El grupo parlamentario de EH Bildu ha mantenido ya los primeros contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo que permita mejorar, a través de enmiendas, la reforma laboral acordada en la Mesa estatal del Diálogo Social y plasmada en el decreto-ley aprobado el 28 de diciembre por el Consejo de Ministros.

La formación soberanista ya ha dejado claro que no apoyará la convalidación de ese decreto, que debe votarse antes del 4 de febrero, por lo que apuesta por que se tramite como un proyecto de ley, lo que permitiría la modificación del texto. Ese es el objetivo de las reuniones concertadas para esta misma semana, aunque desde la formación vasca se ha indicado que en estos momentos ven muy difícil que se llegue a un consenso entre ambas partes.

NAIZ ha tenido acceso este martes al documento que EH Bildu ha trasladado a los negociadores del Gobierno de coalición, en el que recuerda que las «principales consecuencias» de la útima reforma aprobada por el PP fueron «la devaluación salarial, la aceleración del proceso de precarización del empleo y la estatalización de la negociación colectiva, negando nuestra realidad socio-económica».

«Perpetuar una situación antidemocrática»

Frente a aquella «estatalización del marco vasco de negociación colectiva», que también supuso «una devaluación de las condiciones de trabajo», recuerda el Acuerdo Interprofesional que suscribieron en 2017 en la CAV «todos los sindicatos y la principal asociación de empresarios vascos (ELA, LAB, CCOO, UGT y Confebask)». Un acuerdo que da prioridad a los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales que se firman en la CAV frente a los de ámbito estatal.

Pero EH Bildu subraya que «estos acuerdos interprofesionales vascos y, por tanto, nuestro marco, no cuenta en la actualidad con las garantías jurídicas necesarias para garantizar su aplicación pacífica frente a los acuerdos y convenios sectoriales de ámbito estatal».

Es por ello que sostiene que «el apoyo a la negociación colectiva en el ámbito vasco adquiere una importancia capital», advirtiendo de que «la actual reforma laboral supone perpetuar la situación antidemocrática creada por la reforma del PP, negando la realidad socioeconómica, sindical y empresarial vasca».

«No podemos permitir que se pierda una herramienta fundamental para regular las condiciones laborales de los trabajadores vascos, que además ha demostrado su capacidad para mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito estatal», se añade en el texto analizado por NAIZ.

Plataforma de negociación con cinco puntos

Para apoyar una reforma laboral con sus votos en el Congreso de los Diputados, EH Bildu considera necesario que el eventual proyecto de ley recoja cinco puntos, comenzando por garantizar que los convenios territoriales y autonómicos, así como los acuerdos interprofesionales que se alcancen en esos ámbitos, tendrán prioridad a la hora de aplicarlos frente a los de ámbito estatal.

Asímismo, considera que «la necesidad de dotar de flexibilidad a las empresas ante situaciones negativas no previstas» no puede justificar el incumplimiento de «las condiciones pactadas en el convenio, especialmente en materia salarial». Por tanto, insta a que se garantice que esas modificaciones no previstas se produzcan solo «previa negociación y acuerdo con la representación sindical».

En tercer lugar, considera necesario «el control público de los Expedientes de Regulación de Empleo vascos», por lo que la nueva normativa debería recuperar el aval de la autoridad laboral en la tramitación de los ERE.

En cuanto a la ‘flexibilidad’ en los despidos por causas económicas que introdujo la reforma del PP, EH Bildu señala que «deben ser la última medida a adoptar (también a evitar) y, en todo caso, deben basarse en la necesidad de desarrollar la viabilidad de la empresa y no en previsiones interesadas o en el objetivo de incrementar el beneficio empresarial a costa de la destrucción de empleo».

El quinto punto recoge la necesidad de «dotar de estabilidad al empleo y proteger a los trabajadores frente a despidos improcedentes», por lo que se insta a recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado, así como los salarios que se tramitan en los despidos improcedentes.