Elkarrekin Donostia ha instado este miércoles, por tercera vez, a los grupos municipales PNV y PSE a que retiren inmediatamente la medalla de oro con la que fue galardonado el ministro franquista Federico Silva Muñoz.

Haizea Garay, concejala en el Ayuntamiento del grupo municipal Elkarrekin Donostia, ha criticado que desde que se solicitó la retirada de la medalla, allá en 2017, los Gobiernos municipales del PNV y PSE «no han movido un solo dedo». Con ello, la concejala acusa al Gobierno municipal de «pasotismo» y apunta asimismo «la dejadez de este Gobierno en la recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo».

«Conseguimos que aprobara la moción en la que solicitamos al Gobierno municipal que activara el procedimiento para la modificación del Reglamento de Distinciones y Honores de la Ciudad, con el fin de que se procediera a la retirada de distinciones y honores concedidas por el Ayuntamiento durante la dictadura de Franco», ha recordado Garay en el pleno municipal refiriéndose a la solicitud de la formación morada en setiembre de 2017.

Además, la concejala ha denunciado que un año más tarde, en setiembre de 2018 y a la vista del «inmovilismo» del Gobierno de PNV-PSE, Elkarrekin Donostia «volvió a proponer» y «de nuevo se aprobó a instar» al Gobierno municipal para que este diera luz verde a la modificación del Reglamento de Distinciones y Honores para que así permitiera la retirada de la medalla de oro al ministro franquista Federico Silva Muñoz.

En aquel entonces, el PNV y PSE tenían un plazo de 3 meses para comenzar con los trámites. Sin embargo, ya han pasado 3 años desde entonces y Elkarrekin Donostia cree que «ni en 3 meses ni en 3 años» van a cumplir con el mandato.

Por lo tanto, Elkarrekin Donostia ha querido trasladar su «denuncia y condena más absoluta a una actitud inadmisible por una parte de una institución democrática».

Asimismo, la edil de Elkarrekin Donostia ha achacado a los grupos municipales PNV y PSE de Donostia haber incumplido la Ley de Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre. Dicha ley obliga a las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, a tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra y de la represión de la dictadura franquista.