Itziar Gandarias y Miguel Ángel Navarro son docentes e investigadores en la Universidad de Deusto, mientras que Nerea Layna también es investigadora de dicha universidad. Sus líneas de trabajo versan sobre la exclusión social, migraciones y los derechos humanos desde perspectivas feministas interseccionales. En su último trabajo, ‘El impacto del covid en mujeres migradas: experiencias de resistencia frente a desigualdades estructurales’, han introducido la variante de la covid y han recabado información de 106 mujeres mediante un cuestionario y realizado entrevistas en profundidad a 11 de ellas.

¿Cuál ha sido la principal conclusión a la que han llegado con su última investigación?

Nerea Layna: La principal conclusión ha sido que estas mujeres están inmersas en contextos estructurales muy violentos, vulnerables y precarios que les generan tal violencia que al final el covid ha tenido cierto impacto pero no ha sido determinante para sus vidas. Realmente, siguen en una situación muy parecida a la de antes de la pandemia. Al final, las estructuras tienen tal impacto que algo como el covid no ha sido capaz de modificarlas, ni para bien ni para mal.

Itziar Gandarias: El covid ha evidenciado estas situaciones de extrema vulnerabilidad que viven las mujeres migradas, las múltiples violencias a las que se enfrentan cada día y la importancia de la salud mental. En el caso de estas mujeres está el tema de la soledad. Verse sin redes de apoyo, con muchas menos relaciones sociales, hace mucha mella en la salud mental.

¿Qué tipo de violencias?

I.G: Nosotros hablamos de que las mujeres sufren múltiples violencias. Cuando les preguntas si han sufrido violencia, al principio te dicen que no. Con lo cual, los datos no eran muy altos. Sí que se destacaba la sicológica, pero claro, luego llegas a la parte cualitativa [entrevistas personales y profundas] y salen experiencias de violencia sicológica, racista, institucional… esa violencia cotidiana que a priori no identifican como violencia pero que son discriminaciones que sufren en su día a día y que las tildamos dentro de esa complejidad y de ese continuo de violencias que sufren.

Muchas veces son violencias que se normalizan; de alguna manera se niegan y cuesta identificar, pero están ahí. Hemos visto que a las trabajadoras de limpieza se las humilla, se infravalora su cultura, sus tradiciones… Hablamos de múltiples violencias que se cruzan, serían las más invisibles del iceberg pero que hacen mucha mella.

Gran parte de la sociedad tiene empleos muy precarios. En el caso de estas mujeres, que además son migrantes y racializadas, ¿cómo es la situación?

Miguel Ángel Navarro: El panorama es complicado porque, además, hay que tener en cuenta que tienen que luchar con el hándicap importante de la situación administrativa, en muchos casos irregular. Lo cual hace que los trabajos sean más precarizados y exclusógenos para ellas.

Otra de las cuestiones tiene que ver con que hay una segmentación y una feminización fortísima de muchos trabajos. El 95% de las mujeres internas en la CAV son migrantes, lo que hace que su situación sea de una alta precariedad. Vemos que muchas de estas mujeres se tienen que enfrentar a la cuestión del idioma, de los papeles, del trabajo, de la formación… Por ejemplo, a muchas de ellas no se les reconoce la formación con la que vienen de los países de origen y eso hace que para ellas, aun teniendo trabajo, sea muy difícil salir del círculo de exclusión y precariedad.

Han mencionado el tema de la situación administrativa. ¿Hasta qué punto es un obstáculo?

N.L: Durante las entrevistas hemos visto casos de mujeres que llevan aquí más de cinco años y que no han conseguido regularizar su situación. Supuestamente a los tres años de la llegada puedes iniciar este proceso mediante el arraigo, pero en la práctica esto no se cumple y las mujeres necesitan un contrato de 40 horas semanales de jornada completa para iniciar este proceso. Entonces, muchísimas veces la única solución que tienen es la buena voluntad de las personas empleadoras, que son las que deciden si les hacen un contrato o no.

Sin embargo, otras muchas veces las personas empleadoras se niegan a hacerles un contrato, con lo que las condiciones laborales son absolutamente precarias. Sufren todo tipo de violencia sexual, dentro de las casas, en condiciones de invisibilidad y precariedad. Incluso las propias mujeres tienen dificultades para identificarlo o para nombrarlo como violencia, que es lo que es.

También existe la brecha del idioma. ¿Pero es solo el idioma o también hay cierto racismo hacia las mujeres de origen subsahariano o musulmanas?

I.G: Sí que es verdad que está el hándicap del idioma. Las mujeres magrebíes o subsaharianas, cuyo primer idioma no es el español, tienen una mayor dificultad que, creo yo, desde un enfoque interseccional, va de la mano del racismo. Al final, estamos hablando de mujeres negras y musulmanas, con todo el estigma que hay hacia ellas, y son mujeres que no consiguen siquiera los trabajos precarios de cuidados.

Entonces, se ven en unas situaciones muy muy precarias, con dificultades de poder acceder a las instituciones públicas y ayudas sociales, con todo lo que implica. Una de las entrevistadas era una mujer nigeriana que llevaba aquí desde el 2004 y que todavía tenía dificultades para hablar en español. También eso nos habla de esa sociedad exclusógena que nos dice dónde están interactuando esas mujeres y qué tipo de redes y socialización tienen, en las que no manejan el idioma. Eso en sí ya te coloca en una situación de vulnerabilidad.

Durante la pandemia se ha hablado del problema de la salud mental. ¿La pandemia ha agravado en especial la salud mental de estas mujeres?

M.A.N: No tenemos datos como para poder saber si su salud mental se ha agravado o no. Pero es verdad que en la población en general existen datos que dicen que la salud mental ha empeorado. Entonces, si en la población en general ha ido a peor, hay algunos factores que inciden en que probablemente en el caso de estas mujeres sea todavía más grave. Uno de ellos es la falta de redes de apoyo y la soledad, y otra de las cuestiones tiene que ver con el contexto socioeconómico en el cual esas mujeres se tienen que mover.

Cuando uno suma a los problemas de la vida el problema de no tener empleo o las dificultades para poder conseguirlo, o de que este sea muy precario, supone un agravante para la salud mental por el estrés que supone esa situación

Con la investigación también han concluido que estas mujeres suelen tener sentimientos recurrentes de soledad.

N.L: Hilando un poco con lo que ha dicho Miguel, creo que el sentimiento de soledad está profundamente ligado a los problemas de salud mental. Hay que tener en cuenta que son mujeres migrantes que están aquí solas y que muchas de ellas tienen a sus criaturas y familiares en los países de origen.

También hemos visto que los trabajos, como en el caso de las mujeres internas, están estrechamente ligados a la soledad. Una de ellas me contaba que la mujer a la que cuidaba tenía alzheimer y que no decía una palabra. Entonces, se pasaba de lunes a viernes sin hablar con nadie durante su jornada laboral. Asimismo, durante el covid no podía salir y acabó trabajando prácticamente de lunes a domingo. Eso, para la salud mental, entiendo que habrá tenido un impacto directo.

Incluso en el caso de las mujeres que llevan tiempo viviendo aquí, recuerdo a una mujer de Amorebieta que me contaba que llevaba un año y medio viviendo en el pueblo y que aún no conocía a nadie. Ahí hay una carencia de lo comunitario y están totalmente excluidas de cualquier red o movimiento que les permita conocer a gente de su localidad.

Su investigación pone de manifiesto que a estas mujeres les gustaría participar en redes comunitarias y asociaciones. ¿Por qué no lo hacen?

I.G: Es un dato que podíamos intuir pero que ha salido bastante patente: las ganas que tienen estas mujeres migrantes de participación social. Es importante, porque hay un imaginario social de que vienen aquí solamente para las prestaciones y ayudas sociales. Sin embargo, hay una predisposición no solamente a participar, sino a ayudar a otras mujeres, que es destacable de esta investigación.

Ahora, el problema que tienen es la falta de tiempo, por esos trabajos tan precarios e inestables que no les facilita participar ni en entidades sociales ni en grupos de mujeres, y también está la conciliación familiar. Hay que ver cómo se apoya a las mujeres migradas en la crianza. Es un tema que puede permitir que las mujeres puedan participar más, tejer redes y  evitar que se limiten a sus nichos privados. Hay que resaltar la motivación de ellas pero también todas las dificultades estructurales que tienen para ello.

Durante el confinamiento hicimos uso de la tecnología para trabajar, estudiar y comunicarnos con nuestros allegados. ¿Cómo afrontaron estas mujeres esa situación y el tema de la digitalización? ¿Disponían de herramientas para ello?

M.A.N: Ahí hay dos cuestiones que hemos destacado. Una de ellas tiene que ver con las competencias necesarias: tú puedes manejar el móvil pero eso no significa que tengas una competencia digital para poder acceder, por ejemplo, al certificado digital, descargar un recurso digital o incluso hacer una videoconferencia. Además, tienes que tener las herramientas para desarrollar esa competencia: necesitas conexión a internet, necesitas un portátil… Lógicamente, si tú no tienes todo eso a la hora de, por ejemplo, ayudar a tus hijos en caso de que tengan que seguir clases online de manera normalizada, tendrás una dificultad.

Otra de las cuestiones que nos preocupa y que ha surgido a raíz del covid es el acceso a servicios vía online. Si hasta ahora  tú tenías la posibilidad de acercarte hasta el Ayuntamiento y hacer las gestiones presencialmente, o podías hacerlas telefónicamente u online, si ahora las primeras dos opciones se van reduciendo en beneficio de hacerlo por internet y tú no tienes capacidad de hacerlo online, en realidad se está generando una brecha en el propio acceso a los recursos.

Eso es muy preocupante porque, si las gestiones que tienen que ver con lo social se digitalizan, añadimos una dificultad más para acceder a todos esos servicios. No solamente es una competencia que ellas puedan o no puedan tener y las capacidades de acceder a la tecnología, que eso siempre cuesta dinero, sino que también se añade dificultad si desde las instituciones públicas se van a poner más barreras para que esas mujeres puedan acceder a sus derechos de ayudas sociales. La digitalización vinculada a las seguridades sociales está cada vez más presente.

¿Cuáles son las recomendaciones o sugerencias que han elaborado tras la investigación?

N.L: Las recomendaciones principales serían poner un mayor énfasis y dotar de recursos a proyectos que fomenten el apoyo emocional y la salud mental de las mujeres, la promoción y desarrollo de redes de apoyo mutuo, la creación de espacios seguros dentro de las entidades, todo el tema del apoyo a la conciliación familiar que hemos visto que es una de los grandes dificultades que tienen las mujeres para participar en asociaciones; fomentar un trabajo en red entre el tercer sector y estas asociaciones de mujeres feministas para hacer un trabajo de incidencia política.

Por otro lado, como autocrítica, reflexionar un poco sobre cómo podemos romper este círculo de precariedad y vulnerabilidad de la que parece que las mujeres no pueden salir. También tenemos que reflexionar sobre cómo perpetuamos este círculo, por ejemplo, mandando a las mujeres a cursos de cuidados de personas mayores y a trabajos de limpieza. Esto genera y perpetúa los nichos feminizados de formación y empleo, al igual que dificulta la salida del círculo de precariedad.