El Ayuntamiento de Laudio ha presentado un recurso contra la polémica sentencia dictada por una jueza de Gasteiz, que declara nulo el cese de una funcionaria interina que no cumplía el nivel de euskara exigido para su puesto, un Perfil Lingüístico (PL) 3. La magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 3, Ana María Martínez Navas, argumenta que la lengua vasca «ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo».

La presentación del recurso ha sido anunciada por el alcalde de la localidad alavesa, Ander Añibarro, que ha participado en un acto organizado con motivo del centenario del colegio de La Milagrosa, donde también ha estado al consejero de Educación del Gobierno de Lakua, Jokin Bildarratz.

Este ha mostrado su «sorpresa» ante la resolución judicial y ha cuestionado que la supuesta dificultad del aprendizaje de una lengua pueda determinar si una sentencia se pronuncia «en un sentido o en otro».

«Lo normal es que la ley y los criterios que marca la ley sean los que se consideren a la hora de enjuiciar una determinada política lingüística», ha afirmado tras precisar que la dificultad del aprendizaje de una lengua es algo «muy subjetivo».

Lo que no da pie a criterios subjetivos es el marco normativo de la CAV, que establece que hay dos lenguas oficiales: el castellano y el euskara. Y todos los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tienen el derecho a entablar relaciones con la administración correspondiente en cualquiera de los dos idiomas.

En este sentido, conviene recordar que, según el Consistorio, la propia trabajadora firmó en su toma de posesión un documento en el que se contemplaba la posibilidad de ser cesada si no cumplía los requisitos de euskara. Tras hacer ocho cursos de aprendizaje en los que invirtió 1.295 horas solo consiguió el nivel 1 (PL1).

«Una involución legal»

LAB ha advertido de que la decisión judicial «es un ataque contra la comunidad que queremos vivir en euskara». «Cuando se han dado todas las opciones para que los y las empleadas municipales aprendan euskara, decir lo que ha dicho esta jueza no se puede entender si no es desde un odio natural contra el euskara», ha apuntado, y ha recordado que «la obligación de la Administración es garantizar la cooficialidad de los idiomas y solo las personas trabajadoras bilingües son capaces de garantizar dicha obligación».

No obstante, la central abertzale ha alertado de que detrás de este fallo «hay un problema más grave y estructural», recordando que han pasado 40 años desde la aprobación de la Ley para la normalización del euskara «y todavía es decepcionante que en el año 2022 suframos este tipo de agresiones».

«El euskara no tiene ningún blindaje legal y, como en este caso, cualquier resolución judicial, cualquier interés particular, tira por tierra el trabajo realizado por un ayuntamiento y sus personas empleadas públicas para garantizar el derecho de la ciudadanía a expresarse en su lengua y prestar un servicio público digno», ha destacado.

Y ha incidido en que «es más que una medida contra el euskara, es una decisión contra la comunidad que queremos vivir en euskara, es un ataque contra la autonomía de los ayuntamientos, es una injerencia, es una sentencia contra la convivencia, porque es una decisión contra la igualdad de las diferentes comunidades. Estamos ante una involución legal».

Eventualidad y derechos lingüísticos

ELA, por su parte, ha insistido en que «esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar inmediatamente dos cuestiones: la eventualidad del empleo y los derechos lingüísticos», recordando que «un 40% de las trabajadoras y trabajadores de nuestros ayuntamientos tienen un empleo eventual o interino; en muchos casos en situación de fraude, ocupando plazas estructurales y sin acreditar el perfil lingüístico correspondiente».

No obstante, el sindicato ha remarcado que «los argumentos planteados por la magistrada son insultantes. La afirmación de que el euskara es una lengua difícil no tiene ninguna base técnica, y resulta un agravio para todas las trabajadoras y trabajadores que han hecho un esfuerzo para aprender euskara, así como para las personas que quieren ser atendidas en esta lengua».

«Los juzgados vuelven a poner trabas al desarrollo del euskara. Son los y las jueces quienes están legislando, no los parlamentos o instituciones, y en este caso se ha impuesto una concepción totalmente euskarófoba», ha añadido antes de señalar que «es imprescindible llegar a un acuerdo para euskaldunizar totalmente las administraciones en un plazo de 10-15 años».

Ataque contra el euskara y los euskaldunes

La Mancomunidad e Municipios Euskaldunes (UEMA) también ha censurado este «ataque contra la oficialidad del euskara y contra los derechos de los euskaldunes». «En línea con otras sentencias que hemos denunciado durante los últimos meses, este fallo también es un ataque claro y grave contra las decisiones adoptadas en materia lingüística por los ayuntamientos, principalmente por los municipios euskadunes», ha subrayado la presidenta de UEMA, Iraitz Lazkano.

Ha lamentado que, «pese a que el euskara es oficial, por desgracia, UEMA y los municipios que componen la mancomunidad conocen muy bien la política lingüísticas que se trata de imponer desde los tribunales, ya que, en el caso del euskara, las leyes se retuercen y se imponen por encima de los derechos con la intención de limitar la actuación de las administraciones públicas».

Desde EH Bildu, Rebeka Ubera ha denunciado que el fallo revela que algunos jueces «no son capaces de diferenciar entre ideología y ley». «Vistas las últimas sentencias queda claro que para algunos jueces ha sido difícil estudiar derecho porque no son capaces de diferenciar entre ideología y ley», ha manifestado en redes sociales.

Subijana habla de «decisiones individuales»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha eludido pronunciarse sobre la sentencia porque, según ha explicado, no puede analizar argumentos de resoluciones pendientes de recurso y que todavía tienen recorrido jurisdiccional.

Cuestionado por si los jueces son sensibles al euskara, ha dicho que «no se pueden llevar a cabo opiniones generales a partir de decisiones individuales, que tienen el recorrido jurisdiccional que tienen, pero que no suponen una imagen global». Ha indicado que «la imagen global» se puede obtener a partir del informe de evaluación el uso del euskara en la Administración de Justicia, con la capacidad de sus integrantes para poder desarrollar su actuación en las dos lenguas cooficiales y la respuesta a los ciudadanos de tutela jurídica en cualquiera de los dos idiomas.