Los «itinerarios laborales personalizados» para personas presas se implantarán a partir del 1 de enero, según ha dado a conocer la agencia Efe citando al viceconsejero responsable de la cuestión penitenciaria tras la asunción de la competencia por la CAV, Jaime Tapia.

El objetivo, como expresó Tapia en esta entrevista a GARA, sería alcanzar un 40% de personas en régimen de semilibertad, cuando la cota actual es de en torno al 25%. Para ello el Ejecutivo de Lakua va cerrando acuerdos con el llamado tercer sector.

En concreto, ese 1 de enero entrará en escena la agencia pública Aukerak, aprobada con gran mayoría en el Parlamento de Gasteiz y que se encargará de gestionar la preparación y la formación de los presos y presas para su vida laboral una vez que salgan de la cárcel. Cuenta para 2022 con una dotación de quince millones de euros por parte del Ejecutivo Urkullu.

En las declaraciones a Efe, Tapia pone el énfasis en la labor de esta entidad, que asume la misión de contratar en este momento a alrededor de 300 internos que trabajan tanto en talleres como en tareas internas en las cocinas o el economato.

El «plus» que la CAV quiere aportar a este ámbito, según explica Tapia, es el desarrollo de una «orientación profesional personalizada» para cada recluso, paralela a los programas de tratamiento individualizado que ya se establecen con cada preso en función del delito cometido.

«Se trata de preguntar (al preso) que es lo que quiere ser, orientar su formación hacia este objetivo y que además de que le sirva dentro del centro también le sea útil en semilibertad y cuando salga», detalla el juez que ha asumido esta función con rango de viceconsejero, dentro del departamento de Beatriz Artolazabal.

«Lo cualitativamente diferente», añade, radica en que logren incluso una titulación de Formación Profesional en hasta 21 especialidades en ámbitos con «alta empleabilidad» como la limpieza, la cocina, el mantenimiento o tareas similares.

Mejor que Catalunya

El impulso de la semilibertad está también entre las prioridades del modelo, que se marca como meta el citado 40% y se aplicaría en especial a los que tengan condenas inferiores a los cinco años por haber cometido delitos menos graves, matiza Tapia.

Con estas actuaciones «fruto de la sensibilidad jurídica, social e institucional» vasca se busca potenciar el fin último de la reinserción y evitar en la medida de lo posible la reincidencia, reitera.

Confía Tapia en que «con el compromiso de todos habrá algo diferente, un poco mejor y más humano» y aspira a que «en la siguiente legislatura las prisiones vascas se distingan de lo que pasa en Burgos, e incluso de lo que pasa en Cataluña», que tiene una larga gestión de esta transferencia puesto que la recibió en 1983. A la CAV se le ha negado hasta la actualidad con el argumento de la existencia de ETA y Nafarroa aún no dispone de ella, aunque sí acaba de empezar a gestionar un aspecto concreto; la sanidad carcelaria.

¿Y la Audiencia Nacional?

En las declaraciones a Efe, Jaime Tapia insiste en afirmar que a los presos y presas políticos «se les aplicará la legislación penitenciaria al igual que al resto», pero introduce la coletilla de «los condicionamientos legales».

Es aquí donde se abre la vía que puede generar discriminación. Y es que los expedientes de estas personas dependen de la Audiencia Nacional, que ya ha revertido el tercer grado en el caso de Unai Fano, coincidiendo además con la asunción de la transferencia por parte del Gobierno Urkullu el pasado 1 de octubre. Y hay otros recursos de la Fiscalía en marcha, que podrían terminar de igual modo.

En la entrevista a GARA, Tapia no mostró voluntad de confrontar con la Audiencia Nacional, pese a que sus decisiones puedan conllevar una desautorización de resoluciones tomadas por las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Martutene, Basauri y Zaballa que ahora gestiona Lakua. «Lo cierto es que el sistema judicial tiene la última palabra en esta cuestión. Jugar a ‘yo te lo doy y a los cuatro días te lo quitan’ no tiene sentido, ni institucional ni práctico», expuso.

Ahora añade en Efe que «unos nos van a acusar de una cosa y otros de la contraria, pero lo vamos a intentar hacer de manera igualitaria, aplicando el derecho de igualdad. Pero la situación legal es la que es y la aplicación de la ley por parte de los jueces es la que es. No podemos hacer lo que nos dé la gana ni en un sentido ni en otro».