La Fiscalía de Araba, a través de un decreto fiscal del 16 de agosto de 2021, procedió a archivar las actuaciones que había abierto en mayo, después de que el Departamento de Seguridad le remitiera diversos soportes de una campaña política, como carteles y tuits, en la que Josu Erkoreka consideraba que la organización juvenil Ernai había incurrido en un delito de odio contra la Ertzaintza. Así lo confirmaron ayer a GARA fuentes oficiales de la Fiscalía.

Llamativamente, desde la Consejería de Seguridad aseguraban también ayer a este diario que, pese a los meses transcurridos, «no tenemos constancia de novedad en sus actuaciones». Aclaraban, en cualquier caso, que tampoco es preceptivo que se les informe del desarrollo de la causa. Aunque así fuera, sorprende que el Departamento de Erkoreka no se haya interesado durante ocho meses ante la Fiscalía sobre cómo iba una denuncia a la que habían dado notable trascendencia mediática.

Relato de hechos

El pasado 7 de mayo, la Ertzaintza cargó con dureza contra movilizaciones convocadas por la organización Ernai por la «situación de emergencia» que vive la juventud y en demanda de un cambio social y de soberanía. Tras la intervención policial, hubo sesenta heridos y de los ocho detenidos cuatro requirieron asistencia sanitaria.

En protesta por lo que consideraron una actuación desproporcionada, Ernai lanzó diversos mensajes en la red, colocó  carteles y realizó pintadas en varios batzokis.

Una semana después, el 14 de mayo, el consejero Josu Erkoreka exhibió en el Parlamento una copia ampliada de uno de los tuits de Ernai en el que se veía un ertzaina con cabeza de perro y el lema «denok gorroto dugu polizia».

Erkoreka disparó hacia arriba

En ese pleno, dirigiéndose al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, que le había preguntado por las cargas, le acusó de que «esta campaña está «auspiciadas por ustedes, por colectivos encuadrados en la izquierda abertzale, que están en las puertas del delito de odio del artículo 510 del Código Penal».

A la semana siguiente, el consejero Josu Erkoreka, en una entrevista de radio, abundó en que los mensajes de Ernai «son explícitos de odio» y no se darían si no contaran con el beneplácito de «sus mayores» de Sortu.

Según el consejero jeltzale, la campaña comenzó con unas declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre la aceptación social de la Ertzaintza. Añadió que «llama la atención que una formación que se reivindica como alternativa de Gobierno formule explícitamente un mensaje de odio a una de las principales instituciones de su país».

«Los jueces dirán»

Finalmente, el Departamento de Seguridad pasó de las declaraciones a los hechos y remitió a la Fiscalía pintadas, carteles y mensajes de Ernai por si pudieran ser constitutivos de un delito de odio contra la Ertzaintza.

Josu Erkoreka defendió en varios medios que, en su opinión, «los mensajes de odio» contra la Ertzaintza son «explícitos y claros». «Si son o no delito lo dirán los jueces», concluyó.

Explicó que habían acudido a la Fiscalía, porque «queremos aclaraciones, porque cuando se dan aclaraciones, todo el mundo sabe cómo actuar, e incluso el que anda con mensajes de odio puede saber cuales son los límites que no se pueden sobrepasar».

Y la Fiscalía ofreció sus aclaraciones el pasado 16 de agosto, hace casi medio año. No había delito en la campaña de Ernai. Pero el Departamento de Seguridad, tan activo sobre el tema en mayo, no ha dado ningún tipo de noticia sobre el archivo del caso.

Artículo 510 del Código Penal

El artículo 510 del Código Penal pretende proteger a colectivos agredidos «por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

Hay varias sentencias judiciales que absuelven denuncias por entender que los miembros de las distintas policías no constituyen un «colectivo vulnerable». Es más, organismos internacionales advirtieron al Estado español de que «los ataques a la Policía no son delitos de odio».