Los presos ejecutados este martes en Japón son los primeros en ser ajusticiados desde la llegada al poder el pasado mes de octubre de Fumio Kishida como primer ministro. Se trata de tres hombres, Yasutaka Fujishiro (65 años), Tomoaki Takanezawa (54 años) y Mitsunori Onogawa (44 años), según informó en rueda de prensa el ministro de Justicia nipón, Yoshihisa Furukawa.

Fujishiro fue condenado por matar a siete de sus familiares en 2004 en la prefectura de Hyogo (al oeste de Japón).

Los otros dos presos, Takanezawa y Onogawa, fueron sentenciados a la pena capital por cometer robos en los que asesinaron a dos empleados de dos salas de máquinas recreativas conocidas como «pachinko» en Gunma (centro de Japón) en 2003.

El primero de los presos ha sido ejecutado en Osaka, al oeste del país, y los otros dos en Tokio, según informó el titular de Justicia, aunque las autoridades no revelan la hora exacta.

Tampoco han salido a la luz detalles, alegando privacidad, sobre si los familiares de los condenados fueron avisados o no antes de su ejecución.

Hasta octubre de 2020, Japón podía llevar a cabo las ejecuciones sin informar previamente a los allegados de los condenados a muerte, pero desde la fecha mencionada entró en vigor la notificación de la ejecución, siempre y cuando se hubiese solicitado expresamente.

El pasado 17 de diciembre, el titular de Justicia, responsable de firmar las condenas a muerte en Japón, dio la orden para llevar a cabo estas ejecuciones.

Más de cien en el corredor

«No hay más opción que la pena capital para los crímenes graves», ha afirmado en otra rueda de prensa horas más tarde del anuncio el vicesecretario del Gabinete, Seiji Keihara.

«Actualmente, la mayoría de la ciudadanía considera que para los delitos extremadamente graves no hay más remedio que aplicar la pena capital», ha defendido este portavoz gubernamental para subrayar acto seguido que, teniendo en cuenta que se dan este tipo de crímenes, «no se considera apropiado abolirla».

La última pena capital ejecutada en el país hasta hoy fue en diciembre de 2019, en el Gobierno de Shinzo Abe, bajo cuyo mandato como primer ministro, desde 2012, se ejecutó a 39 presos.

Estos dos años sin ejecuciones coincidieron con la explosión de la pandemia de covid-19 y la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

Tras las ejecuciones de hoy, quedan 107 presos condenados a la pena capital en el país, a la espera en el corredor de la muerte, de los cuales 59 han pedido la revisión de sus sentencias, según detalló el ministro de Justicia.

Según informa el ministerio nipón, el promedio de espera actual en el corredor de la muerte desde la sentencia hasta la ejecución es de 13 años y 4 meses y la edad media de estos presos ronda los 59 años.

Amnistía Internacional

Las reacciones de organizaciones como Amnistía Internacional (AI) no se han hecho esperar y a las pocas horas, desde Tokio, han emitido un comunicado donde denuncian que «estas ejecuciones ignoran las normas internacionales sobre los derechos humanos».

De acuerdo al texto, esta decisión del nuevo gabinete de Kishida, a poco más de un mes de su mandato, contradice su anunciada política de «proteger el valor universal de los derechos humanos» y subrayan que las Naciones Unidas han aconsejado «enérgicamente» al país abolir la pena capital, independientemente de la opinión pública.

La organización concluye que Japón «se aísla» del panorama internacional, puesto que mantiene una pena que más del 70% de los países del mundo han abolido.

Japón es junto con Estados Unidos el único país industrializado y democrático que aplica la pena capital, y su reticencia a renunciar a esta práctica ha sido duramente criticada por las organizaciones internacionales.