El fin de la acción armada de ETA en octubre de 2011 trajo consigo una serie de movimientos políticos relacionados en ocasiones con sus víctimas y en otras con intereses ajenos a ellas. Entre estos últimos figuraba el objetivo de mantener la presión sobre los militantes vascos –en prisión o huidos– y su entorno, la izquierda abertzale entonces aún ilegalizada y perseguida. Fue la época en la que diversos trabajos señalaron que a causa de la actividad de ETA se habían «exiliado» 383.000 residentes en Hego Euskal Herria o que el 94% de los atentados de ETA estaba sin resolver porque «no se había esclarecido su autoría intelectual».

En el acto de Aiete que ahora ha cumplido una década, Covite entregó a los asistentes internacionales un ejemplar del libro “Vidas Rotas”, publicado en 2010 entre otros por Florencio Domínguez, hoy director del criticado por parcialidad Centro Memorial de Gasteiz, en el que aparecía una ficha de todas las víctimas mortales de ETA. La fuente principal del trabajo eran las crónicas del diario ‘ABC’ desde los tiempos franquistas, y en esa lista que se convirtió en oficial aparecían 857 muertos. Un inventario con decenas de errores, algunos de bulto como el de la bebé Begoña Urroz u otras víctimas originadas por mercenarios o agentes a sueldo del Estado y atribuidas falsamente a ETA.

A partir del libro, Covite –dirigida entonces por Maite Pagazaurtundua– alumbró la idea de preparar un censo de víctimas mortales de ETA cuya autoría no estaba zanjada judicialmente, y que encargó al periodista Juanfer Calderín, actualmente jefe de gabinete de la vicesecretaría estatal de Organización del PP. Simultáneamente, la Federación de Víctimas del Terrorismo, también presidida por Pagazaurtundua, instaba a la Audiencia Nacional a realizar un estudio sobre los atentados sin resolver. Surgieron entonces los primeros informes, el de la Fiscalía de la AN incluido, con 327 primero y luego 349 «crímenes de ETA sin resolver». Calderin se apuntaba a esas cifras, aunque documentaba 233, la mitad entre los años 1978 y 1980.

El fin de ETA concitó también una tercera línea de actuación desde instancias estatales: la de abrir causas a punto de expirar judicialmente. La prescripción del delito, contemplada en el Código Penal, tenía algunos vericuetos para ser evitada, con la reapertura de sumarios, aunque fuera de manera temporal, para sustraer la llegada del cierre definitivo de la causa. Así que las tres líneas se unieron para reforzar, de paso, el relato oficial sobre el conflicto. En 2018 se unificaron las tendencias con un manifiesto firmado por numerosas personalidades e intelectuales constitucionalistas bajo el título “Por un fin de ETA sin impunidad”.

La base ideológica y dialéctica dio paso a la creación en la Audiencia Nacional, ese mismo 2018, de una fiscalía bautizada como “Coordinación para los delitos sin resolver”. Su director fue Marcelo de Azcárraga, antiguo fiscal antidroga en Galiza, enviado ya a Madrid con motivo del seguimiento especial por la Fiscalía de la AN a la organización Resistencia Galega. En recientes declaraciones al diario ‘El País’, Azcárraga señalaba que «la filosofía que hemos manejado desde la Fiscalía y desde esta coordinación es la de que los delitos prescriben, pero el derecho a la verdad no. Para nosotros, lo de la prescripción es lo último».

(El fiscal especial Marcelo de Azcárraga, galardonado por la AVT en 2020. Foto: Marta Fernández | Europa Press)

Hasta la creación de esta fiscalía especial, las asociaciones se apoyaron en la contratación de equipos de abogados para el seguimiento de los sumarios. Especialmente significativo fue el nacimiento de la Fundación Villacisneros, nombre de una antigua colonia española en Sahara y cuyo director es natural de Iruñea, con el fin de investigar las muertes ocasionadas por ETA sin respuesta judicial. Iñigo Gómez-Pineda es su presidente y el más radical en su análisis; «solamente se ha resuelto el 7% de los casos». En 2016, la Fundación Villacisneros contrató a una firma de abogados dirigida por Santiago Milans del Bosch, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, para «investigar los crímenes de ETA sin resolver y reabrir las consiguientes causas judiciales».

En cuanto a los informes, no se supo jamás de la metodología que utilizó la Audiencia Nacional. Tampoco la de los diversos encargos realizados por las asociaciones de víctimas, lo que ha provocado un baile de cifras entre las muertes sin esclarecer que, de extremo a extremo, alcanza más de 250 casos. Algunas fuentes apenas pasan del centenar, mientras otras las elevan a más de 400.

Este oscurantismo en el método ha llevado a que no se conozcan con exactitud cuáles son los casos sin condenados a los que se alude y, por extensión, a los que no han sido resueltos. Las filtraciones indican que un caso no se da por concluido para las asociaciones mientras no sean condenados todos y cada uno de los participantes en la comisión de un atentado con resultado de muerte, aunque el autor sin juzgar por diversas razones (desconocimiento, huida…) haya fallecido. Por eso el número de casos sin resolver que refieren es tan elevado.

Un ejemplo notorio es el de los agentes de la Guardia Civil Raúl Centeno y Fernando Trapero, muertos en Capbreton en 2007 por militantes de ETA, luego juzgados y condenados en París en 2013. En la lista de Calderín aparece su causa como pendiente de resolver porque la Audiencia Nacional abrió diligencias al respecto, la número 370/07, que cerró una vez conocida la sentencia en París. El epígrafe “Archivo definitivo” de la AN hace suponer al autor del informe que el caso no concluyó.

Tampoco han circulado oficialmente las listas de las muertes sin resolución judicial, con la justificación de la Ley de Protección de Datos, lo que ha originado que, en muchos casos, únicamente los medios se hayan hecho eco de casos particulares. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos no ha sido obstáculo para la difusión de otras listas similares, lo que hace suponer que la verdadera razón se esconda en el cambio de estrategia del colectivo de refugiados vascos con su apuesta por el retorno.

Desde el acto de Biarritz de junio de 2013, 170 refugiados y deportados regresaron a sus localidades de origen. Al principio lo hicieron consultando los sumarios en los que podrían estar implicados. Pero desde 2015 la Audiencia Nacional se ha negado a ofrecer esa información, presionada por las asociaciones de víctimas. Y esa es la razón de que, desde ese año, las listas de «crímenes sin resolver» no se hagan públicas, lo que, por otro lado, alimenta la ligereza en los criterios utilizados. Sin contrastes externos, los nombres que circulan en esas listas contienen numerosos errores.

(El acto de los exiliados en Biarritz escenificó el compromiso con el retorno. Foto: Gaizka Iroz)

En estos diez años, asimismo, los bailes de cifras han sido constantes. A modo de ejemplo cabe señalar que en 2014 el Gobierno Vasco apuntaba a 197 casos sin resolver, lejos de los datos de 2021. El origen de las divergencias se encuentra en las fuentes sobre las víctimas mortales originadas por los diversos grupos vascos. Aunque en la década de 1980 hubo media docena de organizaciones armadas vascas que causaron, al margen de ETA, decenas de muertos, en la actualidad todas ellas han sido integradas en el «todo es ETA» aplicado también a organizaciones civiles.

También es fuente de la disparidad el hecho de que algunas asociaciones integren en sus listas atentados con causa de muerte cuyas víctimas recibieron indemnizaciones a través de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. El paradigma de esta distorsión es el incendio del Hotel Corona de Aragón, sucedido en julio de 1979 en Zaragoza, en el que murieron 83 personas. Aquel hecho, probablemente fortuito, fue utilizado por la AVT, que lo imputó a ETA. Todas las investigaciones policiales y judiciales descartaron su autoría, desde en 1982 la Audiencia de Zaragoza hasta en 2013 en la Audiencia Nacional. En 2009, sin embargo, el Tribunal Supremo reconoció a una de las víctimas el derecho a recibir la Gran Cruz del Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, lo que provocó un aluvión de peticiones de los familiares de los fallecidos en el incendio del hotel.

La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior define que las víctimas mortales causadas por ETA fueron 859, entre las que no se encuentran las del incendio del Hotel Corona de Aragón, como tampoco otras en su día achacadas también a la organización vasca, como las del accidente del avión IB610 en el monte Oiz en 1985 en el que fallecieron 148 pasajeros, las de la explosión de gas en una escuela en Ortuella que mató a 50 escolares y tres profesores o la que el Gobierno de Aznar imputó a activistas vascos con motivo de la masacre yihadista de los trenes en Madrid en marzo de 2004, con la muerte de 193 viajeros.

Y en estas listas tampoco aparecen las muertes ocasionadas por los agentes del Estado. En 2014 el Gobierno Vasco encargó a un grupo de trabajo un informe «sobre atentados terroristas con resultado de muerte no esclarecidos cometidos entre 1960 y 2014». En aquel comité se encontraban, entre otros, José Antonio Martín Pallín, magistrado del Supremo, y Carlos Fonseca, periodista. Fue el único trabajo que abordó, de manera muy parcial, los casos sin resolver con origen en el BVE o los GAL. Y lo hizo de manera tangencial porque, de las 83 muertes ocasionadas en ese periodo por los grupos parapoliciales en Euskal Herria, únicamente analizó la mitad. De la primera época, únicamente hubo sentencia contra Ignacio Iturbide y Ladislao Zabala (Triángulo de la Muerte). Del resto, sobreseimiento o ausencia de datos (60%).

Resulta llamativa, asimismo, la evocación a la Ley de Amnistía de 1977 que realizan las asociaciones para, algunas de ellas, incorporar también a los casos sin resolver los que acabaron en indulto a sus autores. Hay un caso especialmente ilustrativo, el referido a la muerte de Javier Ybarra y Bergé, presidente de la Diputación y alcalde franquista de Bilbao, por un comando de ETA p-m. el 22 de junio de 1977. Las asociaciones lo incluyen en su listado porque el decreto de amnistía, que fue en octubre de ese año, aludía a actos cometidos anteriormente al 15 de junio, una semana antes de la muerte del exalcalde. Sus presuntos autores fueron amnistiados.

Siguiendo el argumento de la invalidez de la Ley de Amnistía para los atentados de ETA, y por simple sentido de la ecuanimidad, habría que introducir asimismo a los 114.226 hombres y mujeres ejecutados por el régimen franquista, según el estudio realizado por el juez Baltasar Garzón. Probablemente con mayor solidez judicial, ya que la mayoría fueron desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, cuyos crímenes no prescriben.

Tampoco aparece, en las listas difundidas anteriores a la opacidad impuesta en 2015, caso alguno concerniente a los en cierta ocasión llamados «excesos policiales» con resultado de muerte; ni siquiera en el trabajo del Gobierno Vasco. Conocida la impunidad de los agentes del Estado, al parecer esos excesos están amortizados, como ocurre con el caso recientemente difundido en las memorias de Emilio Alonso Manglano, director de los servicios secretos hispanos, donde se certifica que desde el Ministerio del Interior se enviaron cartas bomba a militantes de la izquierda abertzale. De la explosión de una de aquellas bombas falleció en 1989 el cartero José Antonio Cardosa, incluido como víctima de ETA por diversas asociaciones y el propio Ministerio del Interior.

No hay reconocimiento alguno de la tortura y por tanto tampoco atisbos de que muchas de las pruebas condenatorias provinieron de los malos tratos. Tampoco existen referencias a los muertos por tortura que, siguiendo los parámetros en los que la Audiencia Nacional fija los casos a resolver, constatan una impunidad total. Y es que de los 19 fallecidos por malos tratos en comisarías vascas, desde que los mismos fueron denunciados como ataques a los derechos humanos por Naciones Unidas, no ha habido condena alguna, con la excepción de la muerte de Joxe Arregi en 1981. Un matiz relevante: de los 70 agentes que participaron en la rueda de la tortura, sólo dos fueron condenados, y posteriormente indultados.

(Mikel Zabalza, uno de los casos de tortura totalmente impunes, recordado en el barrio donostiarra de Altza. Foto: Juan Carlos Ruiz | FOKU)

En las listas conocidas también se encuentran los fallecidos en acciones de ETA p-m., los polimilis que negociaron su disolución en 1982. En el caso de los presos pendientes de juicio, salieron en libertad condicional y luego fueron juzgados, siendo absueltos o su causa sobreseída. Cuando los presos ya estaban condenados, accedieron a la libertad a través de indultos individualizados. Los huidos se presentaron en la Audiencia Nacional, quedando posteriormente libres. Las decenas de causas cerradas por aquella negociación avalada por el Gobierno español forman parte del paquete que en la actualidad también desean abrir diversas asociaciones.

Junto a ello, también siete sumarios y diligencias expurgados del archivo de la AN por la presunta implicación de los aparatos del Estado. El caso más llamativo es el del periodista José María Portell, implicado en una negociación fracasada con ETA. Su expediente, que debería contener también información sobre el atentado contra el refugiado Juanjo Etxabe en el que falleció su compañera Agurtzane Arregi, ha desaparecido, y su caso sigue marcado como «a resolver».

El Gobierno Vasco se equivoca cuando imputa a ETA, y marca su muerte «sin resolver», el fallecimiento de Maritxu Eraunzetamurgil en 2001 en el bar Txioka de Donostia, en tiempos en los que estaba siendo procesado el general Galindo. Fue un acto de guerra sucia.

El primer trabajo encargado por Covite de «crímenes sin resolver» imputa a ETA las muertes de tres personas en una guardería de Bilbao al estallar una bomba colocada por un grupo parapolicial. También la desaparición de Joxemiel Etxeberria «Naparra», a pesar de que fue reivindicada e investigada por la Audiencia Nacional como acción del BVE.