El juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que surgió tras la publicación de los papeles de Pandora, continuará la semana que viene su tramitación en el Congreso con la recomendación de que no prospere, tras la decisión tomada este viernes por una comisión de diputados.

En una votación no vinculante, por 2 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la instancia formada por 5 diputados rechazó la admisibilidad del juicio que busca la destitución o inhabilitación del presidente.

El origen de la acusación, impulsada por la oposición, se sitúa en las presuntas irregularidades en la venta de la compañía Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).

Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en los llamador papeles de Pandora, el proyecto se vendió al empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se concretaron en el citado paraíso fiscal.

«Aquí hay hechos que han afectado a Chile (...). Nunca se ha llegado a aclarar por qué se hizo un negocio fuera de nuestro país y aunque (Piñera) haya sido sobreseído, no hay motivo para no juzgarle políticamente», ha señalado Maya Fernández, presidenta de la comisión y que votó a favor.

La votación clave, el próximo lunes

Pese al informe negativo emitido por la comisión –donde dos diputadas de derecha votaron en contra, dos opositores a favor y un independiente se abstuvo–, el procedimiento continuará y el próximo lunes será la cita clave, la votación en la Cámara de los Diputados, donde se requerirá del apoyo de 78 de los 155 parlamentarios.

En caso de prosperar, se analizaría posteriormente en el Senado, donde necesita un quórum de dos tercios.

Este procedimiento, denominado «acusación constitucional», que faculta a los parlamentarios a inhabilitar y destituir a cargos públicos, transcurre en paralelo a una investigación judicial a petición del Ministerio Público por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación financiera.

El mandatario, que presentó su defensa por escrito la pasada semana, ha defendido en dos comparecencias públicas haberse desvinculado de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y afirma que lo revelado en los papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.

El argumento más controvertido del juicio fue la información revelada por el ICIJ sobre una presunta cláusula del contrato de compraventa que condicionaría el pago de la tercera y última cuota a que la zona donde se iba a instalar el yacimiento no fuera declarada de protección ambiental.

La mina, que todavía no está construida, va a emplazarse en la región de Coquimbo, al norte del país,  cerca de una reserva de pingüinos de Humboldt única en el mundo, que no está protegida pese a los señalamientos de organizaciones ambientales y de la oposición.

El juicio político transcurre durante los últimos meses de mandato de Piñera, que posee una de las mayores fortunas del país y abandonará el cargo el próximo marzo, y coincide con la campaña para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.