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El Athletic reitera que el proyecto alternativo al fondo CVC es «15 veces más económico»

El Athletic, junto al Barcelona y Real Madrid –los tres clubes impulsores del "Proyecto Sostenible", la alternativa al fondo CVC, reiteran en los beneficios que tiene su propuesta  e insisten en la irregularidades del "Proyecto LaLiga Impulso", impulsado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas. 

La Junta Directiva del Athletic en la Asamblea celebrada en el palacio Euskalduna. (Aritz LOIOLA/FOKU)
La Junta Directiva del Athletic en la Asamblea celebrada en el palacio Euskalduna. (Aritz LOIOLA/FOKU)

Athletic, Barcelona y Madrid, que han auspiciado la alternativa 'Proyecto Sostenible' frente al acuerdo con el fondo CVC denominado Liga Impulso, han enviado una nueva carta a los demás clubes en las que responden al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y reiteran los beneficios de su proposición. Con ello, vuelven a tender su «mano al resto de clubes de fútbol y actores del deporte» para que se unan a su proyecto porque según ellos «es una excelente oportunidad para retomar el consenso que tanto necesita el interés general del fútbol».

En una larga misiva, enviada a los miembros de LaLiga, al presidente de la Federación Española, con copia al ministro de Cultura y Deporte, al presidente del Consejo Superior de Deportes y al propio Tebas, lamentan que «la Presidencia de La Liga haya derivado en un personalismo incompatible con los principios y valores del fútbol y con las funciones, responsabilidades y obligaciones de dicho cargo».

En este sentido, apuntan que observan que «que ninguna de sus comunicaciones valora con el rigor que merece ni las características de Proyecto Sostenible ni las graves irregularidades del proyecto alternativo que promueve». 

«Recordamos el ineludible deber del Presidente de La Liga de actuar como administrador leal de dicha asociación. Dicho deber es incompatible con sus actuaciones incluyendo (i) la pretendida ejecución del Proyecto La Liga Impulso sin un previo proceso competitivo, abierto y transparente, que maximice sus condiciones para todos, (ii) la disparidad en el trato y acceso a información sobre dicho proyecto otorgado a diversos miembros de La Liga y (iii) el ataque a Proyecto Sostenible desde medios propios y afines, cuando no deja de ser una propuesta alternativa que ofrece soluciones legales y razonables a los clubes y que debe ser valorada», añaden.

"En consecuencia, requerimos al Presidente de La Liga que actúe con la lealtad que le es exigible como administrador de dicha asociación, obviando cualquier posición o interés personal que pudiera influir en su comportamiento", precisan en su carta, en la que insisten en que "Proyecto Sostenible, contrariamente a lo que sostiene el Presidente de La Liga, no es un planteamiento conceptual. Aplica una estructura común de financiación, habitualmente empleada por cotizadas españolas, ligas y equipos norteamericanos. Cuenta con precios indicativos de prestigiosos bancos internacionales (incluso en forma de Highly Confident Letter). Trasladar que esta propuesta no es viable, sin interesarse siquiera por sus detalles, es, simplemente, faltar a la verdad», vuelven a argumentar.

Reiteran las ventajas del 'Proyecto Sostenible', que «permitiría ahorrar a los clubes más de 12.000 millones de euros, siendo una propuesta 15 veces más económica y que, además, solo incluye compromisos por 25 años, y no por 50»; en el aspecto «jurídico es una propuesta plenamente legal, al estructurarse directamente por los clubes sin la participación directa de La Liga», con lo que «no se vulnera la propiedad de los clubes sobre los derechos audiovisuales, no se perjudican los derechos de ningún tercero (incluyendo clubes de categorías inferiores y acreedores) y no se emplean estructuras mercantiles y conceptos contables con fines artificiosos»; y «en el plano de gobierno corporativo no confiere a ninguna entidad ajena al mundo del fútbol participación alguna en la gestión y gobernanza de La Liga (cuestión que, además, también sería irregular en el plano jurídico)».

«Expropiaciones de los derechos audiovisuales»

Vuelven a repasar lo que a su juicio son «graves irregularidades del Proyecto LaLiga Impulso», que entienden parte de un «grave error conceptual» y que «consiste en una huida hacia adelante que, entre otros, tiene como principal objetivo articular que sea La Liga, y no los clubes, quien transmita al fondo un porcentaje de los derechos audiovisuales (aunque no sean de su propiedad) y asuma obligaciones de pago frente a este».

También entienden que «desde la perspectiva de los clubes la operación constituye, además, un acto de apropiación (expropiación) por parte de La Liga de sus derechos audiovisuales por un plazo de 50 años. Y esta manifestación queda demostrada cuando se establece ahora -no en la propuesta de agosto- un supuesto mecanismo indemnizatorio de compensación a favor de los «clubes no participantes» en forma de «gasto de comercialización adicional, que no es otra cosa que un nuevo subterfugio con el que se pretende eludir la incapacidad de La Liga para disponer de los derechos audiovisuales de los clubes".

«Sin embargo: (i) dicho mecanismo carece de eficacia jurídica en la medida en que un “acuerdo transaccional” a dicho efecto precisa del imprescindible consentimiento expreso e individual de los “clubes no participantes”. Los propios términos del acuerdo propuesto, estableciendo la necesidad de indemnizar a quienes no se quieran acoger al mismo, demuestran su ilegalidad; (ii) es falso que los clubes que deciden no recibir el dinero del fondo no se ven afectados por el Proyecto Impulso. Rigurosamente falso. Se les priva de derechos de los que son propietarios a cambio de una 'indemnización'», continúan.

«Como miembros de La Liga, se les obliga a ser partícipes de estructuras ilegales y artificiosas, construidas en fraude de ley, en perjuicio de terceros y acreedores, en flagrante vulneración del RD-Ley 5/2015 (cuestión sobre la que deberá pronunciarse el Consejo Superior de Deportes) y que, además, ponen en peligro la estabilidad financiera de todos los clubes, participen o no. Se les obliga a compartir con el fondo propiedad, gobernanza y gestión de actividades de La Liga, en incumplimiento de la propia naturaleza jurídica de esta asociación; y (iii) además, ¿qué ocurriría si el importe aportado por el fondo a La Liga en virtud del contrato de cuentas en participación se transforma en deuda ordinaria de La Liga a tipos de interés desmesurados, tal y como se prevé expresamente en ciertos supuestos? ¿dicha deuda no compromete la viabilidad financiera de la asociación y el futuro económico de todos sus miembros, presentes y futuros?», se preguntan.

Aseguran además que «con el acuerdo con el fondo, La Liga se situaría fuera del marco legal de sus competencias, excediendo las facultades que le atribuye la Ley del Deporte. La afiliación de los clubes de fútbol a La Liga resulta obligatoria por mandato legal (Ley del Deporte), sobre la base de la limitación legal de sus competencias, pues cualquier otra interpretación sería contraria al principio de necesidad (artículo 9.2.b) de la Ley 17/2009) y a la libertad de asociación (artículo 22 de la Constitución)».

Un proyecto «ruinoso»

En el apartado de las normas de control económico de los clubes de La Liga expresan su «más profunda preocupación» ante «un sentimiento generalizado» que han constatado: "las normas de control económico de La Liga las que empujaron en agosto a los clubes a aceptar mayoritariamente un proyecto que consideramos ruinoso, simplemente porque había sido estructurado por los gestores de La Liga como solución válida para completar la inscripción de jugadores o, incluso, evitar consecuencias adicionales».

«Las normas de control económico de La Liga están al servicio de los clubes. No son normas al servicio de los gestores de La Liga, ni deben servir en ningún caso de palanca, ni constituir moneda de cambio, para la promoción de operaciones como el Proyecto La Liga Impulso. Esto tiene que cambiar de forma inmediata», indican.

«Los clubes somos los soberanos de La Liga, no prisioneros de sus gestores. Y, como soberanos, tenemos el derecho y la obligación de dotarnos de normas que tengan sentido y se ajusten a la realidad económica actual. No puede costarle al fútbol español 12.000 millones de euros sobrevivir a las consecuencias de la pandemia porque así lo propongan sus gestores», manifiestan.

«A la vista de la gravedad de los hechos entendemos necesario acometer una reforma estructural del fútbol español, partiendo de una valoración en profundidad de la situación real de las necesidades del fútbol profesional, sus clubes y los mecanismos necesarios de solidaridad con las restantes categorías de base. Y, todo ello, delimitando y separando las necesarias áreas de desarrollo estratégico de las herramientas necesarias para paliar las consecuencias del impacto de la pandemia, levantando acta y delimitando las necesidades reales de gasto en estructura profesional y desarrollo para la actividad que está encomendada a La Liga para la comercialización de derechos de televisión, e incluyendo aquellos aspectos de la normativa de control económico que resulten oportunos», aseguran, a la par que vuelven a tender su «mano al resto de clubes de fútbol y actores del deporte para ello, siendo Proyecto Sostenible una excelente oportunidad para retomar el consenso que tanto necesita el interés general del fútbol».