Olivares estaba en tercer grado, acogido al artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, por lo que podía pernoctar en su domicilio siempre que aceptara que sus movimientos fueran controlados mediante dispositivos telemáticos.

En 2014 fue condenado a 22 años de prisión por retener un año antes a la familia de Bárcenas, atarles las manos con bridas y amenazarles para que entregaran todos los «pendrives» y la información relativa al proceso del extesorero para «acabar con el Gobierno de la nación».

Para entrar al domicilio, se hizo pasar por un sacerdote que venía de parte del Obispado para hablar sobre la libertad de Bárcenas –en ese momento en prisión preventiva tras haber aflorado su fortuna en Suiza–; a los veinte minutos, dijo: «¡Se acabó el teatro!», sacó un revólver y encañonó a la mujer del extesorero, a su hijo y a la empleada doméstica, según declaró probado el tribunal.

Posteriormente, el hijo de Bárcenas, conocido también por formar parte del grupo Taburete, consiguió desatarse y reducirle. 

En octubre de 2020, el falso cura fue citado a declarar como posible cómplice en delitos de cohecho y malversación en el caso Kitchen, la pieza del caso Villarejo en la que se investiga una supuesta operación de espionaje auspiciada desde el Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz, que está procesado por estos hechos.

Sin embargo, el médico forense que le examinó antes de que compareciera determinó que no estaba en condiciones de declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, por lo que se suspendió su interrogatorio.

El juez trataba de averiguar si formaba parte del operativo de Kitchen, lo que le llevó en enero de 2019 a pedir información sobre la relación de visitas y llamadas que recibió en la cárcel, y sobre la identidad de las personas que hubiesen efectuado algún ingreso en las cuentas de peculio (depósito de dinero con el que cuenta un interno en prisión), según consta en el sumario de la causa.

Es más, aquel episodio de 2013 fue objeto de algunos interrogatorios en el marco de la causa.

Uno de los imputados que fue preguntado por estos hechos fue el excomisario Enrique García Castaño –considerado colaborador de José Villarejo en sus negocios de espionaje–, quien se refirió al episodio como «una película de Alfredo Landa», algo «demencial», un «circo» y una «chapuza».

El juez le manifestó sus sospechas por aquel episodio, que coincidió en el tiempo con la operación Kitchen, y provocó que «muchos policías» estuviesen en el domicilio de la familia «muchas horas».

García Castaño dijo que «las cosas no se hacen así» y aseguró que él «jamás haría una chapuza de ese tipo»: «Si alguien ha hecho eso, no va conmigo, no tengo nada que ver, ni conozco nada de nada».