El Gobierno de Iñigo Urkullu ha interpuesto recurso de casación ante el auto del TSJPV que no autoriza la exigencia del certificado covid como medida adicional a las establecidas por el Departamento de Salud de Lakua. Los servicios jurídicos piden la validación de este documento para acceder a determinados lugares o establecimientos de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales como vía para tratar de frenar el actual repunte de la pandemia.

Pese al rechazo del TSJPV y la negativa del Gobierno español a modificar la ley para fijar un criterio común, y al rechazo inicial del propio Ejecutivo de Gasteiz a recurrir la decisión, «ante la no adopción ayer de nuevas medidas por parte del Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno Vasco va a agotar las posibilidades para establecer el certificado covid, ya que lo considera una medida que contribuye a la contención de la transmisión del virus», apuntan en una nota.

Este jueves por la mañana, a su llegada al Parlamento, Urkullu ha insistido en que ha sido la parálisis que advierte a nivel estatal la que le ha llevado a cambiar de posición, después de que ni la Comisión de Salud Pública ni el Consejo Interterritorial adoptaran medidas más severas para contener la pandemia

En declaraciones a los periodistas antes del pleno del Parlamento de Gasteiz, Urkullu ha explicado que confiaba en que ambos foros (el primero se celebró el martes y el segundo el miércoles) atendieran las medidas solicitadas desde la CAV como la recuperación de la mascarilla en exteriores y una regulación común a todas las comunidades autónomas sobre el pase covid.

A la vista de que esto no ocurrió en la comisión del martes, el miércoles por la mañana -antes de que se reuniera el Consejo Interterritortial- «repensó» su decisión de no recurrir el veto del TSJPV al pasaporte covid tras hablarlo con las consejeras de Salud, Gotzone Sagardui, y de Gobernanza, Olatz Garamendi.

«Todo es revisable y aunque no somos partidarios de la judicialización, creemos que es una cuestión de sentido común aplicar medidas para preservar la salud individual y colectiva», ha argumentado el lehendakari, que ve conveniente una «unificación de doctrina jurisprudencial» por parte del Supremo ante la «disparidad» de los tribunales regionales.

Los servicios jurídicos

Los servicios jurídicos alegan que «es necesaria una medida de este tipo para contribuir a atajar una nueva ola de transmisión comunitaria del virus y para incentivar, aún más si cabe, la vacunación de toda la ciudadanía». Asimismo, consideran que «la afección necesaria a algunos derechos fundamentales, en este caso libertades individuales, se contrapone con el derecho fundamental a la vida y la salud pública, que debe prevalecer por encima de todo».

El recurso subraya que «la intensidad de la transmisión del virus está aumentando en las últimas semanas y la tendencia es al alza» y afirma que «la situación actual hace necesario tomar medidas de prevención, contención y control de la salud pública».

Del mismo modo, defiende «la proporcionalidad» de la medida en tanto que «la restricción de derechos en este caso es necesaria y adecuada para proteger un derecho de rango superior como son el derecho fundamental a la vida y la protección de la salud».

En cuanto a la extensión territorial de la aplicación de la medida, se justifica que el ámbito territorial para la exigencia de autorización del certificado covid sea el conjunto de la CAV cuando en los últimos 14 días su tasa de incidencia sea igual o superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes, ya que «la reducida superficie territorial» de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, «el alto grado de interacción de sus habitantes y las buenas comunicaciones en todo el territorio y la amplia movilidad de la población no se circunscribe a su domicilio de residencia, sobre todo en lo que respecta a las actividades objeto de autorización».