![El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en su comparecencia de este miércoles. (John THYS/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/859/133/article_main_landscape/gentiloni.jpg)
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra Polonia por dos recientes sentencias de su Tribunal Constitucional que, según Bruselas, «desafían expresamente la primacía del derecho comunitario».
En concreto, la Comisión inicia el procedimiento por dos sentencias del máximo órgano judicial polaco cuestionando el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
«Lo que esperamos es una solución en línea con la ley UE y el respeto de la primacía de la ley UE», ha dicho el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa en la que anunció la decisión del Ejecutivo comunitario.
Una de las dos sentencias es la del pasado mes de octubre en la que consideró inconstitucional, y por tanto sin efectos en el derecho polaco, la interpretación del TJUE del artículo 19.1 de los tratados europeos, según la cual un tribunal nacional puede solicitar la revisión de la legalidad del procedimiento para la designación de un juez y pronunciarse sobre cualquier irregularidad.
La segunda, es la que dictó el 14 de julio de este año y en la que negó la obligatoriedad de las medidas provisionales del TJUE para garantizar la revisión judicial efectiva por parte de un tribunal independiente e imparcial establecido por ley.
El Ejecutivo comunitario consideró que ambas sentencias han «vulnerando los principios generales de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y el efecto vinculante de las sentencias del TJUE», según ha explicado en un comunicado.
Opina también que las decisiones del TC polaco son contrarias al derecho a la protección judicial efectiva.
Bruselas ha mostrado, además, sus «serias dudas» sobre la independencia y la imparcialidad del TC de Polonia, en parte por los nombramientos del presidente y el vicepresidente del máximo órgano judicial.
Polonia tiene ahora un plazo de dos meses para responder a la carta que le ha enviado la Comisión.
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