El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha presentado un informe en el que rechaza su recusación como instructor de la causa del «procés» después de que ésta fuera pedida por, entre otros, el president Carles Puigdemont. El motivo; recibió un premio de la institución ultraderechista Fundación Villacisneros en noviembre de 2021.

Tanto Puigdemont como los exconselleres Antoni Comin, Lluís Puig y Clara Ponsatí identificaron a la fundación ultra con políticas contrarias a sus intereses. Pero Llarena argumenta en el informe de ocho páginas que esta nueva causa de recusación en modo alguno compromete la imagen de imparcialidad de un juez como él.

Al hilo, recuerda el magistrado que ha recibido premios de otras instituciones, como la medalla al mérito de la Guardia Urbana de Barcelona, distinción que le entregó en 2011 el entonces alcalde de la ciudad, Xavier Trias, siendo en esa época alcalde de Girona por el mismo partido político Carles Puigdemont, y primer teniente de alcalde de Barcelona, con funciones precisamente en el área de Seguridad, Joaquim Forn.

El magistrado destaca que los autores de la recusación esquivan que la imparcialidad es una «actitud interna y objetivable del juez», por lo que la percepción que tenga la sociedad sobre su neutralidad debe surgir de la actitud o del comportamiento del propio magistrado.

Al respecto, el informe subraya que, aunque «los recusantes dicen asumir que son los actos del juez los que desvelan si mantiene un compromiso personal con la equidistancia entre las partes» y reprochan por ello que el instructor aceptara el galardón, en sus escritos «no efectúan ningún análisis» del comportamiento de Llarena.

Asimismo, el magistrado recuerda que tampoco analizan el contenido de su discurso para agradecer el premio, «lo que resulta sintomático en atención a que la disertación se ha divulgado junto con el resto de intervenciones personales que sí se reseñan».

De todo ello, sintetiza el juez, los recusantes indican que la aceptación del premio es un acto del instructor que compromete su credibilidad, pues consideran que «es el reflejo de que el juez comulga ideológicamente con la voluntad de perseguir a todo trance a los encausados o, al menos, que la aceptación del galardón puede proyectar esa realidad y debilitar así la confianza en su imparcialidad».

Defensa del «imperio de la ley»

En la entrega del premio, el pasado 16 de noviembre, el presidente de la fundación ultra, Íñigo Gómez-Pineda, destacó que Llarena «se lo merece porque ha defendido el imperio de la ley». Tras recibir y agradecer el premio, el magistrado destacó la labor de la fundación como referente en la defensa de los valores democráticos y alabó su compromiso con «las víctimas del terrorismo», personas que «se toparon con quienes propulsaron su ferocidad con el carburante de la intransigencia y del odio».

Además, Llarena indicó que recibir un homenaje por defender los derechos constitucionales, «el pilar de la convivencia en España», le permite pensar «que la sociedad comprende» la trascendencia de su labor. «Este acto es un incentivo para que los jueces sigamos trabajando con responsabailidad, independencia y exclusivamente sometidos al imperio de la ley», añadió.

La Fundación Villacisneros está presidida por Íñigo Gómez-Pineda y cuenta en sus filas con nombres como la exdirigente del PP en la CAV, María San Gil; la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el exministro español del Interior, Jaime Mayor Oreja; el periodista y eurodiputado de Vov, Hermann Tertsch; la eurodiputada del PP Isabel Benjumea; o el abogado y sobrino del general fascista Jaime Milans del Bosch, Santiago Milans del Bosch.

Según la propia Fundación, ésta defiende «el Estado de Derecho, la unidad de España y el orgullo de ser español», promueve «los principios y valores del humanismo cristiano», difunde «la verdadera historia de nuestra nación» y lucha «por la dignidad de las víctimas del terrorismo, que representan lo mejor de nuestra sociedad».