la muerte por balas de goma en estos 20 años. Además, incluye un resumen normativo que evidencia que la normativa que rige en el estado no se ajusta a las directrices de la legislación internacional. 

Cabe remarcar aquí que tanto la Ertzaintza como la Policía Foral dejaron de emplear la munición tradicional por otra que, hasta la fecha, ha demostrado tener un menor potencial lesivo y permite mayor precisión de disparo. La Ertzaintza introdujo el cambio tras el fallecimiento de Cabacas y la Foral, durante la pasada legislatura con María José Beaumont como consejera de Interior. 

No obstante, en Nafarroa se da la particularidad que el control de protestas y manifestaciones no recae sobre la Policía Foral, salvo en contadas ocasiones, por lo que el uso de pelotas de goma queda en manos de la Policía española que actúa en territorio navarro con las mismas normativas y procedimientos que en el resto del Estado. 

Por norma general, el empleo de las balas de goma por parte de la policía española tiene lugar precisamente en manifestaciones y concentraciones. Y no debiera ser así. Según sostiene el informe, «de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las balas de goma no deben ser usadas de forma indiscriminada ni automática y, por lo tanto, no deben usarse en ningún caso para dispersar una manifestación o concentración».

Asimismo, la Policía española y la Guardia Civil tampoco disparan correctamente este material potencialmente mortal. Tanto las Naciones Unidas como la OSCE no permiten «el disparo indirecto de los proyectiles haciendo que reboten en el suelo antes de alcanzar a las personas, puesto que la aleatoriedad de la trayectoria supone un riesgo inaceptable». 

Uso incorrecto y funcionamiento al margen de la ley

Otra de las irregularidades detectadas en Stop Balas de Goma es que más de la mitad de las víctimas por impacto de balas de goma documentadas en el Estado español en el marco de esta investigación (18 personas, un 69 % de las 26 que recibieron un impacto), lo sufrió en la zona de la cabeza y otras 5 en el tronco superior del cuerpo. La guía para el uso de «material menos letal» por parte de la ONU, «prohíbe disparar a la cabeza, el cuello, el pecho y la ingle». 

En sí, tampoco las balas de goma pasan los estándares internaciones, en tanto que es una munición sin trazabilidad. No se sabe quién la disparó y esto genera una impunidad intolerable. Es un material, por tanto, «obsoleto».

A esto se suma el encubrimiento de estos casos dentro de la Policía española y la Guardia Civil. Así, el informe sostiene que nunca uno de estos cuerpos ha facilitado la identificación del autor de un disparo. No consta que se hayan abierto expedientes tampoco en casos donde se haya producido lesión irreversible. Se ocultan también datos específicos del material (pelotas, lanzapelotas, reductores de energía...) que se emplean.  

Asimismo, Stop Balas de Goma! recuerda que el uso discriminatorio como castigo o represalia de este material está considerado como «tortura o trato cruel, inhumano o degradante, de acuerdo con la definición de la Convención para la prohibición de la Tortura».

En último término, el informe también recuerda que son muchos los países que, para adecuarse e a la normativa internacional, han acabado prohibiendo este tipo de material antidisturbios: Dinamarca, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Rumanía y Suecia, así como la gran mayoría de estados de Alemania.