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Madrid

El Gobierno español aprueba la subida del 2,5% de las pensiones para este año

El Gabiente de coalición que preside Pedro Sánchez ha aprobado este martes la subida anual del 2,5% de las pensiones contributivas, así como la ‘paguilla’ que compensa la revalorización aplicada en 2021 por debajo de la inflación, medidas que han sido presupuestadas en 6.500 millones de euros.

Manifestación de pensionistas en Iruñea el pasado 15 de enero.
Manifestación de pensionistas en Iruñea el pasado 15 de enero. (Iñigo URIZ | FOKU)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto con el que revaloriza un 2,5% las pensiones para 2022 en términos generales –las contributivas–, mientras que las mínimas y no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), subirán un 3%.

Ha aprobado también el abono a los pensionistas de la llamada ‘paguilla’, calculada en función del 1,6% de la cuantía de cada pensión, derivada de la menor subida de las pensiones en 2021 (0,9%) respecto a la inflación media anual (2,5%), calculada como la media del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.

Para una pensión media de 1.127 euros al mes, esta paga compensatoria ascenderá a 250 euros, que sumados a los 400 euros de la revalorización del 2,5% aplicada ya en la nómina de enero, suponen unos 651 euros de incremento anual respecto a 2020.

La pensión mínima de jubilación será de 10.103,80 euros anuales en el caso unifamiliar, frente a los 9.808,4 euros de 2021. Si se tiene cónyuge a cargo, alcanzará los 12.467 euros, frente a los 12.103 euros de 2021.

Por su parte, la pensión máxima de jubilación será de 39.468,66 euros anuales, 962,78 euros más que en 2021 (38.505,88 euros)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado la partida presupuestaria de 6.500 millones de euros para afrontar tanto la subida anual como la paga compensatoria, que será la última vez que se abone.

La nueva relación con el IPC

El nuevo mecanismo fijado en la reforma aprobada en diciembre establece que el 1 de enero de cada año las pensiones se incrementarán de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior (de diciembre a noviembre), en tanto que se congelarán en caso de que se registre un IPC negativo.

El ministro ha indicado que con la reforma puesta en marcha, el Estado español pasa de «un marco que ponía el énfasis en los recortes a otro que garantiza el poder adquisitivo», dando «certidumbre absoluta a los 11,5 millones de pensionistas que saben que sus pensiones se revalorizarán con la media de la inflación en noviembre».

Sin embargo, este mecanismo ha sido criticado por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, que considera que no se ha cumplido el compromiso de que la subida de las pensiones compense el incremento del coste de la vida en 2021. Sostiene que se tenía que haber tomado como referencia la tasa interanual del IPC de noviembre, que fue del 5,5% respecto a noviembre de 2020, o el de diciembre, que fue del 6,5%.

La Seguridad Social cerró 2021 con un deficit del 1%

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Escrivá ha avanzado también que la Seguridad Social cerró 2021 con un déficit equivalente al 1% del PIB, dos décimas por debajo de lo previsto, y estima que se reduzca al 0,5% al finalizar este año.

Ha atribuido este descenso a la mejora de los ingresos, principalmente, con 132.000 millones de euros en cotizaciones sociales, lo que supone un crecimiento del 10% respecto a 2020 y un 6% más en comparación con 2019, antes de la pandemia de covid.

Esta mejora ha sido posible, según ha comentado, por el fuerte crecimiento del empleo –con más de 400.000 personas afiliadas más que antes de la pandemia–, por el sostenimiento de las rentas salariales durante la crisis sanitaria y por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

También ha contribuido la asunción de gastos impropios por parte del Estado en los Presupuestos Generales (PGE), que este año alcanzan ya el 80% de estos y que llegarán al 100% en 2023. El proceso de asunción de estos gastos impropios empezó en 2021 con la transferencia de 13.800 millones, en tanto que para 2022 se han presupuestado 18.300 millones.