El ministro de Sanidad, Olivier Véran, ha acudido este 29 de diciembre a la comisión de leyes de la Asamblea Nacional francesa para presentar las líneas maestras del proyecto de ley sobre el pase vacunal que será analizado el lunes 3 de enero en la Cámara Baja y dos días después en el Senado.

Del debate en comisión sale una primera conclusión: el Gobierno dispone desde ahora de apoyos amplios para que el nuevo dispositivo entre efectivamente en vigor el 15 de enero.

Véran no ha ahorrado cifras a la hora retratar «la gravedad» del momento pandémico.

Ha adelantado la cifra que publicará esta noche su Ministerio: 208.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, lo que implica, ha dicho Véran, que «cada segundo más de dos franceses son testados positivos por covid-19».

«Es una situación a la que nunca antes nos hemos enfrentado, con un millón de positivos diagnosticados, una cifra que se doblaría seguramente de poder contabilizar a la población asintomática y no testada», ha concretado el ministro de Sanidad.

A la espera de que la alta autoridad sanitaria emita su dictamen, Véran ya ha adelantado que en unos días se procederá a una adaptación de los protocolos, porque «con un 10% de la población caso contacto no podemos correr el riesgo de paralizar el país», ha dicho.

Ello da a entender que se adoptarán medidas como la limitación del periodo de cuarentena de las personas que hayan sido testadas positivas.

Véran ha defendido el proyecto de ley que transformará el pase sanitario en pasaporte vacunal, por lo que, a partir del 15 de enero, solo las personas vacunadas podrán acceder a locales de cultura y ocio, transporte de larga distancia o instalaciones deportivas.

Tras el dictamen del Consejo de Estado, el ministro de Sanidad ha garantizado que «se velará por la no vulneración de derechos» para lo que, ha dicho, se mantendrá el pase sanitario para acceder a centros sociosanitarios.

Es decir, los visitantes o acompañantes de personas enfermas podrán acceder a los hospitales bien acreditando la pauta vacunal bien, en su defecto, presentando un test negativo.

Desde los 12 años de edad

Véran ha insistido en que el nuevo pase vacunal, que se exigirá a todas las personas de más de 12 años de edad, quiere profundizar en las medidas de prevención y, por encima de todo, animar a la vacunación a esos cuatro millones de ciudadanos que siguen sin esa protección frente a las formas graves de una enfermedad que con la variante ómicron «no tiene forma de ola sino más bien de marea» ha valorado el ministro.

La nueva ley, que establece tres o cuatro días de teletrabajo, contempla sanciones más duras para quienes burlen la normativa en especial con la utilización de pases falsificados.

El relator del proyecto de ley, Jean-Pierre Pont (LREM), ha defendido el texto no sin insistir antes en que «solo el alto nivel de vacunación ha permitido a nuestro país resistir a la marea causada por ómicron». Ha detallado que «actualmente hay 9 veces más de fallecimientos y de ingresos en reanimación entre las personas no vacunadas».

Intervención de los grupos

A partir de ahí ha llegado la intervención de los portavoces de los grupos representados en la comisión. La formación mayoritaria, La République en Marche (LREM) ha apoyado el texto. Tampoco el segundo grupo con mayor representación, Les Républicains, se opondrá al pase vacunal, aunque aspira a cambiar la ley con aportaciones «para velar por las libertades fundamentales».

El grupo conservador ha abogado por que se demande el nuevo pase vacunal a partir de los 18 años, eximiendo de su uso a la población más joven «ya muy afectada por otras medidas».

LR defenderá esa y otras modificaciones en la tramitación que se iniciará el lunes en la Asamblea Nacional.

El grupo UDI formado por independientes de centro-derecha ha puesto en evidencia la falta de coherencia de algunas medidas y el Partido Socialista, destacando también las lagunas evidenciadas por el ejecutivo, ha anunciado, no obstante, que «por principio» avalará el pase vacunal.

Libertés et Territoires ha censurado una política que viene decidida por el consejo de defensa, ha alertado contra la estigmatización de una parte de la población y ha estimado que a la vista de los altos y bajos en materia de gestión de la pandemia «se impone que el gobierno se conduzca con mayor modestia».

La France Insoumise (FI) ha denunciado los recortes sanitarios y también que la política sanitaria insista en dejar sin vacuna a los países empobrecidos, «mientras se propone como única solución hacer diferencias entre personas vacunadas y no vacunadas».

El Partido Comunista ha dejado sentado el apoyo de su formación al refuerzo de la campaña vacuna pero se ha mostrado igualmente muy critico con el texto, al respecto del cual ha advertido «contra las derivas autoritarias y la tentación de ahondar en las fracturas sociales».

Desde días atrás la ultraderecha de RN adelantó ya su oposición a un texto legal con el que el Ejecutivo aspira a hacer frente a los nuevos retos derivados de una variante más contaminante pero que, «a tenor de los primeros informes llegados de Gran Bretaña, aunque tensiona el sistema hospitalario tiene consecuencias menos graves que olas precedentes», ha destacado hoy Olivier Véran que, en cuestión de días, cuenta con anunciar nuevos protocolos que afectarían a los periodos de aislamiento y, en consecuencia, a la gestión de las bajas laborales.