La decisión adoptada por los Estados en la reciente conferencia sobre el clima de Glasgow (COP26) insta a cada uno de ellos a asegurar que su plan de emisiones para esta década se alineara con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento por debajo de 2 °C con respecto a la era preindustrial y, si es posible, que éste sea de 1,5 °C.

Pero el objetivo del Acuerdo de París es colectivo y no hay una instancia encargada de evaluar el desempeño a nivel estatal, que está determinado por los propios Estados.

«Es tan político que no creo que esto pueda tener lugar en el seno de la ONU», en el cual está inscrito el Acuerdo de París, explica Anne Olhoff, una de las autoras del informe anual del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUE) sobre la brecha entre los compromisos de los gobiernos y la reducción de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.

«No hay una ‘policía’ que verifique. Esto es una debilidad del proceso. Permite que los países se apropien de sus objetivos climáticos y que avancen a un ritmo adaptado a su sistema político», comenta la experta en clima Corinne Le Quéré.

La oficina de la ONU para el Clima es la encargada de hacer una evaluación el próximo año de los compromisos asumidos por los Estados miembros para 2030, pero este análisis es mundial y a estas alturas prevé que el aumento de la temperatura sería de 2,7 °C.

Herramientas de presión

Respecto a la interrogante de si los Estados van a ser receptivos a una evaluación exterior, los expertos dudan. «En Glasgow escuchamos claramente a países como Estados Unidos decir que iban a determinar solos cuál es la trayectoria hacia el nivel de 1,5 °C», indica a AFP Bill Hare, del centro de estudios Climate Analytics.

Para ofrecer herramientas que ejerzan presión en esa dirección también existen criterios de evaluación como el índice Climate Action Tracker (CAT), que clasifica a los países según una estimación de su trayectoria: hacia el nivel de +1,5 °C, por debajo de +2 °C, acercándose a +3 °C o incluso peor.

Este tipo de análisis independientes «podría ayudar a algunos países a concentrarse en hacer sus deberes», destaca Hare, que participa en la elaboración de este indicador.

Lola Vallejo, del centro de estudios IDDRI, plantea que quizás una crítica sea más aceptable si cambia de mensajero, apuntando a una legitimidad mayor cuando viene de dentro.

«Responsabilidades comunes pero diferenciadas»

En cualquier caso, Olhoff destaca que ni siquiera los países más ambiciosos pueden «dormirse en los laureles», al tiempo que plantea que hay otro tema de especial relevancia: «el peso de las emisiones históricas y la equidad».

El Acuerdo de París recoge el principio de las «responsabilidades comunes pero diferenciadas», en función de la situación de cada país. En consecuencia, hay voces que señalan que los países ricos, responsables del calentamiento, tienen un rol que jugar con respecto a los países pobres y deberían hacer más para lograr una contribución «justa».

Para evaluar lo que es una contribución «justa» hay varios criterios: las emisiones históricas, las emisiones por habitante, la huella de carbono –que toma en cuenta las emisiones generadas por bienes importados– o la ayuda a los países pobres.

El mensaje clave para frenar el calentamiento sigue siendo, tal como entiende Olhoff, que «todos los países deben volver a examinar sus compromisos y ver si pueden hacer más y actuar de forma más rápida».