La Mesa del Congreso ha acordado este martes, con los votos de PSOE, PP y Vox, inadmitir la petición de comparecencia del ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa para hablar de crímenes policiales ocurridos en la Transición como la matanza del 3 de Marzo en Gasteiz o el asalto a Sanfermines de 1978.

Hasta aquí, poca novedad. Más llamativo resulta el argumento utilizado, puesto que estos tres grupos se han aferrado a la consideración técnica de que Martín Villa es hoy «un particular» y en consecuencia no debe «rendir cuentas», aunque sea sobre su actuación como ministro (lo fue entre 1975 y 1981 y posteriormente también vicepresidente durante un año).

La semana pasada, EH Bildu pidió citar a Martín Villa ante la Comisión Constitucional del Congreso al entender que había aceptado su responsabilidad «política y penal» en crímenes ocurridos durante su mandato.

En una medidamente ambigua intervención en un desayuno informativo la pasada semana, el ministro investigado por la Justicia argentina llegó a señalar, de modo sarcástico, que «yo pude ser el responsable político y también incluso el responsable penal de aquellas muertes. Incluso que en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos gobiernos, en concreto de la Transición, que urdieron un plan de aterrorizar a los españoles partidarios de un Gobierno democrático».

Sólo Unidas Podemos ha respaldado la petición del grupo independentista de izquierdas. PSOE, PP y Vox han amparado a Martín Villa escudándose en esta cuestión reglamentaria: «No procede la admisión a trámite por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento en lo relativo a las comparecencias a efectos de información y asesoramiento a la Comisión, en la medida en que la misma pretende un control o rendición de cuentas respecto de un particular en relación con determinadas actuaciones desarrolladas durante su mandato como alto cargo», ha dictaminado la Mesa.

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Félix Bolaños ha tomado posición con otro argumento «técnico» paralelo e igualmente discutible: «No procede la admisión a trámite por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno».