El Tribunal General de la UE ha desestimado el recurso que Google había interpuesto por una sanción adoptada en 2017 por prácticas anticompetitivas en el mercado de comparación de precios. La sentencia, conocida este miércoles es recurrible ante ‘el pleno’ del Tribunal de Justicia.

Esos dos órganos conforman el TJUE. Mientras el Tribunal General resuelve los recursos de anulación que presentan particulares y empresas, el propiamente llamado Tribunal de Justicia suele resolver cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales de los Estados miembro, así como algunos recursos de anulación y los de casación.

En este caso, según se ha dado a conocer este miércoles, «el Tribunal General desestima la mayor parte del recurso presentado por la compañía y confirma la multa impuesta por la Comisión». La corte con sede en Luxemburgo ha concluido que Google había «abusado de su posición dominante al favorecer su propio comparador de productos sobre los comparadores competidores».

Como ha señalado el tribunal en un comunicado, Google Shopping se benefició de «una presentación y un posicionamiento privilegiados», mientras que los resultados de los comparadores de la competencia fueron relegados a las páginas de resultados de búsqueda «a través de algoritmos de clasificación».

«Google sigue sin demostrar ningún aumento de eficiencia vinculado a esta práctica que compensaría sus efectos negativos sobre la competencia», ha añadido.

Además del abono de la multa, se pidió a Google que solucionara el problema bajo pena de otras sanciones, incluso mientras continúa el proceso legal. La empresa tuvo que cambiar la visualización de los resultados de búsqueda para adaptarse a los servicios de la competencia. Pero estos siguen insatisfechos porque consideran que Google continúa tratándoles injustamente.

Tres disputas judiciales abiertas

Esta es una de las tres principales disputas abiertas por Bruselas contra el gigante de los motores de búsqueda estadounidense y que son objeto de batallas legales a largo plazo. En total, reclama al grupo de Mountain View (California) unos 8.200 millones.

La multa impuesta por Bruselas en junio de 2017 fue en ese momento un monto récord, que se superó al año siguiente con otra sanción de más de 4.300 millones por considerar que Google firmó contratos ilegales con los fabricantes de dispositivos Android.

La Comisión Europea también sancionó a Google con una multa de 1.500 millones de euros en marzo de 2019 por prácticas anticompetitivas de su red publicitaria AdSense.

El caso resuelto ahora por el Tibunal General era una importante test para la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, que el año pasado sufrió una dolorsa derrota frente a Apple en la Justicia europea tras haber denunciado los beneficios fiscales recibidos por esta compañía en la República de Irlanda.

Algunos expertos creen que esta decisión judicial podría alentar a Bruselas a abrir nuevos procedimientos dirigidos a otras actividades de Google objetos de quejas similares, particularmente en el campo de los alquileres de pisos de vacaciones o los anuncios de trabajo.

No obstante, al constatar la lentitud de las investigaciones y los recursos legales, la UE también está en proceso de redactar una nueva legislación para intentar meter en el redil a los gigantes digitales.

Así, en diciembre de 2020, Bruselas presentó un proyecto de reglamento (DSA/DMA) que prevé obligaciones y prohibiciones para este tipo de compañías, acompañadas de sanciones disuasorias. El texto está siendo examinado actualmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros.