La sectorial de ELA-Ertzaintza ha reclamado la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, y ha advertido de que los «sindicatos corporativos están haciendo el caldo gordo a la extrema derecha».

En un comunicado, ha recordado que la Ley Mordaza «se promulgó tras un largo período de movilizaciones de la sociedad civil contra las políticas de austeridad, los recortes en los servicios públicos y las reformas de pensiones y laborales, entre otras».

«Y esa norma ha supuesto una auténtica mutilación de las libertades para que la sociedad se manifieste», ha indicado antes de reconocer que la citada ley «ha permitido que se practiquen miles de sanciones administrativas por el mero hecho, por ejemplo, de que un ciudadano discuta in situ una acción policial, aunque no llegue a la desobediencia».

«Estas sanciones económicas suponen un abuso objetivo que, en la mayoría de los casos, son además irremediables», ha añadido, y ha incidido en que «la Policía existe para proteger a la ciudadanía y para posibilitar que esta ejerza sus derechos».

Ha destacado que «en un sistema democrático se debe garantizar que la Policía desempeñe su labor en condiciones de seguridad. Pero la Ley Mordaza no se hizo para proteger a la policía, sino para evitar la expresión crítica de la ciudadanía frente al poder político».

Por ello considera que «es una buena noticia que se plantee el debate de la derogación de la llamada Ley Mordaza» y pide a los partidos políticos vascos con representación en el Congreso que sean «activos en esta derogación».

Miles de multas a cargo de la Ertzaintza

Cabe recordar que la Ertzaintza ha aplicado miles de multas bajo el paraguas de la Ley Mordaza.

Según consta en una respuesta remitida por Lakua al Parlamento de Gasteiz, las denuncias por «desobediencia y resistencia a la autoridad» instruidas por la Ertzaintza y las policías municipales fueron 6.167 durante el año 2020.

El pasado curso, el movimiento Eleak-Libre alertó de que en Hego Euskal Herria se incoaron más de 28.000 expedientes en base a esa ley entre 2015 y 2018, «más de 8.000 están directamente relacionados con derechos sociales, civiles y políticos».

Este número se disparó hasta las 45.000 multas durante el estado de alarma, impuesto para tratar de frenar la evolución de la pandemia.